Las preguntas sin respuesta sobre el patrimonio inmatriculado por la Iglesia en Salamanca

Catedral de Salamanca (Foto: T. Navarro)

El Estado se compromete a tener, en seis meses, una lista con los bienes que la Iglesia registró a su nombre aprovechando una ley entre 1998 y 2015 que le facultó para ello. A día de hoy, no es posible saber cuál es el patrimonio adquirido por este método, tampoco en Salamanca.

En cuestión de seis meses, el estado podría tener la respuesta a una cuestión polémica y aclarar la auténtica realidad del patrimonio de la Iglesia. Un asunto con multitud de puntos de vista y que puede revelar situaciones chocantes o, simplemente, constatar lo que es una realidad histórica construida desde hace siglos. Este es el plazo, seis meses, en el que el Gobierno se ha comprometido a tener preparada la lista con las propiedades que la Iglesia Católica registró a su nombre entre 1998 y 2015 aprovechando una reforma en la Ley hipotecaria, en un proceso legal denominado inmatriculación.

 

El asunto ha salido a la palestra a raíz de la petición del grupo municipal Ganemos para que el Ayuntamiento de Salamanca elabore esa lista y la dé a conocer. Hace tiempo que diversos grupos en ayuntamientos por todo el país reclaman este tipo de listas. Esta propuesta tiene su origen, no obstante, en una iniciativa del PSOE en el Congreso que ha dado resultado recientemente y que puede arrojar luz a una cuestión un tanto espinosa como el origen del patrimonio de la Iglesia. 

 

A día de hoy, la realidad es que el Estado no sabe cuáles son las propiedades inmobiliarias que la Iglesia inmatriculó aprovechando el cambio legal entre 1998 y 2015. Una información que está en los registros, pero inaccesible, y que la curia tampoco ofrece, tampoco en Salamanca. De hecho, TRIBUNA ha hecho la pertinente consulta al Obispado de Salamanca, que amablemente ha contestado que de momento no van a ofrecer esta información. Son muchas las cifras que se manejan porque en varias comunidades autónomas ya hay movimientos para saberlo, e incluso en la provincia de León también. Según algunos datos, podrían superar las 4.500 en todo el país.

 

En realidad, el patrimonio de la Iglesia Católica es mucho mayor. Dada su presencia en la sociedad española desde hace siglos y su variada actividad, en su haber se contabilizan iglesias y templos, pero también otros inmuebles dedicados a obras de todo tipo, a la educación, a la cultura... Acumulados desde antes de que se constituyera como tal la actual administración, cuando en muchas ocasiones la economía eclesiástica era mayor que la de un municipio. Aunque lo que realmente está en disputa es el patrimonio acumulado con la inmatriculación.

 

Este procedimiento, legal entre 1998 y 2015 por un cambio legislativo durante un gobierno de Aznar, confería a la Iglesia la autoridad para registrar la propiedad, en teoría, sólo de templos o lugares de culto. Esta facultad decayó a partir de 2015 al cambiarse la ley hipotecaria, pero para entonces se habían registrado muchas propiedades. La polémica saltó cuando se conocieron casos como los de la mezquita de Córdoba, inmatriculada por el obispado de esa localidad. Era sólo un caso, porque el listado que se descubrió incluía 180 bienes, entre ellos, locales y viviendas. La sospecha es que hay miles de bienes sin propietario que fueron registrados por la Iglesia como de su titularidad.

 

Así ocurrió, por ejemplo, en un caso en Palencia. El obispado de esta diócesis registró a su nombre una iglesia en una finca privada sin decirle nada a los dueños, que reclamaron hasta el tribunal de Estrasburgo. La justicia europea condenó a España a pagar 600.000 euros a la familia propietaria de la finca, que reclamaba la construcción religiosa (una iglesia cisterciense y algunos otros edificios adjuntos) porque el obispado la registró a su nombre irregularmente: podía hacerlo en caso de no estar a nombre de nadie, pero no era el caso.

 

 

EL GOBIERNO HARÁ UNA LISTA

 

Hace unas semanas, el día 6 de junio, el Gobierno se comprometía a elaborar una lista con todos los bienes registrados por la Iglesia durante estos años a través del procedimiento de la inmatriculación. Se ha fijado este plazo de seis mese ya aludido, y se hará para dar cumplimiento a lo establecido en la proposición no de ley socialista, que se aprobó en el mes de abril en la Comisión de Justicia del Congreso, relativa a reclamar la titularidad del dominio o de otros derechos reales inmatriculados a favor de la Iglesia.
 

 

La Iglesia Católica ve en esta medida un nuevo ejemplo de lo que denominan como ola anticlerical, aunque está aprobada en el Congreso y el Gobierno se ha comprometido a cumplir. Los impulsores aseguran que se trata de saber cuántas propiedades ha registrado la Iglesia Católica a su nombre y comprobar si se han aportado los títulos y documentos acreditativos de la propiedad. Si no hay irregularidades, no pasará nada. Y si no ha aportado los documentos necesarios, se abriría la vía de la reclamación. El objetivo de elaborar la lista es que se conozca el catálogo de bienes que registró a su nombre la Iglesia en estos años y que, si alguien (particular o administración) no está conforme, pueda recurrirlo. Tendría que ser vía judicial porque el Ejecutivo no puede hacer nada porque los asientos del Registro de la Propiedad están garantizados por los tribunales.

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