Las facturas impagadas del Ayuntamiento: de la luz al gas y el cementerio a las ayudas sociales o de libros

Estas son las facturas que Mañueco 'guarda' en los cajones: algunas llevan meses o años pendientes de pago.

Un ayuntamiento mucho más 'moroso' de lo que presume. Este es el panorama que dibuja el listado de facturas a las que el Ayuntamiento de Salamanca tendrá que hacer frente con un reconocimiento extrajudicial de créditos, una práctica que la propia intervención municipal califica como un incumplimiento de la normativa presupuestaria y que desvirtúan tanto el presupuesto como la liquidación del mismo. La desvirtuación es de casi un millón de euros que se reparten entre 260 facturas que están sin pagar a día de hoy cuando corresponden a 2017, un número elevado según la intervención, entre las que hay conceptos llamativos.

 

Este problema no es nuevo en el Ayuntamiento de Salamanca y corresponde con la gestión de la denominada cuenta 413. La cuenta está descrita con el epígrafe 'Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto' y recoge las obligaciones derivadas de gastos realizados o bienes y servicios recibidos, para los que no se ha producido su aplicación a presupuesto siendo procedente la misma. El año pasado eran 2,8 millones de euros.

 

En cuanto a lo que corresponde a 2017, en el listado hay de todo.Y en contra de lo que aseguró el equipo de Gobierno del PP, no todo es del último trimestre del año pasado. En un comunicado, los populares aseguraron tras denunciarlo el PSOe que "la práctica totalidad de las facturas incluidas en el reconocimiento se corresponde con el último trimestre del año 2017, habiendo tenido entrada en el Ayuntamiento en el año 2018. No existe, pues, ningún agujero de facturas sin pagar de años anteriores".

 

Pues bien, llama la atención la presencia de un buen número de facturas que no corresponden precisamente con el final de 2017, y que hay que tener en cuenta que se atienden ahora, ya en el mes de junio de 2018. La más destacada, el pago del canon del cementerio correspondiente según el listado a 2016; son 129.593,15 euros que se abonan al Obispado de Salamanca.

 

Hay otras facturas que no son del último trimestre de 2017 y que corresponden con gastos de suministros, comunidades, mantenimiento o gasto social, como pagos de alumbrado público a Iberdrola de mayo (648,65 euros); otras 17 facturas de alumbrado público de las que sólo tres corresponden a los compases finales del año, y que totalizan 449.000 euros sin pagar; cuotas de comunidad de 2017 de viviendas de calle Jovellanos y Rodasviejas por 4.609 euros; ayudas de comedor escolar de septiembre a diciembre por 1.200 euros; consumos de gas de centros de mayores, sin fecha especificada, por 1.241 euros; talleres formativos, también sin fecha, por 1.172 euros; consumos de gas de varios colegios, correspondientes a 2017, por 13.202 euros; la comunidad de propietarios de la calle Arco, 1.020 euros; los consumos energéticos de instalaciones deportivas (4.113 euros); la luz del centro municipal de Tejares...

 

También destaca el hecho de que se haya escogido el final del ejercicio para registrar las facturas de servicios que son del año completo, y que se pagan con muchos meses de retraso. Es el caso de una póliza de seguro por 37.000 euros sobre los bienes inmuebles del Ayuntamiento; dos facturas que suman 41.004 euros a favor de Aceinsa, concesionaria del alumbrado municipal, por reposición de lámparas y revisión de precios del servicio; o los 5.885 euros de la aportación anual de 2017 al Patronato Provincial de Turismo.

 

Y entre las facturas que sorprenden por su cuantía, los 1.088 euros al mes que se paga al Monasterio de Santa Clara por el almacenaje de los fondos de lo que debía ser el museo de la ciudad; los 68.000 euros de un mes del servicio de grúa; los 1.330 euros pendientes de pagar de libros de texto para progrmas de acción social, correspondientes a diciembre de 2017 (estamos en junio de 2018)... Un compendio de facturas desatendidas seis meses después de acabado el último ejercicio que dejan en muy mal lugar a un consistorio que se define como gran pagador.