Las denegaciones de ERTEs a empresas salmantinas siembran el caos y dejan al pairo decenas de negocios

Denegación de un ERTE en Salamanca.

La fórmula elegida, el expediente por fuerza mayor, ha provocado denegaciones entre empresas con muchas dificultades: un mes después se ven sin poder pagar nóminas y con el negocio cerrado. El 70% de las empresas de Salamanca no llegará a fin de año.

Lo que tenía que haber sido la salvación de muchas empresas se ha convertido en un trampa que acabará con la quiebra o cierre de muchas en Salamanca. Esta es la sensación que comparten empresarios, sindicatos, la patronal Confaes o asesores sobre la realidad de los ERTE por fuerza mayor, la vía que el Gobierno habilitó para ayudar a las empresas a pasar el trance de la crisis económica por la irrupción del coronavirus. Sin embargo, la fórmula se ha convertido en un caos de trámites, cambios de criterio y muchas denegaciones que va a empujar a la desaparición a centenares de empresas en la provincia, y que arrastrará a miles de autónomos y empleados.

 

Según los últimos datos facilitados por la Junta de Castilla y León, más de 4.000 empresas de Salamanca han solicitado acogerse a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo en el que se verían afectados más de 13.000 trabajadores. Son parte del medio millón de estos procedimientos que se han presentado en España para tres millones de trabajadores. La avalancha tiene que ver con la decisión del Gobierno de priorizar esta fórmula, que ya existía, para aligerar los costes de las empresas mientras dure la crisis.

 

El planteamiento inicial es que todas las solicitudes se hicieran por causa de fuerza mayor con el compromiso de darlas todas de paso. Una vez concedido el expediente, la empresa podría hacer la solicitud grupal del paro para todos los trabajadores afectados que cobrarían una prestación que, en algunsos casos, se complementaría por autonomías o las propias empresas, y para el que también se daban facilidades por el carácter excepcional de la situación.

 

Los ERTE eran la vía para salvar la coyuntura, y así se entendía por todas las partes. La música sonaba bien, pero un mes después la letra ha empezado a no cuadrar y lo que tenía que ser un alivio es, para muchos afectados, el camino del cierre. 

 

Denegaciones en Salamanca

En el origen del problema están los cambios de criterio, la 'letra pequeña' de la medida y la avalancha de casos presentados, que han formado un cóctel explosivo que ha estallado esta misma semana. Hace unos días, tal y como ha podido comprobar TRIBUNA, muchas empresas que se apresuraron a presentar solicitud de ERTE han empezado a recibir cartas denegatorias pasado un mes del estado de alarma. Son cartas como la que publicamos bajo estas líneas. La sorpresa ha sido mayúscula porque las consecuencias son duras: en teoría, los afectados deben pagar ahora nóminas con las que no contaban y que, sin actividad, difícilmente pueden pagar. 

 

 

Pero, ¿por qué está ocurriendo? Según ha confirmado TRIBUNA con asesores y despachos de Salamanca, el problema son los criterios de concesión. Según el decreto de estado de alarma, los ERTE de suspensiones de contrato y reducciones de jornada por "fuerza mayor" debidos a pérdidas de actividad como consecuencia del Covid-19 estaban reservados para actividades no esenciales ya que las consideradas esenciales (farmacias, alimentación, supermercados...) podían seguir operando. Sin embargo, no se tenía en cuenta la merma de negocio.

 

Cuando empresas correspondientes con la lista de actividades esenciales, una relación muy genérica, han ido a presentar un ERTE porque su negocio había bajado un 90%y no podían seguir, se han encontrado con las denegaciones en las que se esgrimía precisamente su condición: es el caso de las que se han producido en Salamanca.  El presidente de la patronal salmantina CONFAES, Juan Manuel Gómez, así lo confirma. "Ópticas, transporte, construcción... empresas recogidas como esenciales pero que han perdido actividad se les ha denegado el ERTE", apunta el empresario.

 

Así lo confirman los datos. Los ERTES por fuerza mayor en Castilla y León son el 76% de los presentados, 21.897, y de ellos 2.115 han resultado desfavorables, un 10%. Los casos de denegaciones representan una minoría pero no son pocos. No se especifican en los datos de la Junta las causas de resoluciones desfavorables.

 

Cambio de criterios

En numerosos casos, según ha señalado, el rechazo a estos ERTEs ha sido justificado porque los negocios entraban en la categoría de esenciales, sin considerar que, a consecuencia del virus, los ingresos han caído de "manera estrepitosa", dicen desde el Consejo General de Gestores Administrativos. El problema es que la fórmula se 'vendió' como generalizada, pero no lo es, y no ha habido suficiente información: ni asesores ni empresas han sabido bien qué hacer y ahí han llegado las denegaciones, con la sorpresa de recibirlas cuando parecía que habían entrado, un espejismo provocado por la tramitación, lenta, de una avalancha de peticiones.

 

Además, esto no ha sido así siempre, porque ha habido cambios de criterio, "los primeros se resolvieron sin problemas", dice un asesor consultado, y porque el criterio es variable. "Una misma empresa y misma actividad lo puede tener aceptado en una provincia y denegado en otra", asegura Gómez. El caos está acentuado por lo que un asesor consultado por TRIBUNA califica como "chapuza" normativa. "No está unificado qué casos son fuerza mayor y cuáles no, cada comunidad y provincia aprueba ERTEs que, idénticos, se deniegan en otros territorios", describe.

 

Ni ERTE ni negocio

Lo lógico, indican asesores, es que se hubiera optado por otro motivo para pedir un ERTE, pero la avalancha de casos ha impedido que las respuestas llegaran antes y se ha perdido un tiempo precioso: el 'follón' con los trámites no ha ayudado y un 70% de los solicitados en Salamanca estaban esta semana sin resolver.

 

"Si se hubieran notificado a tiempo, las empresas podrían haber reaccionado antes, hubieran presentado un ERTE por causas económicas y los trabajadores hubieran cobrado su prestación de marzo y abril por parte del Estado. Ahora, el empresario que no tiene liquidez, que no tiene ingresos, debe afrontar el pago de unas cantidades para las que no tiene fondos porque los préstamos del tampoco ICO llegan a tiempo o no le son concedidos", indica Fernando Santiago, presidente del Consejo General de Gestores Administrativos.

 

El asesor consultado por TRIBUNA critica que con la elección de la causa de fuerza mayor "se suponía que se abría una puerta para que pudieran entrar todos los que los necesitaran, pero no es así". Lo peor es que las resoluciones denegatorias vienen acompañadas de advertencias sobre posibles inspecciones, como ha podido constatar este medio. Muchos asesores auguran una catarata de recursos y pleitos judiciales de empresas.

 

Un futuro de cierres en masa

Ahora, muchos de los casos conocidos por este medio lo tienen muy difícil. Un mes después, y a pesar de los esfuerzos para tramitar la avalancha de casos, empresarios y empleados se ven sin ERTE, sin actividad y con serias dificultades para seguir adelante. Los que han podido han solicitado un expediente por causas objetivas, aunque quede fuera del paraguas de las medidas excepcionales, pero otros no han podido y el atasco de trámites no se lo pone fácil. ¿Qué va a ocurrir?

 

 Con los negocios tocados o cerrados durante un mes entero, la situación es para muchos empresarios salmantinos el preludio del cierre: sin actividad es imposible que muchos negocios sobrevivan, tanto si tienen aceptado un expediente como si no. "Esto tenía que haber sido una solución para una 'salida cero' y salvar empresas, pero muchas no van a salir", reconoce el presidente de los empresarios salmantinos que augura cierres generalizados. "Ahora necesitamos una ley de segunda oportunidad ágil y empezar desde cero", confiesa. Al final, lo que debería haber sido la salvación de muchos acabará siendo la puntilla, una sentencia de muerte: veremos cuántas empresas salmantinas aguantan a final de año.

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