Las casas de apuestas llevarán a la Junta a los tribunales por cobrarles la tasa de juego estando cerradas
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Las casas de apuestas llevarán a la Junta a los tribunales por cobrarles la tasa de juego estando cerradas

Local de apuestas en Salamanca.

Critican que esta Comunidad es “la única de todo el Estado que no ha adoptado ninguna medida que impida la tributación cuando las máquinas no han podido ser explotadas”.

La Mesa Intersectorial de Juego Privado de Castilla y León acudirá a los tribunales ante el “desamparo político demostrado por el Gobierno autonómico” que requiere a estos establecimientos la llamada tasa de juego, cuando no ha estado autorizada la explotación de las maquinas por el cierre de los establecimientos debido al COVID-19. Así lo indican en un comunicado recogido por Ical, donde precisan que no pretenden ninguna condonación, sino que “no se cometa la tropelía de cobrar un impuesto por una máquina que no podía explotarse al no tener autorización para ello”.

 

El asunto en Castilla y León es “aún más sangrante” si se compara con el resto del país, porque esta Comunidad es “la única de todo el Estado que no ha adoptado ninguna medida, administrativa o tributaria, que impida la tributación cuando las máquinas no han podido ser explotadas”. Por ello, el colectivo entiende que la posición de la Junta de Castilla y León es “todavía más incomprensible por cuanto tiene ya reconocidas transferencias de recursos del Estado precisamente para paliar el descenso de ingresos derivados del juego”.

 

Explican que, aunque a la Junta se le vayan a transferir fondos por ese concepto desde el Gobierno de la nación con las partidas recibidas de la Unión Europea, desde la Consejería de Economía y Hacienda “se pretende el cobro de la tasa de juego por la explotación de una máquina cuando, por otra parte, el propio Gobierno autonómico impedía su explotación”. A su juicio, “es pura y simplemente una actuación injustificada que entraña un supuesto de un patente enriquecimiento injusto, lo que va a obligar al sector de juego privado en Castilla y León a solicitar el amparo jurisdiccional”.

 

La Mesa Intersectorial entiende que la Junta “ha tenido y tiene muchas oportunidades de rectificar legalmente una situación que a todas luces resulta confiscatoria, y por ende, anticonstitucional, máxime cuando el sector de juego privado ha tenido la receptividad y comprensión del resto de formaciones políticas, e incluso de agentes sociales, los cuales se mostraban a favor de dicha rectificación”.

 

Sin embargo, la Consejería de Economía y Hacienda “ha resultado absolutamente insensible” a un sector empresarial que da trabajo a más de 2.000 familias de forma directa, y recauda anualmente más de 70 millones de euros, e incluso argumentando que la imposibilidad de explotación de la máquina por razones de COVID-19 “debe equipararse con la paralización de la misma en períodos vacacionales, debiendo seguir abonándose la tasa en ambos casos, respuesta que el sector tilda de “increíble”.