La Universidad de Salamanca recibe 29 millones para financiar su actividad en el tercer trimestre

Estas aportaciones garantizan la continuidad en la financiación global de las universidades públicas de Castilla y León. Un compromiso que el Gobierno autonómico ha adquirido con el sistema universitario público como fuente de modernización de la sociedad y de nuestra economía.

El Consejo de Gobierno ha aprobado la concesión de una aportación dineraria de 80.455.906 euros a las universidades públicas de Burgos, León, Salamanca y Valladolid para financiar sus gastos de funcionamiento y de personal durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2017. A lo largo del año pasado, la Consejería de Educación ha destinado a estas instituciones académicas más de 328 millones de euros -a lo que hay que sumar 4,6 millones relativos a la paga extraordinaria de diciembre de 2012-.

 

La Consejería de Educación considera necesario que las universidades públicas de la Comunidad cuenten con una financiación adecuada que permita una mayor calidad de enseñanza y una investigación científica excelente. Asimismo, la aportación aprobada de 80.455.906 euros permitirá incrementar la colaboración entre universidad y empresa, como factor de progreso en Castilla y León. De esta cantidad, 8.637.948 euros corresponden a la Universidad de Burgos (UBU), 13.3625.956 a la Universidad de León (ULE), 28.931.784 a la Universidad de Salamanca (USAL) y 29.523.218 euros a la Universidad de Valladolid (UVA).

 

Estas aportaciones garantizan la continuidad en la financiación global de las universidades públicas de Castilla y León. Un compromiso que el Gobierno autonómico ha adquirido con el sistema universitario público como fuente de modernización de la sociedad y de nuestra economía.

 

En estos momentos, la enseñanza superior tiene planteados tres grandes retos en torno a las funciones básicas de la universidad- transmitir el conocimiento existente, generar nuevo conocimiento y transferirlo a la sociedad-.

 

Estas funciones básicas, a su vez, se vinculan a los tres grandes objetivos sobre los que debe insistir una Administración responsable para lograr un sistema universitario cada vez más especializado, más fuerte y competitivo.

 

En primer lugar, la Junta de Castilla y León quiere reforzar la excelencia en la formación de los estudiantes universitarios mediante una enseñanza más personalizada que permita avanzar en la mejora de su rendimiento académico y en la adquisición de conocimientos.

 

En segundo lugar, la profundización y afianzamiento de una investigación científica de calidad. El compromiso de la Consejería de Educación se concreta, por una parte, en la financiación aprobada de los gastos del personal docente e investigador de las universidades públicas y, por otra, en las diferentes actuaciones que nacen de la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente de Castilla y León 2014-2020 -RIS3, según sus siglas en inglés-.

 

Finalmente, el tercer objetivo supone un mayor esfuerzo en la innovación, para aumentar la transferencia de conocimientos desde las universidades hacia la sociedad y las empresas, lo que contribuirá al crecimiento económico y la creación de empleo de calidad en Castilla y León.

 

En este sentido, la Consejería de Educación destinó, a lo largo de 2016, 328.323.541 euros a las universidades públicas de la Comunidad -35.202.487 euros corresponden a la Universidad de Burgos; 54.538.815, a la Universidad de León; 118.358.310, a la Universidad de Salamanca; y 120.223.929 euros, a la Universidad de Valladolid-.

 

A estas cuantías hay que sumar las aportaciones realizadas por un importe total de 4.674.281 euros, relativas al abono a los empleados públicos de dichas instituciones académicas en la nómina del mes de mayo de 2016, del último tramo de la paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012, dando cumplimiento al Acuerdo de 5 de noviembre de 2015, de la Junta de Castilla y León, que aprobó el Acuerdo Marco por el que se recuperan derechos de los empleados públicos y se fijan las prioridades en materia de función pública para la legislatura 2015-2019. En este caso, a la UBU le correspondieron 447.021 euros; la ULE recibió 782.448 euros; la USAL, 1.793.364 euros; y la UVA, 1.651.448 euros.