La Transición Democrática, 1973-1985 (V)
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La Transición Democrática, 1973-1985 (V)

Terminamos nuestra última entrega de esta serie, recordando que el último episodio fue el breve mandato de Leopoldo Calvo Sotelo al frente del Gobierno español, tras el cese de Adolfo Suárez y el tejerazo en el Congreso de los Diputados el 23-F del año 1981. Hoy concluimos nuestro recuerdo de la Transición, con un broche cronológico del primer mandato de Felipe González que ganó las elecciones de octubre de 1982. Y ya en esa postrimería, hacemos una síntesis de las políticas económicas del periodo 1982/1985, centradas en las figuras de Miguel Boyer y Carlos Solchaga

¿Para que España funcione?

 

El PSOE salió rotundo vencedor de las elecciones generales del 28 de octubre de 1982, con su programa “Por el cambio”, en el cual se prometía sacar a España de la OTAN y crear 800.000 puestos de trabajo netos en la legislatura. Sin ignorar el notable activo que representaba Felipe González desde el punto de vista del marketing político, con esos dos compromisos, el triunfo del PSOE acabó por hacerse arrollador; a ello contribuyó también la fragmentación de UCD y los problemas internos del PCE, que no fue capaz de hacer el cambio a un partido plenamente democrático, como luego se intentaría, sin gran éxito, con Izquierda Unida. 

 

El caso es que a partir del 4 de diciembre de 1982, con la base de sus 10 millones de votos, González, al frente de su flamante Gobierno, tomó las riendas del país, y pasó a gobernar con tan holgada mayoría de 202 diputados en el Congreso. En un tiempo en que hubo de enfrentarse a la persistente recesión económica y al ambiente general de crisis interna originada por el 23-F de 1981 y no plenamente resuelta de inmediato. 

 

A poco del triunfo del PSOE, publiqué –el 20 de diciembre de 1982— un largo artículo en El País con el título de “Para que España funcione”, y le hacía al propio Gobierno de la Nación, una especie de esquema de los asuntos más importantes a ir pensando en resolver. Sobre todo ahora que se había producido la primera alternancia de la conducción democrática en España

 

El resultado de las elecciones generales –dije entonces— equivalió a lo que los anglosajones denominan un landslide, un auténtico corrimiento de tierras que, de forma súbita, casi telúricamente, modificó el anterior paisaje político. Por primera vez en nuestra historia, una sola formación parlamentaria, sin coaliciones, logró la mayoría absoluta para legislar y gobernar durante un cuatrienio completo, por lo menos. Y al final fueron 13 años de Felipe González, que en función de lo que hoy estamos viendo, tuvo una performance –como tanto se dice ahora— aceptable en muchos aspectos, aunque también con bastantes sombras entre las luces de aquel tiempo. 

 

La política económica de Boyer y Solchaga: dos perfiles muy distintos

 

En el nuevo Gabinete, la elaboración de la política económica la confió el nuevo presidente a su hombre de confianza en la asignatura: Miguel Boyer, físico y economista, introductor del propio González en el mundo de la empresa, hombre frío y poco locuaz, cuya vida personal complicaría su trayectoria política hasta convertirla en un laberinto sin salida. 

 

Como ministro de Economía y Hacienda, Boyer, un socialista liberal –que en su comportamiento político personal durante el franquismo fue capaz de exponerse y que pasó un tiempo en la cárcel—, siguió desde el principio una tónica de corte conservador. Dio prioridad absoluta a la lucha contra la inflación, sobre la base de contener la masa monetaria, drenando liquidez del sistema. Al tiempo, insistió en moderar los salarios, tratando de situarlos por debajo de la tasa de inflación prevista. 

 

A Boyer le tocaron en suerte las vacas flacas de los años 1982-1985, a pesar de lo cual es recordado entre los economistas como persona seria y sensata, que intentó introducir racionalidad en la política económica española en medio de toda clase de desatinos colaterales. Aunque es cierto que sin poder explicarse cómo, impulsó o toleró –que para el caso es lo mismo— la confiscación de Rumasa; que tantos perjuicios fue causando después, que deslució su ejecutoria y que abrió de par en par las puertas a las corrupciones del felipismo. 

 

Boyer siempre fue desdeñoso y pocas veces sonriente, salvo en la intimidad, en la que podía llegar a aparecer incluso humano. Tuvimos una buena amistad durante bastante tiempo, y en una ocasión me regaló –no sé si por evocación de las aficiones de John F. Kennedy— una hermosa mecedora. 

 

En época de miserias, cuando Miguel atravesó por la tristeza de dejar de ser diputado del PSOE por Jaén y padeció una hepatitis, le llevé a su casa las obras selectas de Julio Verne, que me agradeció muy sentidamente; y de las que estoy seguro leyó algunas de las que para entonces aún no tenía leídas. 

 

Desde que entró de ministro, apenas volví a verle. En esto de endiosamiento o del síndrome ministerial en el PSOE, Boyer se llevó la palma. Un fenómeno generalizado con dos muy notables excepciones, de personas que siguieron siendo las mismas de antes: Javier Solana y Francisco Fernández Ordóñez. 

 

En cuanto a Carlos Solchaga, desde 1985, tras el cese de Boyer, disfrutó de la etapa de la recuperación económica de los años 1985-1989, con un talante económico muy distinto del exteriorizado por su predecesor Boyer. Solchaga se reveló bien pronto como prepotente, sin reparar a veces en el insulto, o al menos bordeándolo en el Parlamento. 

 

Desde el punto de vista de la política económica, y pensando en el medio y largo plazo, si a Boyer pudiera asignársele un 7,5 u 8 de calificación, Solchaga no tendría más de un 5 o un 6. A pesar de que durante su mandato se dieron excelentes condiciones para ello –locomotora americana, efecto Europa, fastos de 1992 y, en definitiva, recuperación económica—, no supo o no quiso introducir las reformas estructurales necesarias. Sin controles efectivos en el presupuesto, se aceleró el déficit; y la Seguridad Social, las prestaciones al desempleo y las pensiones continuaron en disfunción permanente. 

 

Pero el aspecto en que más negativamente será recordado Solchaga, es el concerniente a la peseta. Por aquello de atraer fondos para financiar el déficit público, se esforzó en mantenerla a un elevado tipo de cotización. Y en 1989, junio, sin grandes meditaciones previas, se introdujo en el SME, con una fuerte sobrevaluación, a una paridad central de 65 ptas./DM. Luego, desplegó todos los esfuerzos del mundo, especialmente en términos de elevados tipos de interés, para mantener la cotización entre 62 y 63 DM

 

La “peseta de iridio”, como yo la denominé por su dureza, significó la pérdida de una excelente coyuntura para impulsar las exportaciones. Y luego, tras la libre circulación de capitales de febrero de 1992, vendrían las tres devaluaciones Rojo/Solchaga de septiembre y noviembre de 1992, y de mayo de 1993.

 

En cuanto a las amistades, tras casi un decenio de serlo, Solchaga hubo de dimitir como diputado y portavoz del Grupo Parlamentario del PSOE, al descubrirse las fechorías de su entrañable colega Mariano Rubio, al que había designado gobernador del Banco de España. 

 

Por lo demás, en la etapa Solchaga, del Ministerio de Hacienda se apoderó el recaudacionismo más voraz, que se hizo paradigmático en la figura de José Borrell, secretario de Estado. Lo cual no significó, ni mucho menos, que se racionalizara mínimamente el gasto público, ni que se planteara la reforma fiscal necesaria para poner en orden la estructura hacendística. Al Sr. Borrell, siempre pareció preocuparle más irse preparando para Presidente del Gobierno. Pero su voracidad recaudatoria y su última “gracia”, ya en 1995, de amenazar con la retirada de la desgravación fiscal por la compra de la primera vivienda le dejaron muy marcado. 

 

Medidas puntuales

 

A continuación, veremos cuáles fueron las decisiones económicas fundamentales de los sucesivos gobiernos del PSOE, siguiendo, pero no siempre, un cierto orden cronológico. 

 

La devaluación Boyer

 

La primera medida del nuevo Gobierno, consistió, casi como siguiendo un rito en la devaluación de la peseta; en un 7,6 por 100, el 6 de diciembre de 1982, con una nueva paridad de 117,24 pesetas por dólar. Luego, la cotización efectiva iría evolucionando en fuerte depreciación, hasta situarse a 190 el 1 de febrero de 1985.

 

Ese sabio declive permitido, impulsó la mejora del niel de exportaciones, y redujo el déficit por cuenta corriente en la balanza de pagos. En definitiva, la política económica de la Administración Reagan –la locomotora norteamericana— “se puso al quite” de la economía española, según la conocida frase de Flores de Lemus

 

El final de los planificadores

 

En la primera inercia del programa electoral, en 1983 el flamante Gobierno de Felipe González comenzó a preparar el prometido Plan Económico a Medio Plazo (PEMP), que había de abarcar el cuatrienio 1984-1987. Pero por su indudable falta de prioridad, todo se retrasó para el periodo 1985-1988; al tiempo que para el proyecto se adoptó una configuración más laxa, a modo de plan deslizante. 

 

Incluso con esas limitaciones en su configuración, el arranque del PEMP presentó dificultades desde sus mismos comienzos. Se pensó que se promulgaría mediante una ley específica, con toda la solemnidad propia de una nueva etapa. El proyecto de ley llegó a estar preparado en mayo de 1983, pero nunca se envió al Congreso. Como también por esas fechas se previó –luego sin ningún resultado— crear el Consejo Económico y Social del artículo 131 de la Constitución, con la función primordial de servir de marco del plan. Y lo que era aún más expresivo: estuvo laborando un comité formado por 40 grupos de trabajo, que detalló el PEMP y definió su aplicación. 

 

Pero toda la idea originaria, sin más explicaciones, se vio suspendida sine die. Seguramente, para no dar la idea de que el nuevo Gobierno iba a ser burocrático, socializante, y planificador. De forma que el PEMP quedó a un tono menor, a modo de programa económico flexible, y en la idea de integrar sus elementos, más bien nominalmente, en una serie de escenarios macroeconómicos. 

 

El objetivo básico se polarizó en lograr un crecimiento sostenido del 3 por 100 del PIB, que se suponía suficiente para promover la generación de empleo; con un comportamiento de la demanda interna sensiblemente más expansivo que en los años previos. 

 

Confiscación de Rumasa

 

Esta operación fue impremeditadamente llevada a cabo, para todo el holding de Ruiz Mateos, el 23 de febrero de 1983. No obedeció a razones estructurales ni financieras. La intervención no era necesaria, pues el conglomerado no estaba menos sano que la generalidad de los grandes grupos económicos españoles, y no se había registrado ni un solo impago. 

 

La motivación fue, a todas luces, fundamentalmente política. El nuevo Gobierno, ayuno de ideas innovadoras, recurrió a la costosa y necia confiscación del grupo Rumasa en connivencia implícita con los “barones” de la banca, que veían en José María Ruiz Mateos a un peligroso advenedizo. En ese contexto, la operación no tardó en revelarse altamente costosa para el Estado y, en definitiva, para el contribuyente. Hubo de hacerse una primera emisión de deuda pública especial de 560.000 millones de pesetas, a fin de mantener a las empresas sin despidos hasta su ulterior reprivatización. Esa cifra, dos años después, entre unas cosas y otras, acabaría superando el billón. 

 

Como hemos adelantado, más que expropiación fue confiscación, puesto que nunca se fijó un justiprecio ni una indemnización, como está previsto en el artículo 33 de la Constitución y demás legalidad vigente. Por otra parte, la actitud del Tribunal Constitucional (TC) en el enjuiciamiento del caso, resultó vergonzosa por la reconocida y lamentable sumisión de su presidente (Manuel García Pelayo) a las presiones del poder ejecutivo. El propio González hubo de emplearse a fondo en una célebre sesión en La Moncloa para forzar el voto de calidad del Sr. García Pelayo

 

La antes aludida reprivatización de Rumasa –“no se reprivatizará lo que haya sido reflotado con dinero público”, González dixit— marcó el comienzo de todas las sórdidas y macroscópicas corrupciones del nuevo régimen, que con la mayor desfachatez e impunidad repartió prebendas entre amigos y clientes. 

 

Reconversión y reindustrialización

 

Para abordar el lacerante problema de los sectores en crisis –tan descuidados por UCD—, tras una serie de tanteos se publicó el Real Decreto-Ley 8/1983, de 30 de noviembre, sobre reconversión y reindustrialización; transformado, después de su debate en las Cortes, en Ley 27/1984, de 26 de julio, que se aplicó a los sectores en crisis: siderurgia, construcción naval, electrodomésticos, textil, etc. 

 

En esa normativa, se fijaron fórmulas de financiación de las empresas en dificultades, distinguiendo entre subvenciones presupuestarias, crédito oficial, aval de las entidades de crédito oficial, préstamos de la banca privada, y créditos participativos; instrumento financiero, este último, de nueva creación, y en virtud del cual el prestamista quedó asociado a los riesgos y al eventual signo positivo de la empresa. 

 

El resultado final de semejantes ayudas –y de ello Altos Hornos de Vizcaya y Altos Hornos del Mediterráneo, en la siderurgia, constituyeron los más claros paradigmas— acabó en la esperable situación de que los créditos facilitados equivalían de hecho a compensar los números rojos de empresas difícilmente viables. De ese modo, desde un principio, el PSOE se adentró en la política de subvenciones; en una actitud que contribuiría intensamente a mantener el déficit presupuestario y aumentar la deuda pública. 

 

Por otro lado, el creciente volumen de paro, provocó la creación de los Fondos de Promoción de Empleo (FPE), así como la figura de apoyo a las Zonas de Urgente Reindustrialización (ZUR). Con ambas instituciones, se prendió llevar a cabo una política de absorción de los efectivos laborales resultantes de la acción reconvertidora. Sin embargo, ni con esas ni con otras medidas se logró frenar el crecimiento del desempleo hasta 1986.



Y dejamos aquí la Transición tan traída y llevada. Que se cumplió, definitivamente, con la primera alternancia democrática del primer gobierno González. Luego, toda la evolución ya es otra cosa. Los lectores de Tribuna pueden ponerse en contacto con el autor a través del correo electrónico [email protected].

Comentarios

agnus mutis 07/01/2022 09:40 #1
Pues si lo de Rumasa fue una "confiscación", antes que un racional justiprecio, salió por un alto precio el mantenimiento de sus empleados para las arcas del Estado, superior a cualquier justiprecio. La presión que la "Banca" hizo para la intervención del Estado, fue porque Ruiz Mateos, esposo de la Rivero, tuvo la genial idea de crear el Banco Atlántico, con el que financiaba a sus empresas del Grupo Rumasa, al margen de reglas de juego del resto de la Banca, al poder funcionar al margen del Banco de España, pues con su Banco Atlántico, no lo necesitaba. Disponía de toda la liquidez que precisaba, clientela no le faltaba, y lo era adinerada, fiel e interesada, ya fuera numeraria, no numeraria, o de fuera.

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