La 'trama Diputación' supera los dos años sin noticias sobre un escándalo de 12 millones

El diputado de Fomento y el presidente de la Diputación, cuando explicaron la aparición de presuntos contratos irregulares.

Funcionarios relegados, un vicepresidente imputado, empresas en los juzgados, una macrocausa, meses de declaraciones y diligencias... el caso de los contratos irregulares de La Salina sigue sin resolverse más de dos años después de estallar.

Dos años hace que la denominada 'trama Diputación', el escándolo de contratos irregulares en el área de Fomento por los que varias empresas se habrían beneficiado con hasta 12 millones de euros, se convirtió en una macrocausa con dos partes y numerosos imputados. En esa condición han estado o están el vicepresidente de La Salina, Carlos García Sierra, el todavía jefe del área, Manuel Borrego, otro alto funcionario, Germán Berrocal, y las principales empresas implicadas. Sin embargo, ni siquiera el tiempo transcurrido, la decisión de unificar los procesos en una macrocausa y la finalización de facto de las diligencias ha servido para arrojar luz al caso.

 

EL CASO

 

El caso estalló en viernes por la tarde, en una comparecencia fuera de todo lo habitual, en la que el presidente de la Diputación, Javier Iglesias, y su vicepresidente, Carlos García Sierra, anunciaban que habían llevado a la Fiscalía datos de un posible caso de contratación irregular en el seno de Fomento. En su intervención, que se puede recordar en este vídeo, el presidente de la Diputación admitió "infinitos" contratos menores y una veintena por procedimiento negociado a cinco empresas que se beneficiaron de un trato preferente para conseguir obras por 12 millones de euros.

 

Sin embargo, la realidad era bien distinta. El presidente del PP abortó con esta 'confesión' la denuncia que el PSOE llevaba tiempo preparando la denuncia de estos mismos casos. Por este motivo llevó una denuncia a Fiscalía, denuncia de la que no se conocen los términos porque nunca la ha hecho pública y de la que se sospecha fuera una manera de alejar responsabilidades políticas. Además, tampoco ha llegado a apartar a su vicepresidente, imputado por el caso y también por una pieza paralela. Y después ha hecho todo lo posible por no sustanciar el asunto.

 

Tras la denuncia, se decidió relegar a dos funcionarios a los que se culpaba de los casos. Paralelamente, se conocieron los despilfarros del jefe de Fomento, que había usado fondos del área para pagar comidas, cenas y otros gastos... recibos que siempre dio de paso su jefe político, García Sierra. Pocas semanas después de explotar el caso, surgió con fuerza el rumor de que la Diputación estaba destruyendo documentos. El equipo de Gobierno tuvo que reconocer que era así, que llevó expedientes de contratación de obras (el mismo tipo de los sospechosos) a la trituradora de papel coincidiendo con las fechas de la denuncia.

 

En marzo de 2015, la Fiscalía decide unificar la denuncia por los contratos amañados y la denuncia por presunto uso irregular de fondos en el área de Fomento presentada por el PSOE, y las convierte en la primera macrocausa contra la corrupción en Salamanca. La decisión cambia el status de García Sierra, que pasa de testigo a imputado o investigado, y es citado a declarar.

 

En junio de 2016, la Fiscalía solicita para la 'trama Diputación' la declaración de causa compleja para ampliar la investigación: dispondría de 18 meses más. Lo último que se sabe es que se denegó, tras haberlo pedido varias de las partes afectadas, las que tenían más que perder, lo que dejaba el plazo de prórroga en seis meses más, tiempo límite para resolver. Todos los implicados esperan todavía una resolución, aunque en situaciones bien diferentes.

 

 

LOS IMPLICADOS

 

El mismo día que Javier Iglesias reconocía presuntas irregularidades en numerosos contratos de obras, anunciaba la decisión de señalar a estos dos empleados como aparentes responsables. Los dos funcionarios, Borrego y Berrocal, fueron apartados, pero no expedientados ni cesados. Sin embargo, desde el primer momento se puso de manifiesto que ese no era el proceso adecuado y que si la Diputación tenía sospechas, debía proceder con el expediente y, en su caso, el cese. En su lugar, se les dieron otras funciones, pero mantuvieron puesto y sueldo aunque no ejercieran. Borrego, principal señalado, pasó casi el primer año de baja.

 

Las empresas señaladas tuvieron que pasar por los juzgados. El titular del Juzgado de Instrucción número uno decidió requerir a cuatro empresas para que identificaran tanto a sus propietarios como a sus responsables. Se trata de Construcciones y Movimientos de Tierras Francisco Barrueco, SL, Alquileres Salamanca, SL, Transpial, SL y Autopalas, SL, contratistas habituales de la Diputación y que se han adjudicado millones en obras concedidas por el área de Fomento. Sólo unas semanas después, a finales de abril de 2015, decidía ya con la información en la mano citar como imputadas a estas cuatro firmas.

 

Por último, Carlos García Sierra ha seguido ejerciendo como vicepresidente de la Diputación a pesar de estar imputado desde que se acumuló la causa. Como tal se ha presentado a unas elecciones municipales y ha sido reelegido.