La 'solución' al caso Corte Inglés se retrasa y sigue sin saberse quién la pagará

El equipo de Gobierno anuncia que el alcalde dará el 15 de mayo más detalles de un acuerdo a tres bandas Ayuntamiento/Defensa/empresa que no rompa el equilibrio previo. Espera aprobar el planeamiento urbanístico, pero no aclara quién pagará el coste de la operación en la que Defensa tiene todas las papeletas para salir perdiendo.

RODRÍGUEZ TRATA DE DIVIDIR A LA OPOSICIÓN

 

El concejal Fernando Rodríguez ha cargado contra Ganemos Salamanca, a los que acusa de no querer aceptar ninguna solución. De paso, el edil del PP ha diferenciado entre PP y Ciudadanos, a los que atribuye una voluntad de aceptar lo que se les ha propuesto... cosa que no es verdad. En primer lugar, y según fuentes del PSOE, porque no se les ha presentado ni un solo papel con la propuesta para adquirir el uso del solar de Defensa y construir equipamientos. "Es imposible que podamos aceptar o rechazar algo que no conocemos más que por la prensa", dicen. Además, todas las partes confirman la solidez de los planteamientos comunes de PSOE, Ciudadanos y Ganemos, que consideran que hay exceso de edificabilidad y que hay que compensarlo. Una operación en la que salga perdiendo lo público no parece la solución que querrían.

Lo que el Ayuntamiento de Salamanca ha dado en llamar 'la solución' para el embrollo de El Corte Inglés va a tardar todavía un tiempo en presentarse. Al menos, esa es la previsión del equipo de Gobierno, que en pocos días ha sumado un nuevo retraso a una cuestión que lleva demasiado tiempo sobre la mesa, tanto que parece que el actual alcalde no sabe por dónde atajarlo.

 

El centro comercial lleva cerca de tres años sin licencias válidas tras anularse todo el entramado urbanístico-legal que el Ayuntamiento le concedió en su día, pero el equipo de Gobierno no termina de darle una solución. Para ello, habría que fijar una fecha, pero en su lugar el Ayuntamiento está desbordando todos los plazos. El alcalde anunció por primera vez su solución el día 30 de enero, que se concretó en una propuesta para adquirir el solar de Defensa y construir ahí un nuevo equipamiento. Y después anunció que en 4-6 semanas daría a conocer los detalles. Sin embargo, diez semanas después no hay "nada de nada". De hecho, en la última junta de portavoces, el día 4 de abril, Fernández Mañueco se comprometió, de nuevo, a una fecha: después de Semana Santa, "pero no dijo de qué año", ironizaron los asistentes. Ahora Fernando Rodríguez ha dado una nueva fecha, el día 15 de mayo, que salvo error desplaza la solución otro mes adelante.

 

Con todo, y aunque concretara su propuesta a la vuelta de la Semana Santa, el alcalde ha consumido un año de los dos de moratoria que dio la Junta: los concedió el día 15 de abril de 2016, de lo que se va a cumplir un año este sábado. La mitad del plazo dado para diseñar una propuesta de la que sólo está claro que consistirá en adquirir el solar de Defensa y construir nuevos equipamientos públicos. No es, ni mucho menos, la solución completa.

 

Para serlo hace falta diseñar el entramado urbanístico legal para que cumpla con la función precisa, porque hay que recordar que se trata de restablecer la legalidad en un sector en el que el centro comercial se excedió de metros de edificabilidad. Eso hay que compensarlo, y para ello la idea es cambiar la calificación de la parcela paralela al centro comercial en la calle Víctimas del Terrorismo; eso permitiría trasladar edificabilidad y densidad disponibles a El Corte Inglés y paliar el exceso de construcción. 

 

Si se rebaja la calificación del suelo de esa parcela, el único 'pago' que recibió del acuerdo a tres partes para hacer los grandes almacenes, perderá valor y alguien tendrá que asumirlo. El ministerio, el Ayuntamiento y la Junta están en el juego, y sea quien sea, habrá un menoscabo de las arcas públicas. También si el Ayuntamiento asume el coste del cambio y de las nuevas edificaciones, la otra parte de la operación.

 

Y la factura de la operación es justo lo que el Ayuntamiento no quiere desvelar. Según Fernando Rodríguez, primero se quiere lograr un acuerdo entre las tres partes que respete el equilibrio alcanzado en su día. Si se rebaja la calificación de su parcela, el patrimonio de Defensa pierde. El Ayuntamiento es quien quiere el solar, y si adquiere su uso o cesión deberá determinar a cambio de qué o de cuánto, así que también tiene un coste. Si lo asume la Junta con la cesión de solares en Salamanca o en otro lado, también habrá menoscabo de lo público. Y está el destino de las nuevas construcciones, un centro de investigación destinado a no se sabe quién (la Usal no parece interesada) que también habrá que pagar.

 

Aunque el equipo de Gobierno no quiera hablar de costes, la negociación entre las tres partes incluye quién lo asume y cuánto. El equilibrio de esta ecuación es complicado y puede tener un precio importante para lo público. Y un acuerdo para asumir la operación tampoco asegura que urbanísticamente no pueda ser recurrida si no se restaura el equilibrio entre lo construído y lo permitido. Y mientras tanto, el plazo sigue corriendo para los dos años de moratoria.

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