La provincia salmantina pierde casi 500 agricultores desde 2008

La crisis, en cifras. León se mantiene como la provincia con un mayor número de profesionales agrarios inscritos en el RETA, mientras que Valladolid, Palencia y Ávila fueron las que más perdieron
ICAL
La crisis acentuó en los últimos tiempos la ya de por sí grave situación silenciosa del campo español, y la del castellano y leonés en particular. Y es que en los dos últimos años, la situación económica se ha cargado a 4.558 agricultores y ganaderos de la Comunidad, hasta los 44.727 en julio de este año, una cifra que se traduce en la desaparición del 9,24 por ciento de aquellos que cotizaban en la actividad agraria del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de la Seguridad Social, en junio de 2008, cuando eran 49.285 personas.

El número de profesionales agroganaderos descendió en este periodo en las nueve provincias de Castilla y León, si bien León, eminentemente rural, lideró la pérdida muy por encima del resto, con 1.130 agricultores y ganaderos menos y una caída porcentual del 11,76 por ciento, lo que situó la cifra en verano en los 8.475 cotizantes autónomos. Este preocupante descenso significa la cuarta parte de todos los que han dejado de cotizar en la Comunidad en este tiempo.

En todo caso, León se mantiene como la provincia con un mayor número de profesionales agrarios inscritos en el RETA. Sólo le siguen, muy de lejos, Zamora, Salamanca y Burgos, con alrededor de 5.800 cada una. De ellas, el dato más negativo lo presenta la provincia burgalesa, donde el número de profesionales disminuyó en 740 personas (un 11,33 por ciento), hasta un total de 5.791, mientras que en Zamora desaparecieron 552 agricultores y ganaderos (un 8,57 por ciento), con 5.885 en total.

En Salamanca ocurrió lo mismo con 491 personas que prefirieron borrar su nombre del RETA, un 7,61 por ciento menos, hasta los 5.867 que se contabilizaron en el último mes de estudio.

A partir de ahí existe un último grupo de provincias que sufrió la desaparición de los profesionales del campo con caídas porcentuales por debajo de la media regional del 9,24 por ciento, que se tradujo en descensos más moderados de agricultores y ganaderos inscritos.

Se trata de Valladolid, con 528 menos (5.240 en total) y un descenso del 9,15 por ciento; Palencia, con 281 profesionales borrados del censo agrario (4.068) y un 6,46 por ciento menos; Ávila, que perdió 359 agricultores y ganaderos, un 9,1 por ciento de bajada (totaliza 3.568 inscritos); Segovia, con 282 menos y un -7,61 por ciento (3.421); y Soria, con la desaparición de 195 autónomos del sector, un 7,47 por ciento (hasta llegar a los 2.412 profesionales).

Las organizaciones opinan
Las organizaciones profesionales agrarias de la Comunidad lo tienen claro. Creen que lo más urgente es garantizar la rentabilidad de las explotaciones existentes, algo que se debe lograr con precios justos, que ahora están por los suelos en la mayor parte de los cultivos. Así, el secretario regional de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), Julio López, que habló en nombre la Alianza por la unidad del campo, aseguró que el mayor problema es que el sector “no tiene precios” y “tampoco hay posibilidad de llegar a acuerdos con industrias para fijar mínimos”. Por lo tanto, hay explotaciones que no son rentables y el profesional tiene que salir del sector.

En este sentido, reclama actuar sobre la cadena de la distribución, algo que “frenaría la sangría de gente”. En todo caso, se cuestiona López, “¿cómo estará el sector para que las administraciones digan que es uno de los mejores, pero que se está abandonando?”. Y es que, asegura el profesional, todo el mundo dice que el campo puede ser el “refugio”, pero no hay más que abandonos.

Igualmente, criticó la actitud de la Junta al señalar que la economía del sector agrario crece en Castilla y León. Al respecto, se refirió a la presentación de los Presupuestos Generales de la Comunidad en el Consejo Económico y Social (CES) por parte de la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, donde la representante del Gobierno regional reconoció que la cosecha había sido “catastrófica”. “Eso quiere decir que por un lado va el discurso político de la Junta y por otro sus políticas, porque lo han declarado estratégico y no se ven avances”, reprochó.

De las 93.000 solicitudes de la PAC en la Comunidad, pertenecen al régimen agrario 39.000, los llamados ATP (Agricultores a Título Principal), mientras que el resto son los que están a tiempo parcial. Con estos datos, “uno se da cuenta de quiénes son los más afectados, que son los ATP, que no son siempre los que más tienen o los que más dinero perciben, sino pequeñas explotaciones al borde de la rentabilidad, y que se ven expulsados del sector porque no pueden seguir viviendo de ello”, lamentó López.

Ello está conllevando que estas personas tengan que buscar un trabajo adicional. Y todo ello ocurre mientras las políticas regionales “dirigidas a apoyar al ATP se reducen, y las de la industria agroalimentaria, aumentan”.

Un beneficio para la industria
Aunque reconoció que Tierra de Sabor aumenta las ventas, “sólo beneficia a la industria y no a los productores”. “Si se vende que es una buena cosa, y puede serla, tenemos que decir para quién lo es. Cada vez hay menos profesionales, el medio rural está más despoblado, y si este sector es el que menos necesita como dice la Junta, ¿por qué esto va al revés?”, se preguntó López.