La oposición fiscalizará bus, basuras y parques, los tres grandes contratos municipales

La comisión de Contratación pone en marcha el control de contratos y empezará con tres de los de mayor cuantía: suman 350 millones de euros.

Los grupos de la oposición podrán empezar a fiscalizar los contratos más importantes del Ayuntamiento de Salamanca, de modo que podrán revisar cómo se concedieron y cómo se están ejecutando algunos de los principales servicios y encomiendas de gestión de la ciudad. Así va a ser tras anunciar este martes el presidente de la comisión de Contratación que el sistema de control acordado el pasado mes de abril iba a empezar a funcionar, como reiteradamente habían exigido PSOE y Ganemos.

 

Los primeros serán los del autobús urbano (144 millones en doce años de valor), el de la gestión de residuos (doce años, 186 millones de euros) y el de parques y jardines (cuatro años, prorrogable a dos más, y tiene un presupuesto estimado de 23,8 millones de euros). Los técnicos harán los informes correspondientes y, además, en cualquier momento se podrán solicitar informes adicionales por parte de cualquiera de los grupos. Y se abrió la puerta en su día a la comparecencia de los gerentes de las principales empresas.

 

El nuevo control va a ser con la periodicidad de un año y sistemático según aseguró en su día Fernando Castaño. Para ello se seleccionará un número de contratos de entre los aproximadamente 90 que tiene abiertos el Ayuntamiento; no ha especificado una cifra, pero sí ha dicho que "20 serían bastantes". Para seleccionarlos se tendrá en cuenta la duración, la cuantía, que sean contratos en los que se pueda causar un perjuicio al Ayuntamiento por ser estratégicos... En su día comprometió que los de piscinas y la gestión de La Aldehuela estarán en la lista.

 

Con esta decisión, empieza a ponerse coto a una fiscalización muy laxa que ha generado varias polémicas y que evidencia una importante falta de vigilancia en los últimos años. Todo ello se ha producido de manera incomprensible y deja al descubierto la falta de control sobre los contratos municipales que se firman con empresas concesionarias. Y eso a pesar de la generosa factura que totalizan: más de 26 millones de euros al año entre los principales, más de 250 de ellos comprometidos con las mismas empresas para muchos años. Un importe que no ha sido suficiente como para que el equipo de Gobierno haya llevado a cabo una fiscalización seria.

 

Los diez contratos más importantes en cuantía disfrutan a día de hoy de una fiscalización 'light' que se centra en la licitación del pliego de condiciones, la aprobación del contrato y las condiciones económicas. Muchos fueron, además, sospechosamente blindados antes de acabar la pasada legislatura. Poco más se mira en contratos como el del bus, firmado para 12 años por 144 millones de euros y que ahora está anulado por la justicia por haber impedido la competencia entre empresas; el de las piscinas, que tiene un valor de 25 millones para la próxima década y que ha generado un millonario gasto municipal por no haber controlado a la anterior empresa; el del agua, del que se ocupa Aqualia desde 1996 y que ha sido modificado para compensar a la empresa algunas cuestiones; el del Multiusos, que va a requerir 2,2 millones de euros de inversión antes de concederlo a una empresa privada; o el de la ciudad deportiva de La Aldehuela, recinto que explota una empresa ajena a la que realizó la reforma.