La mujer de Ignacio González dice que no puso un euro pero iba a por los 4,8 millones de las guarderías de Salamanca

Lourdes Cavero, mujer de Ignacio González, asegura que no puso un euro para ser socia de la empresa con la que, según la Audiencia Nacional, quería entrar en la gestión de guarderías. En su declaración niega el uso de dinero negro en una sociedad que ha desmantelado tras saltar el escándalo.

Lourdes Cavero, mujer del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, ha afirmado este lunes ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que el matrimonio "nunca" manejó dinero negro, aunque se ha desvinculado de los negocios del presunto cabecilla de la trama Lezo afirmando que en el domicilio familiar no se habla de ese tipo de cosas. Así lo ha hecho en su comparecencia ante el juez que investiga la 'operación Lezo' y que ha empezado este lunes a tomar declaración a los imputados en la quinta pieza, la que investiga el blanqueo de las comisiones ilegales de la política a través de negocios como el que montó para hacerse presuntamente con las guarderías municipales de Salamanca. Negocio en el que, según ha asegurado, no sólo usó dinero negro como asegura la investigación, sino que no puso un euro y que sólo aportó su trabajo. A pesar de que sólo el contrato de las guarderías salmantinas supone más de 600.000 euros al año.

 

Según han informado fuentes jurídicas, Cavero, que fue consejera de Caja Madrid, ha respondido a las preguntas de su letrado y del fiscal del caso, Carlos Yáñez, durante los cerca de 25 minutos que ha durado el interrogatorio en dependencias judiciales. El juez le imputa delito de blanqueo de capitales a ella y su marido, en prisión desde el pasado 21 de abril por su implicación en el presunto desvío de fondos del Canal de Isabel II.

 

Cavero ha sido interrogada por los negocios que puso en marcha, como la empresa de gestión de guarderías Grupo Chickies, en el centro de la imputación que su propio marido hizo al alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco: en una conversación telefónica grabada por la UCO González dijo que el alcalde le había prometido a la socia de su mujer en el negocio de guarderías la gestión de las de Salamanca.

 

Las autoridades sospechan que los González usaban dinero de comisiones ilegales para poner en marcha negocios, entre ellos, este de guarderías. Por contra, Cavero ha dido que el capital provenía de los socios de la misma; en la sociedad tenía como socios a dos sobrinas y a la empresaria salmantina Carmen Pazos como administradora única. Igualmente ha señalado que ese proyecto no llegó a desarrollarse porque se puso en marcha en enero, apenas tres meses antes de que estallase la operación. El contrato, a través de una fundación del Ayuntamiento de Salamanca, era de más de 600.000 euros al año y estaba valorado en más de 4 millones de euros.

 

 

En lo que respecta a las guarderías, la investigación puso de manifiesto que el expresidente regional y su esposa constituyeron una empresa para gestionar este tipo de centros a través de terceros inversores, pertenecientes a su círculo familiar y de amistades. El juez subrayó que Cavero, con una aportación mínima -unos 10.000 euros- habría pasado a controlar el 20 por ciento aproximadamente de una sociedad cuya valoración rondaba el millón. No obstante la acusada ha precisado este lunes que su aportación al negocio no fue monetario sino únicamente laboral.

 

La sociedad Grupo Chickies se creó en enero de este año y en abril declaraba un capital suscrito de 15.000 euros. El 6  de julio, meses después de la detención de Ignacio González, y tras salir a la luz el negocio de las guarderías, Carmen Pazos decidió dejar sus cargos en la sociedad; el día 3 de agosto dimitieron Cavero y sus dos sobrinas; y desde entonces la sociedad está en liquidación.

 

 

NEGOCIOS CON DINERO 'B'

 

Del mismo modo ha respondido cuando se le ha preguntado por su labor en calidad de presidenta de subastas Segre, empresa que también fue registrada por los investigadores al inicio de las pesquisas. En todo momento Cavero ha insistido en que sus negocios eran legales y que ni ella ni su marido manejaron dinero en "B", según las citadas fuentes.

 

El juez de la Audiencia Nacional que comenzó la instrucción de la trama, Eloy Velasco, dijo en el auto de prisión de González que éste, su hermano Pablo --también imputado-- y su esposa pusieron en marcha varios negocios con el objetivo de aflorar el "dinerillo B" de que disponían y que tenía "origen ilícito".

 

Lourdes Cavero no es la única familiar de Ignacio González que declarará esta semana ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ya que para este viernes están citadas dos sobrinas de ésta Rocío y Lourdes Bonet Cavero, también imputadas en la pieza número 5 de esta causa, y socias en la empresa de guarderías. El mes pasado fue Pablo González, padre del presunto cabecilla de la trama, en declarar ante el juez instructor. Este día 4 de octubre declarará también su socia, la empresaria salmantina Carmen Pazos.

 

García Castellón lleva todo el mes de septiembre tomando declaración a investigados en el 'caso Lezo', que está dividido en seis piezas y tiene un total de 68 imputados.La 'operación Lezo', según el auto del juez Velasco, tiene un "hilo conductor" que es Ignacio González, pero afecta a "diferentes administraciones públicas, diversos órganos de contratación e incluso diferentes contratos, servicios y empresas públicas en épocas diversas en el tiempo".