La moratoria por El Corte Inglés agota 18 meses sin la 'solución' que prometió Mañueco

Mañueco, el día que presentó su 'solución' para el caso El Corte Inglés.

El Ayuntamiento de Salamanca consume 18 de los 24 meses de la prórroga para dar una solución urbanística a la situación ilegal del centro comercial. El alcalde Fernández Mañueco no ha vuelto a soltar prenda a la espera de que Defensa y Junta muevan ficha. Todo apunta a que 'pagará el pato' el patrimonio público.

A falta de seis meses para agotar la moratoria que concedió la Junta para sacar el planteamiento urbanístico de El Corte Inglés de la ilegalidad, el Ayuntamiento de Salamanca ha sumido la cuestión en un total inmovilismo. El pasado día 15 de octubre la prórroga consumía 18 de los 24 meses de los que dispone el consistorio para proponer lo que el alcalde Fernández Mañueco dio en llamar la 'solución' para esta situación irregular que se prolonga ya muchos años. Y es que hace 45 meses, en enero de 2014, que la justicia anuló de manera definitiva el convenio urbanístico que hizo posible construir el centro comercial en los antiguos terrenos del cuartel de Salamanca, un acuerdo a tres bandas Ayuntamiento/ministerio/mercantil en el que ahora están atrapadas las tres partes.

 

La situación está donde quedó hace ya casi un año. En noviembre de 2016 el consistorio desvelaba la salida que había encontrado al asunto, que no es otra que dejar a Defensa sin el solar que consiguió en el acuerdo para permitir que se levantar el edificio de los grandes almacenes. Desde entonces, sólo se han concretado algunos detalles sobre el cómo. La idea es que el ministerio ceda el uso del terreno para, después, hacer un cambio de uso y construir un edificio destinado a labores de investigación: es decir, consiste en adquirir el solar de Defensa y construir nuevos equipamientos públicos. El final de este 2017, ya con pocos meses de moratoria por delante, podría ser el momento de anunciar un acuerdo en el que el patrimonio público se ve afectado.

 

Este cambio permitiría resolver la cuestión y diseñar el entramado urbanístico legal para que cumpla con la función precisa, porque hay que recordar que se trata de restablecer la legalidad en un sector en el que el centro comercial se excedió de metros de edificabilidad. Eso hay que compensarlo, y para ello la idea es cambiar la calificación de la parcela paralela al centro comercial en la calle Víctimas del Terrorismo; eso permitiría trasladar edificabilidad y densidad disponibles a El Corte Inglés y paliar el exceso de construcción. 

 

Sin embargo, la cuestión está encallada en un punto concreto: ¿quién paga la 'solución'? En esta opción Defensa perdería buena parte del valor de este solar que, además, tiene que ceder. El ministerio ya mostró al Ayuntamiento su expectación por cómo afectaría el cambio de calificación de su solar. Actualmente está habilitado para construir viviendas, pero si se pasa a suelo dotacional pierde mucho valor. La solución de Mañueco afectaría al patrimonio público de todos los españoles y el ministerio de Cospedal no parece dispuesto a aceptarlo si no hay compensaciones.

 

Ahí es donde puede entrar la Junta de Castilla y León. La solución poddría ser que la administración regional, que dio su visto bueno en su día al convenio anulado por la justicia, intervenga con la cesión de solares en Salamanca o en otro lado. Sin embargo, todo ello acabaría siempre en menoscabo de lo público. Si se rebaja la calificación de su parcela, el patrimonio de Defensa pierde. El Ayuntamiento es quien quiere el solar, y si adquiere su uso o cesión deberá determinar a cambio de qué o de cuánto, así que también tiene un coste. Si lo asume la Junta con la cesión de otros terrenos también pierde. Y está el destino de las nuevas construcciones, un centro de investigación destinado a no se sabe quién (la Usal no parece interesada) que también habrá que pagar. Al final, la 'solución' parece que irá en detrimento de lo público.

 

Aunque el equipo de Gobierno no quiera hablar de costes, la negociación entre las tres partes incluye quién lo asume y cuánto. El equilibrio de esta ecuación es complicado y puede tener un precio importante para lo público. Y un acuerdo para asumir la operación tampoco asegura que urbanísticamente no pueda ser recurrida si no se restaura el equilibrio entre lo construído y lo permitido. Y mientras tanto, el plazo sigue corriendo para los dos años de moratoria.