La liquidación en falso del escándalo de VegaTer le puede costar 3,5 millones a la Diputación de Salamanca
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La liquidación en falso del escándalo de VegaTer le puede costar 3,5 millones a la Diputación de Salamanca

Los juzgados dan la razón a la empresa que estuvo 20 años sin pagar el canon y condenan a La Salina a pagar 100.000 euros y devolver la concesión que se le quitó: la empresa reclama una indemnización millonaria.

El embrollo de Vega Terrón, el muelle fluvial de Salamanca en la frontera con Portugal, sigue vivo más de cinco años después de que explotara el escándalo y amenaza con costarle un serio disgusto, y mucho dinero, a la Diputación de Salamanca. Por ahora serán casi 100.000 euros de inmenización y un fallo en contra que retrotrae el asunto a sus orígenes y ordena, nada menos, devolver la gestión del muelle a la empresa con la que se rompió contrato por decisión del equipo de Gobierno de La Salina. Una sentencia judicial obliga a retomar un asunto plagado de errores y gestiones deficientes con el riesgo de que le acabe costando hasta 3,5 millones de euros a las arcas provinciales.

 

El fallo se ha producido este día 15 de junio, más de tres años después de iniciarse el proceso, y da la razón a la empresa que estuvo sin pagar durante dos décadas el canon de explotación. La sentencia asume las tesis de la demandante, que se escudó desde el principio en que la Diputación no le exigió nunca el pago, ni se llegó a formalizar contrato administrativo, y que la institución provincial consinstió todo ello durante 17 años porque era conocedora de la situación y que, incluso, renovó la explotación en 2002, cinco años después de concederla y ya con impagos de por medio. Así que la sentencia recoge todas las irregularidades cometidas durante años y las vuelve en contra de la Diputación.

 

El asunto, hay que recordar, se remonta al año 2015 cuando el PSOE en la Diputación, a través del diputado Manuel Ambrosio Sánchez, denunció que la empresa VegaTer, concesionaria de la explotación del muelle de Vega Terrón, no había abonado ni un solo euro del canon que tenía que pagar desde que firmó el compromiso en 1997; de hecho, la empresa no habia pagado ninguna cantidad ni había ejecutado las obras comprometidas, y pese a ello, 18 años después la Diputación de Salamanca no le había llegado a exigir ni un euro. En total, un agujero de unos 600.000 euros.

 

Lo que vino después fue un largo proceso para resolver la situación en el que no faltaron nuevos errores: la Diputación incluso se dejó pasar los plazos y sumó otros dos años de deuda que no podría cobrar. Al final, se logró romper el contrato a finales de 2017 e incluso se adjudicó la gestión a otra empresa, pero la que había sido concesionaria llevó el asunto a los tribunales, que acaban de fallar en los términos ya descritos. Pero, ¿que va a pasar ahora?

 

En su fallo, el juzgado solicita una indemnización de casi 100.000 euros: 87.813 por daños y perjuicios y la parte proporcional correspondiente a 2020 sobre 21.633 euros "hasta que la recurrente retome la concesión". Es decir, que se ordena devolver la explotación a esta empresa, que no obstante no ha pedido eso.

 

La pretensión última de la empresa, que gestionó sin pagar el canon y que había dado pérdidas, es reclamar una indemnización de casi 3,5 millones de euros por los daños de no dejarle continuar con el contrato, incluyendo los beneficios que pensaba obtener, una subvención europea o el resultado de explotación.

 

Una historia de fracasos

El nuevo muelle de Vega Terrón ocupa el lugar del histórico, que vivió su etapa de auge a finales del siglo XIX, cuando tuvo un importante tráfico de mercancías, aunque acabó en desuso. A pesar de ello, se planteó repetir la idea y construir un nuevo muelle con la idea de que sirviese de puerto de entrada para la llegada de mercancías. Se invirtieron unos 3 millones de euros en su construcción y se hizo realidad en 1995. El proyecto se reveló como incorrecto: cuando ya estaba hecha la inversión, se topó con que Portugal paraba cuatro meses al año las exclusas que permiten navegar por el cauce.

 

A pesar de ello, el muelle siguió en marcha porque se había adjudicado su gestión en 1997 a la empresa que ahora reclama, VegaTER, que iba a explotarlo. Sin embargo, en 2015 se descubrió que la sociedad no había pagado nunca el canon establecido por la Diputación, la dueña del muelle. El resultado final, 20 años de impagos.

 

El peúltimo proyecto para Vega Terrón, un lugar común a la hora de prometer inversiones para la comarca, fue la creación de un centro de recepción de visitantes y oficina de turismo. Se supone que es la nueva orientación que se le quiere dar al muelle, así que podría ser una inversión acertada. A día de hoy, el muelle exhibe un centro de recepción de visitantes inaugurado en 2011 tras invertir 400.000 euros que estuvo años cerrado a cal y canto.

 

El proceso para romper el contrato original mantuvo cerrado y sin actividad el muelle más de dos años. A principios de 2018 la Diputación lo intentó otra vez y volvió a sacar a concurso la gestión del muelle, con un enfoque más turístico y vinculado a la futura ruta de la vía férrea, todavía no estrenada: solo se presentó una empresa que se llevó el contrato de explotación del muelle. Antes, em 2017, una visita del entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sirvió para hacer un nuevo intento de 'vender' la idea de un muelle fluvial que lleva 20 años sin funcionar.