La justicia abre una macrocausa por los contratos irregulares de la Diputación de Salamanca

Carlos García Sierra (izqda) y Javier Iglesias, diputado de Fomento y Presidente de la Diputación de Salamanca

Los juzgados de Salamanca unifican los distintos procesos iniciados sobre la adjudicación de obras en la Diputación, la denuncia iniciada por la fiscalía y la del PSOE admitida a trámite, y se abre a futuras querellas. El caso ampliará las diligencias y permitirá que se personen todas las partes.

La política salmantina ya tiene su primera macrocausa por corrupción. Se trata de la denominada 'trama Diputación', el caso de adjudicación irregular de contratos de obras por el que cinco empresas fueron favorecidas en decenas de licitaciones en el área de Fomento de La Salina y se llevaron encargos por más de 12 millones de euros. Un caso que explotó hace unas semanas y que se ha convertido en el centro de la atención mediática junto a otro escándalo, el de la presunta financiación ilegal del PP en la campaña de 1999.

 

El caso parece tener suficiente materia como para que la justicia salmantina haya decidido abrir una macrocausa y unificar los procesos ya abiertos, en previsión también de que pueda haber más. La prueba es que, este mismo miércoles, llegó a la Diputación de Salamanca un oficio aplazando las primeras declaraciones previstas para el día 3 de febrero dentro del proceso por la denuncia que remitió la fiscalía al juzgado de instrucción número uno, y que iba a llevar al juzgado al exdirector de Fomento y al vicepresidente de la Diputación. Lejos de ser una buena noticia, el aplazamiento guardaba la desagradable sorpresa de una gran causa contra la corrupción.

 

 

DOS PARTES EN MARCHA

 

El proceso de los contratos sospechosos de la Diputación tenía actualmente en marcha dos procesos. Por un lado, la denuncia que la fiscalía trasladó al juzgado sobre las irregularidades en contratación. Iniciada en un informe interno de la Diputación, fue reforzada con documentación adicional en las denuncias de Confaes y Cámara. Fue admitida a trámite hace unos días en el juzgado de instrucción número uno y se han iniciado las diligencias: se citó a declarar al exdirector de área de Fomento, Manuel Borrego, como imputado, y al vicepresidente de la Diputación, Carlos García Sierra, y varios funcionarios provinciales como testigos.

 

Por otro lado está la denuncia presentada en su día por el PSOE por presunto uso irregular de fondos en el área de Fomento, y en la que apunta directamente a García Sierra, diputado de este área durante toda la etapa de contrataciones sospechosas, de 2007 hasta 2012. Esta denuncia fue admitida también a trámite hace unos días y estaba en el juzgado de instrucción número cuatro.

 

Ante esta situación, la justicia ha decidido proceder a la acumulación de procesos y a crear esta macrocausa para esclarecer la posible corrupción en los trámites para adjudicar obras en la Diputación de Salamanca. Una decisión lógica ya que muchas de las diligencias, pruebas documentales o declaraciones, que se vayan a requerir para uno de los casos serán necesarios para el otro u otros que se vayan planteando, ya que el PSOE ha presentado una querella y prepara una segunda sobre los contratos negociados sin publicidad y los de procedimiento restringido.

 

 

REORDENACIÓN DEL CASO

 

La reordenación del caso en una macrocausa supone también que se amplíen las diligencias y que se admita la personación de más partes. Parece claro que así lo harán el PSOE y las organizaciones empresariales, y está por ver si la Diputación de Salamanca se suma. De no hacerlo, el equipo de Javier Iglesias sembraría la duda sobre la verdadera intención de su movimiento inicial cuando, tras enterarse de que el grupo socialista en la Diputación conocía las irregularidades, se apresuró a enviar a fiscalía un informe interno que no ha facilitado y a apartar de sus puestos a dos funcionarios señalados.

 

Este proceso ha revolucionado la política local hasta el punto de presentarse como una sombra de cara a las próximas elecciones municipales. Con el inicio de las diligencias se producirán las citaciones para declarar y, presumiblemente, el vicepresidente de la Diputación y el exdirector de área de Fomento tendrán que pasar ante el juez ya que así estaba previsto antes de que la reordenación del caso retrasara su comparecencia.