La junta directiva del Colegio de Abogados de Salamanca declara hoy ante el juez

Fernando Dávila, decano Colegio de Abogados de Salamanca

El órgano de gobierno de los abogados salmantinos, con su decano, Fernando Dávila, al frente, pasa esta mañana por el trámite de sentarse en el banquillo de los acusados del Juzgado nº 2 de instrucción de Salamanca para responder frente a una querella por delitos de revelación de secretos y prevaricación administrativa. Y aún tiene pendiente una segunda.

Tal y como ya publicara Tribuna de Salamanca el pasado 15 de septiembre, la Junta Directiva del Colegio de Abogados de Salamanca ha de responder judicialmente frente a la doble querella presentada contra ésta por un abogado salmantino que incluye delitos de prevaricación, tráfico de influencias y estafa procesal, y también de revelación de secretos. Por este último motivo comparecen esta mañana 9 de los 10 miembros del máximo órgano de gobierno del colegio charro ante el juez del Jugado nº 2 de Instrucción. El asunto es recogido hoy, entre otros, por medios de tirada nacional como El País.

 

En esta primera comparecencia los colegiados habrán de defenderse ante el juez de la acusación de revelación de secretos de la que fueron acusados al publicar en la web del propio Colegio de Abogados de Salamanca tanto el texto íntegro de la primera querella de la que fueron objeto por el abogado Sebastián Martín, como algunos documentos que éste considera protegidos por el secreto profesional.

 

Precisamente este último motivo es el origen de estas dos querellas, frente a las que responden a las 10 de la mañana de hoy la mayor parte de los querellados, a excepción del Decano, Fernando Dávila,  que lo hará a partir de la 1 de la tarde.

 

En el fondo del asunto, un caso en el que presuntamente se ha favorecido a un miembro de la directiva, Eduardo Íscar, autorizándole para saltarse el secreto profesional, lo que le dio ventaja en el procedimiento judicial que le enfrentaba con otro abogado de alta en el colegio.

 

La base de la querella se remonta a finales del año 2014. El abogado que la impulsa, Sebastián González Martín,  asumió entonces la defensa de un cliente inmerso en una disputa por una herencia con un contrario defendido por Eduardo Íscar, miembro de la junta directiva del Ilustre Colegio de Abogados de Salamanca. En las negociaciones previas, este último había tenido acceso a un documento que recogía cuestiones familiares íntimas de su oponente; se lo había proporcionado la defensa de su rival a través de un fax en el marco de las conversaciones para intentar llegar a un acuerdo sin ir a juicio y siempre bajo secreto profesional.

 

Sin embargo, según el querellante, en el juicio que finalmente se celebró el colegiado Íscar acabó usando este documento en su favor para tomar ventaja en el juicio pese a que formaba parte del secreto profesional entre abogados; la difusión de un documento en esos términos está absolutamente prohibida y es una de las primeras obligaciones de los colegiados. 

 

 

PERMISO EN TIEMPO RÉCORD

 

Para dar validez en el juicio a esa prueba ilícitamente conseguida, el abogado Íscar se valió según el querellante de su presencia en la junta directiva del Colegio de Abogados. Con su presidente Fernando Dávila al frente, la junta le otorgó una autorización para saltarse el secreto profesional, algo reservado solo para circunstancias excepcionales; según el querellante, en el caso concreto, un juicio de división de una herencia, no concurre ninguna excepcionalidad que justifique conceder un permiso para saltarse el secreto profesional.

 

Según denuncia el querellante, este permiso se tramitó en tiempo récord y en un procedimiento que considera inadecuado para una decisión tan grave como levantar un secreto profesional. La tramitación se hizo en dos días: el 21 de octubre de 2014 el abogado Eduardo Íscar solicitó la dispensa y el día 22 la Junta, sin estar el tema en el orden del día, fue aprobada por la cúpula que preside Fernando Dávila. La autorización se produjo solo 14 días antes del juicio. 

 

 

ANULADA POR EL CONSEJO REGIONAL

 

Además, la concesión de esta autorización ha sido anulada por el Consejo de la Abogacía de Castilla y León. A cominezos de 2015 Sebastián González, el ahora querellante, acudió al órgano regional de la abogacía para denunciar este caso. En resolución del 10 de marzo, el consejo regional declaró nulo el acuerdo de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Salamanca en el que se concedía a Eduardo Íscar la autorización para violar el secreto profesional quea la postre le permitió ganar el juicio origen de este conflicto.

 

Por este motivo, la querella cita los posibles delitos de prevaricación, tráfico de influencias y estafa procesal, ya que el querellante considera que la junta directiva del Colegio de Abogados facilitó la dispensa de su obligación de guardar el secreto profesional para favorecer a uno de sus miembros en este juicio. La querella está admitida a trámite y recurrida, pendiente de decisión.