La Junta complica la 'aministía' urbanística que el Ayuntamiento planteaba para regularizar El Corte Inglés

El Corte Inglés y la plaza de la Concordia. Foto: T.Sánchez

El permiso de la Junta se limita elaboración de la "nueva ordenación urbanística del ámbito" afectado por las anulaciones, cuando el Ayuntamiento pretendía una revisión general del PGOU.

La Junta de Castilla y León ha acotado al Ayuntamiento de Salamanca el tipo de actuación que debe hacer para devolver a la legalidad urbanística todo el planeamiento hecho para El Corte Inglés, lo que pone en entredicho que el equipo de Gobierno pueda llevar a cabo su propuesta de aprovechar la legalización del centro comercial para una revisión completa del PGOU. Una propuesta que, según la oposición, esconde la intención de regularizar un 'paquete tóxico' de decisiones urbanísticas controvertidas como el parque de maquinaria o el  hotel Corona Sol.

 

Como ha adelantado TRIBUNA, el equipo de Gobierno ya cuenta con la moratoria de la Junta y este martes se lo ha hecho saber a los grupos de la oposición. Los términos del permiso se ciñen a lo anunciado en su día por el alcalde, Alfonso Fernández Mañueco. A partir de ahora el Ayuntamiento tendrá dos años para hacer los cambios necesarios, permiso que expira justo en ese plazo, y que supone postergar la solución definitiva a esta mala gestión. Para ello, se le otorga una normativa urbanística transitoria que dará solidez urbanística al centro comercial, ya que a día de hoy el plan urbano del sector donde está permanece anulado y también han sido anuladas las licencias correspondientes para la actividad.

 

Sin embargo, apunta algunas otras cuestiones. Una de ellas es que durante estos dos años no se puede modificar nada de lo hecho en el centro comercial, la plaza, el centro cívico y el campo de fútbol, que son los elementos afectados por este entuerto urbanístico. Pero la más importante apunta una limitación en cuanto a la solución definitiva. En la propuesta, se encomienda al equipo del Gobierno Municipal "la elaboración y tramitación de la nueva ordenación urbanística del ámbito disponiendo para ello de un plazo de dos años".

 

Esto significaría que el permiso de dos años es para actuar sobre el ámbito concreto afectado por la anulación, que es el sector donde está asentado el edificio de los grandes almacenes y nada más. Según las fuentes consultadas, además, se referiría al sector como suelo no consolidado, justo la tesis que defiende la oposición. 

 

 

SOLUCIÓN DISCUTIBLE

 

Hay que recordar que el equipo de Gobierno ha propuesto varias soluciones, entre ellas, legalizar directamente lo construído con una modificación puntual del PGOU que considere el sector suelo urbano consolidado; o directamente llevar a cabo una revisión completa del plan general. Esto último ha sido interpretado por la oposición como una manera de legalizar varias actuaciones urbanísticas con las que el Ayuntamiento ha tropezado con los tribunales.

 

Tanto PSOE como Ciudadanos y Ganemos se han opuesto a la revisión completa del PGOU porque lo consideran una 'amnistía' a los errores urbanísticos del equipo de Gobierno del PP en los últimos años. Todos están conformes con la moratoria, aunque a Ganemos le parece exagerada; y coinciden en que la solución idónea es precisamente la que no quiere el PP: una modificación puntual en la que se reconoza el exceso de metros de edificabilidad concedidos.

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