La importancia de una sentencia
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La importancia de una sentencia

DIEGO JALÓN

Estamos hace ya tiempo tan centrados en las elecciones y en las negociaciones para la formación de un Gobierno -más difícil de armar que un mueble de Ikea-, que noticias más importantes para nuestras vidas pasan desapercibidas. Y una de esas noticias, tan crucial como que siga saliendo agua del grifo cuando lo abrimos, es la de la sentencia mediante la cual el Tribunal Supremo ha declarado que la creación de la sociedad mixta de capital público-privado que gestiona desde hace años el ciclo integral del agua en Barcelona fue plenamente legal y que el procedimiento por el que se formó se ajusta al derecho.

 

Y usted dirá ¿qué narices me importa esto? Pues en realidad, nos importa a todos. Y mucho. ¿Por qué? Le explico. Esta sentencia revoca otra que dictó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en sentido contrario, ante una demanda que interpusieron varias compañías dedicadas a la gestión de agua urbana, y que se sintieron discriminadas por no haber sido ellas las elegidas para constituir esta sociedad mixta integrada por el Área Metropolitana de Barcelona y la empresa Aguas de Barcelona.

 

Lo curioso es que quien más se ha quejado y ha intentado desacreditar esta sentencia -la cual ya es firme y contra la que no cabe recurso- es la alcaldesa de Barcelona y presidente del Área Metropolitana, Ada Colau. Llama especialmente la atención porque no fue ella la que interpuso la demanda que el Supremo ha desestimado. Más extraño aún, porque es todo lo contrario: ella preside una de las partes de esa sociedad que ahora se declara ajustada a la Ley. Tampoco es un misterio: Colau quería aprovechar esta demanda para municipalizar la gestión del agua. Esta es la razón por la que la alcaldesa se rebota contra la sentencia que, como arruina su ambición municipalizadora, dice ahora Colau, cuestionando al Tribunal Supremo, que hay que cambiar la Ley. Y es precisamente esta reacción de Ada Colau la que explica por qué esta noticia y esta sentencia son tan importantes para todos los que vivimos en España.

 

Por un lado, si Colau se tomara la molestia de leer con atención la sentencia, comprendería un par de cosas que son básicas para la convivencia en nuestra sociedad y que han sido claves para el desarrollo económico y democrático de nuestro país en los últimos cuarenta años. Para que así siga siendo, es fundamental que el Supremo lo recuerde y que las colaus de este país se enteren. La Constitución española de 1978 establece en su artículo 33.3 que “nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes”.

 

La Sentencia del Supremo así lo subraya al explicar que “la municipalización de un servicio no se produce de manera automática por la atribución legal de la competencia, sino que exige del correspondiente acuerdo en el que ha de tenerse en cuenta la necesidad de proceder a la expropiación de derechos patrimoniales”. Y como el Alto Tribunal no tiene constancia de que se haya procedido a la expropiación, ni de que la concesión haya caducado, pues considera que la Sociedad General de Aguas de Barcelona sigue siendo la titular de esos derechos de concesión.

 

Lo fundamental de toda la cuestión es que si lo que Ada Colau pretende es municipalizar un servicio de agua sin indemnizar a sus titulares, no podrá hacerlo ni cambiando la ley. Tendría que modificar primero la Constitución y nada menos que un artículo del Título I en el que se recogen los derechos y deberes fundamentales. No es un procedimiento precisamente sencillo.

 

La otra cuestión de inmensa trascendencia en esta noticia es comprobar lo que está ocurriendo en algunos Ayuntamientos españoles, como Barcelona, o lo que ha ocurrido en otros como Valladolid. Municipalizar la gestión del agua se ha convertido en un dogma de fe: hay que hacerlo porque así lo exige la religión, perdón quise decir la ideología, de este comunismo renovado al que ahora llamamos populismo. No se trata de un proceso motivado a partir de estudios, datos técnicos, contables, ciertos y contrastables que justifiquen que al municipalizarse el servicio tendrá la misma o mejor calidad con un coste menor -que es lo que debería preocupar a un gestor municipal como representante de los ciudadanos-. Se trata de hacerlo porque la empresa privada es “el maligno” y la municipalización es una forma de exorcismo. Y, además, algunos como Colau pretenden hacerlo pasándose no una ley cualquiera, sino la Constitución, por el arco del triunfo.

 

Ese mismo impulso, entre ideológico y religioso, fue el que guio al alcalde de Valladolid y a sus socios de gobierno cuando municipalizaron la gestión del agua. Lo peligroso es que están jugando no con las cosas de comer, sino con las de beber, que son incluso más importantes. Estos rituales de la liturgia podemita, apoyados por un partido socialista -antaño racional-, ponen en riesgo un sistema de gestión de agua urbana en España que es un modelo por su calidad, eficiencia, buena gestión, precio y fiabilidad, en un país en el que, por sus características geográficas y climáticas, proporcionar agua 365 días al año, 24 horas al día, a todos sus habitantes, es una proeza.  

 

Es importante que a raíz de esta sentencia y de la reacción de la alcaldesa de Barcelona, recordemos que la gestión del agua es un servicio básico y fundamental, que es complejo y exige amplios conocimientos técnicos y que es además el servicio urbano mejor valorado en España. Es esencial que, como ciudadanos, empecemos a reclamar a quienes gestionan nuestros Ayuntamientos que se dediquen a solucionar problemas y no a cambiar por motivos ideológicos las cosas que funcionan bien. Tanto en Barcelona, como en Valladolid y en muchas otras ciudades españolas, hay muchas cosas importantes que hacer, como mejorar la seguridad ciudadana, construir vivienda social o soterrar infraestructuras que impiden el desarrollo de partes importantes de las ciudades. Y a eso deberían dedicarse sus alcaldes en vez de a montar empresas municipales para gestionar el agua o distribuir energía eléctrica, que además de acabar siendo chiringuitos para colocar amiguetes, ponen en riesgo el buen funcionamiento de servicios esenciales.