La guerra de la financiación autonómica
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La guerra de la financiación autonómica

La opinión de Diego Jalón en TRIBUNA. 

El domingo pasado, en una entrevista en El Periódico de Cataluña, la alcaldesa por accidente de Barcelona se olvidaba de las lágrimas derramadas en el pregón de las fiestas del Barrio de Gracia para jactarse de “su victoria” en el aeropuerto del Prat. “No llores porque ya se terminó, sonríe porque sucedió”, que decía García Márquez, Presumía Ada Colau de haber impedido la ampliación del aeropuerto, esa operación que iba a generar en el área de Barcelona 185.000 empleos, con una inversión por parte del Estado de 1.700 millones de euros.

 

No es extraño que Colau esté feliz. En esa misma entrevista explica que “lo que necesitamos es reducir vuelos y repensar nuestro modelo productivo y de consumo”. A ver, conociendo al personaje, lo de “repensar” puede sonar a redundante hipérbole. En realidad, Colau lo tiene claro y no precisamente porque lo haya pensado mucho. Su idea, si es que la podemos llamar así, es estar en contra de cualquier inversión y considerar sospechosa toda iniciativa que pueda generar empleo, riqueza o desarrollo económico. Y no le basta con que no se haga nada nuevo, ella es partidaria de deshacer lo ya hecho, en su pulsión por volver al medievo.

 

En esto coincide con la ministra de Trabajo, la siempre elegante y bien coiffée Yolanda que, pese a su cargo, también prefiere que unos patos sigan malviviendo junto a un aeropuerto que crear casi 200.000 empleos. Pero lo que más me intrigó de lo que decía la alcaldesa en la entrevista es que la ampliación del Prat en realidad escondía “una operación inmobiliaria detrás clarísimamente”.

 

Es tan clarísima esta operación, de la que ni los ecologistas más reacios a la ampliación habían comentado nada hasta ahora, que Colau no se molesta en dar ni un solo detalle. Y es una pena, porque tal vez si hubiese concretado los intríngulis de este misterio por el que sorprendentemente un aeropuerto se convierte en una oportunidad para dar un pelotazo inmobiliario, podría haber revolucionado el sector.

 

Hasta ahora y que se sepa, la cercanía a un aeropuerto, con el insoportable ruido de los reactores, era un impedimento casi insalvable para construir viviendas cerca. Incluso un motivo para que los que viven junto a ellos quieran salir corriendo en busca de un sitio más tranquilo para vivir. Pero Colau debe saber algo que los promotores inmobiliarios ignoran.

 

Casi todo en el rechazo a esta ampliación es complicado de entender. Incluso la oposición de los partidos independentistas, siempre exigiendo más inversiones, que ahora no quieren 1.700 millones de euros y poder independizarse contando en su nuevo país con uno de los mayores y más modernos aeropuertos de Europa. Hasta la excusa de evitar que la mano del hombre transforme La Ricarda, una finca de recreo privada modelada por arquitectos y paisajistas, resulta delirante.

 

Además, todo esto ocurre justo cuando casi todas las comunidades autónomas están preguntando al Gobierno qué hay de lo mío, inopinadamente divididas en tres bandos en los que se mezclan sin reparos y en cálida hermandad populares y socialistas, en una especie de remedo de la noche de San Crispín, “we happy few, we band of brothers”, en la que nobles y siervos, caballeros y soldados, se aprestaban a luchar juntos contra el francés.

 

Esta rebelión autonómica tiene, como decía, tres grandes frentes. Por un lado, están Andalucía (PP), Comunidad Valenciana (PSOE) y Murcia (PP). Ellos quieren una financiación en función del número de habitantes. Galicia (PP), Asturias (PSOE), Cantabria (PRC), La Rioja (PSOE), Extremadura (PSOE), Castilla-La Mancha (PSOE), Aragón (PSOE) y nuestra Castilla y León (PP) piden una financiación en función del “coste efectivo”, en la que se tenga en cuenta la despoblación de sus territorios y el envejecimiento de su población. Y en un tercer grupo, Baleares (PSOE), Cataluña (¿?) y Madrid (PP) piden que la financiación se distribuya en función del dinero que cada comunidad aporta al Estado. País Vasco y Navarra deben estar contentos con lo que hay y los canarios tienen ahora problemas más acuciantes.

 

Las tres facciones tienen argumentos para defender sus posiciones, aunque si de lo que se trata con la financiación autonómica es de garantizar a todos los españoles los mismos servicios, el del “coste efectivo” resulta el más sólido. El problema es acuciante y algunos presidentes autonómicos hablan de “hemorragia financiera”. Pero el Gobierno tiene otras prioridades y no está dispuesto a plantearse ahora una reforma del sistema que requeriría de una mayoría absoluta en el Parlamento y obligaría a los partidos a definirse por una opción cuando tienen tropas en los tres bandos.

 

Sánchez tampoco quiere afrontar una contienda en la que sabe que tiene en contra incluso a aliados tan queridos como Ximo Puig y en la que socialistas, populares, regionalistas, podemitas e independentistas están dispuestos a unirse para cuestionar su magnánimo liderazgo y liar la mundial justo cuando él solo quiere hablar de recuperación económica y de victoria contra la pandemia, no vaya a ser que acabe como el duque de Borgoña en Azincourt.

 

Lo que ahora quiere Sánchez es aprobar los presupuestos y tiene que conseguir los apoyos necesarios. Aunque es firme partidario de que sean las comunidades las que gestionen todos los servicios, incluso de pasarles el marrón de ocuparse de la pandemia y de la vacunación para colgarse él luego las medallas, no parece urgirle que tengan fondos suficientes para hacerlo, ni que los ciudadanos estén atendidos en sus necesidades más básicas, salvo si se trata de invertir en Cataluña, aunque sus gobernantes no quieran. El tic-tac de las elecciones autonómicas ya ha empezado a sonar. Veremos si los barones tienen paciencia o deciden que la guerra de la financiación no puede esperar.