La Fiscalía mantiene abiertas investigaciones penales sobre muertes en residencias en Salamanca

Un militar de la UME con traje de protección desinfecta espacios de una residencia geriátrica en Barcelona

El número de diligencias penales asciende en España a 140 sobre residencias donde se han producido fallecimientos y hay otras 202 de carácter civil.

El último recuento ofrecido por la Fiscalía General del Estado arroja que un total de 17 juzgados de toda España, tres de ellos en Castilla y León, tienen abiertas ya causas penales para determinar si hubo irregularidades relacionadas con la gestión de la pandemia de COVID-19 en las residencias de ancianos. En cuanto al número de diligencias penales abiertas por la Fiscalía y aún no judicializadas, el número total se acerca a 140, de las que unas 65 se localizan sólo en Madrid y otras 24 en Cataluña.

 

En el caso de Salamanca, la Fiscalía provincial mantiene abiertas diligencias penales tramitadas por fallecimiento de residentes, negligencia y omisión de medios de tratamiento y diagnóstico; hay once en total en Castilla y León contando con las provinciales de Ávila, Burgos, Palencia, León, Valladolid, Segovia y Zamora.

 

En cuanto a las diligencias civiles incoadas para tener un "conocimiento puntual de las necesidades" en residencia y establecimientos de mayores, en Castilla y León se han incoado 25 diligencias civiles (dos archivadas).

 

En cuanto a las actuaciones civiles en defensa de la protección de derechos, que se han tramitado como expedientes gubernativos y diligencias preprocesales o diligencias informativas civiles, se han registrado un total de 202 actuaciones, de las cuáles 185 siguen en trámite y 16 han sido archivadas según ha informado el Ministerio Público.

 

El peso de las investigaciones penales sigue recayendo en la Comunidad de Madrid, donde la Fiscalía Provincial ha incoado 58 diligencias de las que hay que restar no obstante las que se han acumulado en un único procedimiento por estar dirigidas contra una misma residencia y las que ya han pasado a manos de un juez. A ellas se suman 8 diligencias de investigación por parte de la Fiscalia de Móstoles-Fuenlabrada, 6 en el área de Getafe Leganés y o otras ocho por la fiscalía de Alcalá de Henares.

 

En cuanto a los casos ya judicializados, se mantiene abierta la instrucción penal por parte de los jueces de instrucción número 51, número 12, número 48 y número 42 de Madrid, a los que se suman el juez de instrucción número 1 de Navalcarnero y número 2 de Alcobendas.

 

En Cataluña se mantiene el número de diligencias respecto a semanas anteriores, como son la decena que tramita la fiscalía provincial de Barcelona, cuatro por la Fiscalía de Granollers, 1 en el área de Manresa-Igualada, 5 en Sabadell, 1 en Terrasa, 2 en Mataró y 1 en Tarragona. Tres jueces ya investigan en Sabadell y Cerdanyola del Vallés.

 

DILIGENCIAS CIVILES

Por otro lado, la Fiscalía mantiene en trámite muchas de las diligencias civiles incoadas para tener un "conocimiento puntual de las necesidades" en residencia y establecimientos de mayores distribuidos por toda la geografía española, en relación con la actividad tuitiva del Ministerio Fiscal.

 

Así, se ha registrado un leve repunte con respecto la semana pasada, cuando se contabilizaron un total de 192 actuaciones, de las cuáles 176 siguen en trámite y 16 han sido archivadas. Según el recuento difundido por la Fiscalía este martes, en total hay 202 actuaciones, de las cuales, 16 han sido archivadas, por lo que 185 continúan vivas.

 

Cataluña sigue siendo la comunidad que más investigaciones sobre amparo de personas en situación de vulnerabilidad tiene abiertas, siendo el total 86. De estas, una de ellas se archivó y otras tres se transformaron en diligencias de investigación, estando una de ellas ya cerrada.

 

El Ministerio Público incluye además dentro de las diligencias civiles otras actuaciones relativas a discapacidad, comunicaciones o centro de menores, como se aprecia en Galicia, donde se han registrado 16 diligencias, de las cuáles siete se han archivado. Entre ellas hay una relacionada con un centro de menores, otra por residuos sanitarios, otra por comunicación con la Fiscalía General del Estado y otras dos que fueron incoadas por la denuncia de un partido político o por un escrito de una asociación.