La empresa de Vega Terrón asegura que la Diputación nunca le pidió que pagara el canon

Imagen desde Portugal del muelle de Vega Terrón. Foto: F. Oliva

La empresa que gestiona todavía el muelle fluvial recurrió el expediente para quitarle la concesion. Asegura que La Salina nunca le reclamó el pago, ni cuando se prorrogó el contrato, y que era plenamente consciente de que no era posible el tráfico de mercancías.

El caso Vega Terrón está lejos de acabar. La Diputación ha tenido que volver a abrir el expediente para romper el contrato con la empresa que gestiona el muelle fluvial, lo que va a retrasar la solución: ya se inició en febrero de 2015 y ha habido que repetirlo porque La Salina se ha dejado pasar los plazos. Son otros 14 meses de deuda, pero ese es el menor de los problemas. El expediente no permitirá cobrar más que los cuatro últimos años, unos 85.000 euros, porque el resto hasta 600.000 ha prescrito. Pero es que ni siquiera esos cuatro años años de canon va a ser fácil recuperarlos porque la empresa ya se ha posicionado en contra.

 

A principios de 2015 salió a la luz pública una insólita situación. La empresa concesionaria de la gestión del muelle fluvial de Vega Terrón, una instalación pública, no había pagado ni un solo euro del canon que le correspondía desde que se le concedió el contrato en 1997 y hasta el 31 de diciembre de 2014. La denuncia del grupo socialista en la Diputación precipitó los hechos y obligó al equipo de Gobierno de Javier Iglesias a hacer algo después de 18 años sin tener conocimiento alguno de lo que estaba pasando. Los incumplimientos están valorados en más de 600.000 euros.

 

 

RECURSO DE VEGATER

 

En un intento por recuperar parte de esta cantidad, la Diputación ha puesto en marcha el expediente para resolver el contrato y reclamar cantidades, algo que ha tenido que hacer de nuevo ahora. El encargado fue el diputado de Fomento, Carlos García Sierra, precisamente quien tenía la competencia de vigilar el cumplimiento del contrato, y que en su día aseguró que ya se habían dado cuenta, pero que no encargó el informe sobre las deudas hasta que el PSOE no lo denunció en comisión informativa. García Sierra, responsable del desaguisado, anunció en el pleno del 28 de enero que se iniciaba un expediente de reclamación por incumplimiento de contrato contra VegaTER, la empresa concesionaria. 

 

Ya entonces, la empresa decidió recurrir el expediente, y lo previsible es que repita con los mismos argumentos de los que TRIBUNA ha tenido conocimiento y que atacan precisamente en la inacción de los sucesivos equipos de Gobierno de la Diputación sobre este tema: el principal argumento es que nunca se pidió el pago porque la institución provincial sabía que no se había podido desarrollar la actividad en su totalidad.

 

VegaTER, sociedad controlada por la consultora Inzamac, asegura en su defensa que en los 18 años de concesión  la Diputación nunca se dirigió a la empresa para comunicar el impago o para requerir por el incumplimiento, ni en 1997 ni en años sucesivos; para la empresa, eso es suficiente para justificar que no se haya pagado y acusa a la Diputación de romper el principio de confianza y buena fe contractual.

 

Señala para reforzar su argumento que cuando en 2002 se renovó el contrato la Diputación ya tenía conocimiento de la situación y que era fundamentalmente, la misma por la que ahora se pretende resolver el contrato: impago de canon. En aquellos momentos ya se producía, con conocimiento de la Diputación, la principal dificultad.

 

Según la empresa, el contrato estaba ligado al volumen de tráfico de mercancías que se lograra. Es conocido que las obras en las exclusas por parte de Portugal han limitado este tráfico y VegaTER mantiene que la Diputación era plenamente consciente de que no había sido posible el desarrollo total de la actividad para la que se firmó el contrato de gestión del muelle y que su explotación ha sido muy deficitaria para la sociedad. Para demostrarlo, la sociedad ha aportado balances anuales de ingresos y gastos.

 

 

RESPONSABILIDADES

 

En toda esta deficiente gestión, el grupo socialista apunta a la responsabilidad de los sucesivos equipos de Gobierno del PP en La Salina durante los 18 años del contrato, Isabel Jiménez y Fernández Mañueco, y especialmente a sus actuales responsables: el presidente Javier Iglesias y el vicepresidente Carlos García Sierra. Ninguno de ellos se preocupó nunca de la situación real del contrato de explotación del muelle de Vega Terrón a pesar de que era una de sus competencias directas, también del área de Fomento que dirige García Sierra, que debiera ocuparse de los cobros por este contrato.

 

Si la reclamación resulta fallida, el vicepresidente y diputado de Fomento tendrá que hacer frente a las peticiones de renuncia que ya le lanzó la oposición al final de la pasada legislatura por su gestión del asunto y, especialmente, por el desconocimiento de lo que ha estado ocurriendo en el área de Fomento, que ha dirigido dos de las legislaturas completas que ha abarcado este contrato. Peticiones que se han hecho extensivas al presidente Javier Iglesias en los últimos días.

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