La Diputación suma otros dos años sin cobrar el canon por el uso de Vega Terrón

Imagen desde Portugal del muelle de Vega Terrón. Foto: F. Oliva

El equipo de Gobierno de Javier Iglesias saca adelante la rescisión del contrato dos años después de que en febrero de 2015 se supiera que la concesionaria no había pagado ni un euro en 18 años. El trámite para romper el contrato se ha empantanado por sucesivos errores y mala gestión.

La Diputación de Salamanca ha completado su segundo intento por cerrar el escándalo de Vega Terrón, el desaprovechado muelle fluvial salmantino, una infraestructura millonaria en la que se ha permitido que una empresa haya estado explotando sin pagar durante casi 20 años. Lo ha hecho aprobando en pleno la resolución del contrato, un trámite aparentemente fácil que ha llevado casi dos años que se suman a los 18 que la empresa concesionaria llevaba sin pagar el canon establecido cuando salió a la luz este desastre.

 

El equipo de Gobierno que encabeza Javier Iglesias ha fracasado una y otra vez en su intento por reconducir la situación, pero hasta ahora no ha conseguido nada. No se ha reclamado ni un euro de los cerca de 600.000 que ha dejado de pagar la concesionaria; se han dejado pasar dos años más sin cobrar canon y se suman los años 2015 y 2016 enteros; con todo, no se podrán reclamar más de unos 80.000 euros, los cuatro últimos años de contrato, porque el resto ha prescrito. Y eso si la empresa, que se niega a las pretensiones de la Diputación, no logra irse indemne. Además, el muelle habría estado funcionando sin seguro estos dos años adicionales ya que era uno de los requisitos que no cumplía la empresa.

 

La última medida se tomó este viernes en el pleno de la Diputación provincial, pero ahora habrá que ver si tiene efecto. No es la primera vez que el actual equipo de Gobierno intenta romper el contrato y no lo consigue. A día de hoy, el asunto tendría que estar resuelto y con una nueva concesionaria en el muelle, que languidece por la falta de un proyecto claro para su explotación. Sin embargo, no está solucionado por una catarata de malas gestiones.

 

Después de que el 24 de febrero de 2015 el PSOE descubriera la situaciónla Diputación inició el proceso para la resolución, que pasaba por abrir expediente y dar parte a la empresa. Sin embargo, no se hizo nada durante meses y en el área de Fomento se dejaron pasar los plazos. En agosto de 2015 el Consejo Consultivo, al que se había llevado el caso, confirmó que se habían pasado los plazos para que el expediente fuera válido.

 

Así que hubo que volver a empezar y en abril de 2016 la caducidad y resolución del contrato volvió al pleno para que, quince meses después, se pudiera iniciar el proceso de reclamación de cantidades y la rescisión con la empresa. Sin embargo, de nuevo los meses fueron pasando sin que se hiciera nada y el pasado 28 de octubre la Diputación llevaba al pleno un informe sobre la resolución del contrato. Se trataba de un paso para consultar al Consejo Consultivo, el mismo trámite hecho más de un año atrás. Ahora, tres meses después, se ha vuelto a aprobar la propuesta para resolver el contrato. Se ha aprobado la ruptura del contrato y el presidente se arroga el proceso para intentar acelerarlo.

 

 

600.000 EUROS SIN RECLAMAR

 

El equipo de Gobierno de Javier Iglesias ha sido incapaz de gestionar este escándalo. En su día, cuando el PSOE lo denunció en enero de 2015, empezó por negar lo ocurrido (incluso el vicerpresidente Carlos García Sierra esgrimió un informe previo que se demostró había sido encargado después de saltar el escándalo), pero tuvo que rendirse a la evidencia: un informe de la propia área de Fomento reconocía que la Diputación no había cobrado ni una sola vez el canon a la empresa concesionaria del muelle de Vega Terrón. Iglesias y su vicepresidente se han negado a asumir ningún tipo de responsabilidad a pesar de que muchos de estos 18 años sin cobrar el canon han sido con ellos como responsables políticos.

 

En concreto, la empresa VegaTER no pagó ni un euro en 18 años y La Salina tampoco se lo reclamó: en total, 375.822,11 euros desde el 25 de abril de 1997 al 31 de diciembre de 2014. A ello hay que sumar el importe de mejoras, de los seguros obligatorios, de garantías, obras y amortización de instalaciones, todo pactado y que no se pagó, para un total de cerca de 600.000 euros. De ellos, y según ha reconocido la propia Diputación, sólo se podrán reclamar poco más de 81.000 euros, los últimos cuatro años de vigencia del contrato porque el resto han prescrito.

 

Eso, si la empresa no se opone. La concesionaria asegura que la Diputación no sólo nunca le reclamó nada, sino que estaba al tanto de la complicada situación económica de la explotación, muy por debajo de las expectativas creadas.