La Diputación destruyó expedientes de contratos coincidiendo con la denuncia de irregularidades

Carlos García Sierra (izqda) y Javier Iglesias, diputado de Fomento y Presidente de la Diputación de Salamanca

El equipo de Gobierno reconoce que se llevó documentación a la trituradora de papel: ese sería el destino de expedientes de empresas que concurrieron a concursos y que no fueron adjudicados. Esto impediría comprobar si las concesionarias fueron la oferta más ventajosa.

Era un rumor extendido, pero ahora ya se puede decir que es una realidad: la Diputación destruyó papeles relativos a expedientes de contratación. Y lo hizo en los mismos días en que denunció ante la Fiscalía que durante años se produjeron irregularidades en las adjudicaciones de obras. Este medio ha podido saber que el equipo de Gobierno de la Diputación admite que determinada documentación ha acabado en la trituradora de papel. Y que se trata de expedientes con los datos de las ofertas hechas por empresas para concursar en la adjudicación de contratos.

 

Los hechos se remontan al 21 de noviembre, cuando sale a la luz que la Diputación está envuelta en una trama de adjudicaciones irregulares de obras. El escándalo vino acompañado de una serie de extraños movimientos en el vestíbulo de la sede de La Salina y en el parque de maquinaria de la Diputación. Según el PSOE, que se apresuró a denunciar la situación, miles de papeles habían acabado en la trituradora de documentos justo después de que el equipo de Gobierno hubiera llevado una selección de contratos a la Fiscalía.

 

Ahora, según ha podido saber TRIBUNA, la Diputación ha confirmado que la destrucción de papeles existió y que coincidió con aquellas jornadas. Según ha reconocido el equipo de Gobierno, se trata de documentación relacionada con la adjudicación de contratos, más concretamente, la de empresas que han concursado y no han resultado adjudicatarias. Esto impediría, en primer lugar, que se pudiera comprobar si las empresas que se llevaron cada contrato lo hicieron por concurrir con una oferta más ventajosa o si, por contrario, esta correspondía a empresas descartadas.

 

Según los datos conocidos, la Diputación adjudicó "infinitos" contratos menores y una veintena por procedimiento negociado a cinco empresas de las que se sospecha que se beneficiaron de un trato preferente para conseguir obras por 12 millones de euros. Corresponden a la etapa en la que Carlos García Sierra, actual vicepresidente, ya era diputado de Fomento; igualmente, existen casos que corresponden a la etapa de Javier Iglesias como presidente ya que llegan, al menos, hasta 2012.

 

Una vez admitidos los hechos, el equipo de Gobierno habría fundamentado su decisión en que es el procedimiento habitual: se comunica a las empresas que pueden recoger los expedientes y, si no lo hacen, se destruyen. Sin embargo, esta práctica va en contra de los procedimientos más extendidos en materia de gestión de documentos. Para llegar a una destrucción, lo habitual es hacer una relación de los documentos que se van a eliminar, se abre un expediente y se hace un registro de la destrucción. Trámite que no se ha seguido por la Diputación de Salamanca.