La Diputación de Salamanca tendrá que pagar casi 500.000 euros por despedir a cuatro trabajadoras de la guardería

La escuela infantil Guillermo Arce de la Diputación de Salamanca.

El juzgado ha dado la razón a las empleadas a las que La Salina intentó destinar a otros puestos cuando decidió cerrar la guardería Guilermo Arce.

La Diputación de Salamanca tendrá que pagar casi medio millón de euros de indemnización a cuatro trabajadoras de la guardería Guillermo Arce a las que hubo que despedir con el cierre del centro hace unos meses. Así se desprende de la sentencia del Juzgado de lo Social número 2 de Salamanca que da la razón a las trabajadoras y condena a la institución provincial a pagar cerca de 120.000 euros a cada una en concepto de indemnización por eliminar su puesto de trabajo.

 

El pasado día 22 de diciembre TRIBUNA informaba de la sentencia judicial que declaraba nula la decisión de la institución provincial de asignar al personal de la guardería al programa 'Crecemos' tras el cese de las actividades en el centro. Eso suponía que la Diputación tendría que readmitir a cuatro educadoras con 40 años de servicio, pero no puede hacerlo porque los puestos de la guardería están amortizados al haber cerrado. Así, la única opción ha sido una cuantiosa indemnización.

 

Según la sentencia del Juzgado de lo Social número 2 de Salamanca el juez declaraba nulo por defectos formales el decreto de 15 de septiembre de 2019 por el que la Diputación, con la firma de su presidente, asignaba a cuatro educadoras de la guardería al nuevo programa 'Crecemos', lo que según el fallo es un cambio sustancial de las condiciones de trabajo de las profesionales y no es legal.

 

En septiembre pasado, la Diputación comunicó a las cuatro afectadas, profesionales con 40 años de ejercicio, que pasaban a desempeñar funciones de supervisión, evaluación y gestión del programa de guarderías en los pueblos. Desde entonces han realizado inventario de material de la 'Guillermo Arce' y algunos trabajos del programa 'Crecemos'. Sin embargo, las afectadas recurrieron la decisión, primero, y llevaron la resolución del presidente provincial a los juzgados, después. El juzgado de lo social les ha dado la razón y ahora ha fijado las indemnizaciones.

 

Al no poder ser admitidas de nuevo a su puesto, porque se han amortizado las plazas con el cierre del centro, habrá que indemnizar con una cantidad que se antojaba ya entonces sustanciosa: los sueldos de las educadoras, que llevaban en la 'casa' desde los años '70, rondaban los 3.000 euros brutos al mes. Finalmente, el montante total rondará los 500.000 euros, a razón de unos 120.000 euros en cada caso.

 

 

La decisión del cierre

 

La Diputación esgrimió para el cierre de la guardería que este servicio "tiene menos sentido hacerlo en la ciudad" y lo sustituía por servicios similares a una veintena de municipios de la provincia donde la Diputación considera que sí le corresponde dar este servicio. Sin embargo, al cambiar de fun

 

El asunto arranca en junio de 2017 cuando la Diputación de Salamanca anuncia que va a cerrar el centro. El presidente de la institución, Javier Iglesias, sentenció el cierre de la guardería a pesar de las peticiones para reconsiderarlo. Ciudadanos criticó el cierre sin que se buscara otra alternativa como ceder la gestión a la Junta o al Ayuntamiento de Salamanca y así evitar que la Diputación tenga que seguir dando un servicio que no le corresponde, pero hacerlo sin cerrar el centro. Y el PSOE pidió a Iglesias que desista de su plan para cerrar la escuela infantil por la escasez de la oferta pública en Salamanca, por lo que insistió que había que buscar otras alternativas al cierre.

 

A pesar de ello, la Diputación siguió adelante con sus planes. En el curso 2017/2018 el centro ya no hizo admisión para los niños más pequeños.