La Diputación, condenada a pagar más de 200.000 euros que escatimó a un contratista

El presidente de la Diputación, Javier Iglesias, y la diputada de Hacienda, Chabela de la Torre. Foto: Ch. Díez

La justicia condena a La Salina a pagar 202.000 euros, intereses y costas a la anterior empresa concesionaria de los servicios de seguridad: el juzgado anula la pretensión de la Diputación de pagar por debajo del precio de la licitación.

La Diputación de Salamanca tendrá que abonar, con casi cuatro años de retraso, una parte importante del contrato que firmó con una empresa para los servicios de vigilancia y seguridad. Y lo hará una vez que el juzgado ha requerido a la institución que preside Javier Iglesias para que lo haga y a pesar de que ya se negó en una ocasión a saldar su cuenta.

 

Según una sentencia de este mes de marzo a la que TRIBUNA ha tenido acceso, el juzgado de lo contencioso-administrativo ha condenado a la Diputación de Salamanca a pagar 202.842 euros a la empresa VASBE, que fue concesionaria de los servicios de vigilancia y seguridad de la Diputación. La cantidad corresponde a una parte del contrato firmado para proporcionar los citados servicios entre 2010 y 2012 por un valor de 1,6 millones de euros y que La Salina se negó a abonar en su día saltándose los términos del contrato.

 

En el origen de la disputa están las mejoras ofrecidas por el contratista. Según la Diputación, la empresa se ofreció a dar una serie de mejoras que consistían en horas de servicio que no se facturarían al precio estipulado. Alegando este acuerdo, La Salina facturó los servicios de la empresa por debajo del precio fijado. Sin embargo, no hay constancia de semejante acuerdo y por eso el juzgado ha fallado contra la Diputación.

 

Durante 2010 y 2011, la empresa facturó sus servicios a un precio fijo, 57.643 euros al mes; y también lo hizo en 2012, pero a 68.912. Esta diferencia es la que reclama la empresa ya que la Diputación abonó sus servicios al precio de los primeros años.

 

La empresa ya reclamó en 2013 la cantidad que se le adeudaba, pero lo hizo en un procedimiento administrativo previo a la denuncia. La Diputación se sirvió de un decreto de presidencia de junio de aquel año, ya con Javier Iglesias de presidente, para denegar el pago de la deuda. Y la empresa lo llevó al juzgado y le han dado la razón.