La Dictadura de Miguel Primo de Rivera (XII)
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La Dictadura de Miguel Primo de Rivera (XII)

Nueva entrega del análisis que hace Ramón Tamames de la dictadura de Miguel Primo de Rivera. 

Vamos terminando ya la serie sobre “los trabajos y los días” de Don Miguel Primo de Rivera. A quien se puede criticar por muchas cosas, pero que entre 1923 y 1930 hizo crecer la economía española –cierto que en una etapa de bonanza universal—, a una velocidad de crucero del 4,4 por 100 acumulativo anual del PIB, con casi un 30 por 100 en total en el sexenio. Lo cual se apreció en la expansión de las clases medias, y en las nuevas infraestructuras, como estamos viendo en esta serie, que cambiaron el funcionamiento de la economía española.

 

 

Empresas públicas para fumadores: fósforos y tabacos

 

Con la finalidad principal de obtener recursos para el Tesoro, la Hacienda Pública española se había reservado, desde mucho tiempo antes de la dictadura, la producción y distribución en exclusiva de determinadas mercancías. Esos monopolios, o estancos, abarcaban un buen número de artículos, todos ellos de alta estimación y prácticamente sin sustitutivos: sal, tabaco, papel sellado y fósforos. Así como una serie de mercancías incluidas dentro de las llamadas siete rentillas: pólvora, plomo, azufre, almagre, bermellón, naipes y lacre.

 

En el tiempo de la dictadura aún subsistían plenamente tres de esos monopolios, el del tabaco, el del papel sellado y el de fósforos. El del papel sellado se remontaba a Felipe IV, y en él no se experimentaron cambios especiales entre 1923 y 1930.

 

En cuanto al monopolio de cerillas y fósforos, en 1892 se otorgó en concesión a la Compañía Arrendataria de Fósforos (CAF), y de los tiempos de la dictadura sólo hay que destacar una Real Orden, de 31 de enero de 1924, por la cual se prohibió la venta libre de productos de competencia para las cerillas: encendedores y sus accesorios, tanto en su tenencia como circulación; disposición más pintoresca que otra cosa.

 

En lo concerniente al Monopolio de Tabacos, el Estado intervino su comercio desde el siglo XVII, y en 1887 se lo cedió en arrendamiento a Tabacalera, S.A., situación que pervivió durante la dictadura sin cambios. Salvo en lo relativo a Ceuta y Melilla, donde por un Real Decreto publicado en la Gaceta, el 2 de julio de 1927 se adjudicó la exclusiva a Juan March, que ya tenía previamente la exclusiva en todo el protectorado de Marruecos. En condiciones que fueron de marcado favoritismo por parte del dictador, dando muy mala imagen del mismo.

 

José Calvo Sotelo, ministro de Hacienda de Primo de Rivera, e impulsor de la creación de CAMPSA, monopolio de petróleos durante medio siglo

 

Al publicarse esa concesión, en el mismo 1927, la prensa publicó una de las clásicas notas o gacetillas del general, en la que éste reconocía que “March había sido incluso un pirata, pero que él lo absolvía de sus pasados errores.” Y fue para celebrar esa purificación por lo que se le hizo entrega de la venta de tabacos en las plazas de soberanía de Marruecos, quitándosela al Monopolio y de la Tabacalera.

 

Esa concesión disminuiría la popularidad del dictador, pues el magnate March siempre llevaba el agua a su molino. Como se demostró durante la Segunda República, y también a lo largo de una buena parte del ulterior franquismo.

 

El Monopolio de Petróleos y la CAMPSA

 

En cuanto al mercado petrolero, al proclamarse la dictadura en 1923, el sector experimentaba el auge más espectacular por la creciente difusión del transporte automóvil, con un mercado de combustible que de hecho estaba monopolizado por dos grandes trusts internacionales, la Standard Oil Company y la Royal Dutch Shell. Que se repartían amigablemente el mercado; hasta que en 1925 entró en liza un tercer distribuidor: la Sociedad Hispano-Francesa Porto Pi, que pretendía abastecerse de petróleo soviético.

 

Era seguro –dijo después José Calvo Sotelo— que los tres grupos mencionados habrían llegado fácilmente a un acuerdo, y una vez firmado el tripartito, el consumidor español habría quedado a merced de las entidades coaligadas, sin posible emancipación, maniatado por completo”.

 

Las reflexiones anteriores patentizaban que, para el ministro de Hacienda, España carecía de política petrolera, lo cual era efectivamente cierto, pues en un mundo en rápida motorización los gobernantes de Madrid no supieron prever tan acuciante necesidad. Mientras tanto, Inglaterra, siempre alerta a mantener su gran poder mundial, tomó posiciones en una de las más poderosas compañías (la AngloIranían Oil Company). E Italia, siguiendo parecida orientación, fundó la Agenzia Generale Italiana dei Petroli (AGIP), que, en consorcio con varios trusts extranjeros, y vinculada a algunas sociedades rumanas, tutelaba el comercio y el consumo petrolero en todo el país.

 

Por su parte, Francia, menos presurosa por razón de trabas parlamentarias, tras diversos proyectos de ley en pro del monopolio, llegó a la creación de una compañía genuinamente francesa, aportando a ella la participación que la república tenía reservada en los yacimientos de Mossul, Irak.

 

España, por su parte, permanecía indiferente, cual si no hubiera necesidad de petróleo. “¡Y cada día –exclamó Calvo Sotelo en Mis servicios al Estado— importábamos mayor número de motores Diesel, y nuestra flota, ya mercante, ya de guerra, se construye a base de combustibles líquidos, y el tráfico automovilista demanda cantidades crecientes de gasolina, en tanto que la aviación progresa vertiginosamente!”.

 

Para acabar con semejante estado de cosas, de falta de una política propia y de monopolio ejercido sobre el país desde el exterior, Calvo Sotelo ideó la creación del Monopolio de Petróleos, de carácter público, según se confirmó en el preámbulo del Real Decreto-Ley de su creación, de 28 de junio de 1927.

 

Los fines del proyecto eran dos. El primero, de carácter fiscal, consistía en sustituir el monopolio privado existente de facto por un sistema público que, absorbiendo los beneficios de la distribución, evitara la evasión fiscal y aumentase los ingresos del Estado. La segunda finalidad era de carácter económico: emancipar la economía nacional del monopolio extranjero de facto.

 

El Monopolio se ideó como un organismo del Estado, adscrito al Ministerio de Hacienda en régimen de desconcentración de servicios, y con jurisdicción en cuarenta y ocho provincias (todas las de la Península y las Islas Baleares); dejando las dos provincias de Canarias, y Ceuta y Melilla como áreas exentas. Más concretamente, los fines que se asignaron al Monopolio fueron los siguientes:

 

  • Intensificar y estimular los trabajos de sondeos encaminados al alumbramiento de petróleos naturales en subsuelo español.
  • Impulsar el establecimiento de la destilación de residuos de la hulla, lignitos, turbas y pizarras carbonosas, así como el aprovechamiento del benzol producido en las fábricas de gas.
  • Adquirir alcoholes nacionales para fabricar combustibles líquidos por medio de su mezcla con gasolina cuando así conviniera a los intereses generales del país, especialmente a la viticultura.
  • Procurar la formación de técnicos especialistas en todas las industrias concernientes al petróleo.
  • Constituir stocks suficientes para la defensa nacional durante un año y para el consumo comercial e industrial durante cuatro meses.
  • Establecer la industria del refino gradualmente a fin de que en el primer quinquenio pudiera quedar implantada, como mínimo, la del 80 por 100 de los productos petrolíferos que se consumían en el país.
  • Adquirir yacimientos petrolíferos en los países productores, especialmente en los de la América española, ya directamente, ya por medio del control de las sociedades propietarias.
  • Organizar la red distribuidora de los petróleos, gasolinas y demás productos monopolizados, a fin de facilitar su venta en todos los municipios y núcleos importantes de población.
  • Abonar mensualmente al Estado, en concepto de anticipo, una cantidad no inferior de la doceava parte de lo liquidado en el último ejercicio.
  • Organizar, con cargo a la Renta, un servicio de vigilancia para la represión del contrabando.

 

Para agilizar el funcionamiento del nuevo organismo, Calvo Sotelo decidió que lo mejor sería establecer una Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, CAMPSA (una sigla, que algunos chuscos tradujeron como Consorcio de los Amigos de Martínez-Anido y Primo, S.A.) para lo cual se convocó el correspondiente concurso público, al que se presentaron seis proposiciones. Y que se resolvió a favor del proyecto de 31 principales bancos del país más varios adheridos; entre ellos Sabadell y Henry, la única empresa de refino existente por entonces en España.

 

La idea del monopolio no cabe duda de que fue brillante, sobre todo en cuanto a que pudiera ser el arranque de una potente industria nacional según las previsiones antes examinadas. Pero la realidad fue muy otra, pues si como órgano delegado del Monopolio, CAMPSA cumplió con la finalidad fiscal –que implicó, naturalmente, la distribución comercial y la recaudación tributaria—, sin embargo dejó muy en segundo plano el desarrollo de la industria petrolera en la que tantas esperanzas se habían puesto.

       

Efectivamente, los cometidos de carácter industrial, apenas fueron abordados por CAMPSA, siendo atendidos por otras empresas, la mayoría sin participación estatal, y sí en cambio con presencia de los bancos triunfantes en la adjudicación.

 

CAMPSA en sentido estricto, ésta funcionó como concesionaria del monopolio hasta su extinción en 1992, dentro de la política de libre competencia y de privatizaciones asumida por España tras su ingreso en la CE. Hoy CAMPSA es, meramente, una marca comercial perteneciente al Repsol ya privatizado, que la utiliza para una parte de su red de estaciones de servicio. La última función de CAMPSA, de mera distribuidora, empleando para ello su red de oleoductos, se cobijó en la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH), que también fue privatizada, finalmente, en 2002.

 

Para terminar con la sección sobre la política petrolera del dictador, recordemos que la primera empresa en abordar el refino de petróleos en España de modo integral fue la Compañía Española de Petróleos, S.A. (CEPSA), del grupo financiero del Banco Central, constituida en 1929. El fin fundacional de CEPSA era la explotación de los terrenos petrolíferos adquiridos a la Falcon Oil Corporation en Venezuela y el refino de los crudos de ellos extraídos; en una refinería en un área exenta del monopolio de CAMPSA, en Canarias, en Santa Cruz de Tenerife.

 

La Compañía Telefónica Nacional de España

 

Las telecomunicaciones escritas o verbales a distancia (correo, telégrafo en sus diversas variantes, teléfono y ahora todos los sistemas electrónicos de la Red) son de fundamental importancia para el desarrollo económico y social, al permitir que se conecten los agentes de la actividad económica situados en puntos alejados entre sí; siendo, pues, el medio para mejor preparar y realizar multitud de proyectos y transacciones económicas.

 

Los servicios postales españoles progresaron de manera importante con su adhesión a la Unión Postal Universal, convenida en Berna en 1878. Actuación que se completó con la Unión Postal de las Américas y España, acordada en 1928, en tiempos, pues, de la dictadura. De ese modo, el área del hemisferio occidental y la Península y sus islas adyacentes, pasaron a configurarse en un territorio postal único, con tarifas homogéneas.

 

En cuanto a los teléfonos, la primera conferencia telefónica celebrada en España —con carácter experimental— se produjo en Barcelona (entre Montjüich y La Ciudadela) el 16 de diciembre de 1877, un año después de la invención de tal ingenio en EE.UU. Luego, entre finales del siglo XIX y 1924, el desarrollo del servicio telefónico en España se hizo comparativamente lento, debido al fraccionamiento de su explotación entre el Estado, los ayuntamientos y diputaciones, y algunas empresas y concesiones particulares. En 1923, los teléfonos instalados eran sólo 78.000; menos de un centenar automáticos, y con servicio internacional sólo para Francia y Suiza.

 

Ese mismo año, el jefe del último gobierno constitucional antes del golpe de Primo de Rivera, el tantas veces mencionado señor García Prieto, recibió la visita de Mr. Lewis J. Proctor, emisario del Coronel Benh, presidente de la International Telephone and Telegraph Corporation (ITT), quien le expuso las excelencias de generalizar el teléfono automático. Pero García Prieto, hombre irresoluto, que no sabría qué hacer meses después frente al golpe de Estado militar, no adoptó ninguna decisión sobre el tema.

 

Edificio de la sede de Telefónica en la Gran Vía de Madrid, evocación, por su arquitectura, de Manhattan, Nueva York. Durante tres décadas fue la referencia de mayor altitud alcanzada en las ciudades españoles

 

Transcurridos algunos meses y ya con Primo de Rivera en el poder, el señor Barroso —antes en la Administración de García Prieto y ahora ya abogado de la ITT— acompañó al mismísimo Coronel Benh al despacho oficial de la Presidencia del Gobierno, ahora ocupado por el dictador. Mr. Proctor, para entonces había entrado en relaciones con el Banco Urquijo, que actuó como merchant bank, y pronto se hizo pública – Ramos Oliveira dixit— “con la natural satisfacción de unos intereses y el duelo de otros, el nacimiento de la Compañía Telefónica Nacional de España (CTNE)”.

 

Formada con un capital de 135 millones de pesetas, y dominada por la ITT, a la CTNE revirtieron todas las redes telefónicas por entonces existentes, con la excepción de la municipal de San Sebastián, Guipúzcoa, que sólo mucho después, en 1971, se integró en el sistema.

 

Así, España, que antes de 1925 carecía de una red nacional telefónica efectiva, pasó a tenerla en poco tiempo con la dictadura, así como una industria auxiliar creada ad hoc para una buena parte de los suministros necesarios de la red. El servicio se extendió rápidamente, funcionando con eficacia, incluso durante la guerra civil, entre las dos zonas, cuando así se acordaba entre las partes en conflicto. Por lo demás, la república debió considerar que el servicio de la CTNE era eficiente, pues nadie hizo nada para cambiar el contrato inicial. Y la efigie de la Telefónica, con su moderno edificio de 13 plantas y 85 metros de altura en la Gran Vía, se convirtió en uno de los símbolos del nuevo Madrid moderno.

 

Pasados los veinte años de la concesión, a comienzos de abril de 1945, el gobierno de Franco anunció haber llegado a un acuerdo con la ITT, lo cual permitió nacionalizar la CTNE mediante la adquisición del 80 por 100 de las acciones en manos extranjeras. Para ello se realizó un desembolso de 60 millones de dólares, la mayor parte en bonos de la Administración. El capital de la CTNE sería en lo sucesivo propiedad de particulares, con cotización en bolsa, y con presencia importante del Estado, que además se reservó plenas facultades a través del delegado del gobierno en la compañía.

 

La CTNE se mantuvo como un monopolio de servicio público hasta la década de 1990, cuando siguiéndose el mismo modelo que ya hemos visto para el mercado petrolero, se privatizó gradualmente, hasta que el Estado vendió su última participación en 1997.

 

En paralelo, se dio entrada a nuevas empresas al mercado de telecomunicaciones, abriéndose de esa manera a la competencia, y utilizándose la red de Telefónica como portadora (carrier) para todas las empresas de telefonía fija, mediante el pago de un canon. En tanto que para la móvil, se recurrió como carrier a otra empresa pública, Retevisión, que con el tiempo también resultó privatizada.

 

Otras empresas y emprendimientos

 

Además de lo mucho que hemos visto de creación de una serie de empresas públicas y mixtas por parte de la dictadura, debemos recordar aquí la expansión bancaria promovida con las nuevas entidades del Banco Exterior de España, y el de Crédito Local. Igualmente, hubo iniciativas interesantes, incluyendo la Ciudad Universitaria de Madrid, el edificio de los Nuevos Ministerios, del arquitecto Zuazo, luego terminado por la Segunda República. Como análogamente sucedió con las construcciones escolares graduadas en las principales ciudades, generalmente atribuidas a la República, pero que se habían iniciado ya con Primo de Rivera.

 

El buque-escuela Juan Sebastián Elcano, construido en los tiempos de Miguel Primo de Rivera, y navío embajador de España, con casi una veintena de vueltas al mundo

 

Y dejamos para lo último lo más simbólico de toda actuación de Don Miguel, que se propuso dotar a España de un buque-escuela en condiciones. Y por ello se puso de acuerdo con astilleros vascos para construir un navío tan maravilloso como el Juan Sebastián Elcano (1927), que en poco tiempo cumplirá un siglo, habiendo surcado 19 veces el perímetro del planeta, como hizo Don Juan Sebastián, en la nao Victoria, entre 1519 y 1522.

 

 

Dejamos aquí el tema para proseguir y terminar en la próxima jornada, que será la XIII. Y como siempre, los lectores de Tribuna pueden conectarse con el autor a través del correo electrónico [email protected].