La desgracia de buscar los favores de un (presunto) corrupto

Imagen de la guardería de 'Mis Pollitos' situada en la Cuesta de San Blas de la capital salmantina

La empresaria del grupo 'Mis Pollitos' pierde contratos y cierra varios centros en la vorágine de la 'operación Lezo' y la polémica de las guarderías de Salamanca. Está imputada por la Audiencia Nacional mientras se liquida la sociedad que montó con Ignacio González para ampliar un emporio que se tambalea.

Pocas veces el destino de (presuntos) corruptores y corruptos se visualiza de manera tan cruda como en un gran caso. La gran cobertura mediática que los acompaña se encarga de recoger de manera detallada todo aquello de lo que se les acusa, sus vidas, obras y milagros, sus entradas en comisarias y juzgados, las graves declaraciones en los banquillos más duros de la justicia, las entradas y salidas de prisiones fianza mediante... Un periplo que, independientemente del veredicto que les toque, pone patas arriba las vidas y negocios de los afectados.

 

Esto es lo que le ha pasado a Carmen Pazos, implicada según la justicia en la 'operación Lezo', el macrocaso de corrupción que tiene en el centro al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, por el saqueo de la sociedad pública Canal de Isabel II. La empresaria salmantina es una de las 52 investigadas en las varias piezas en las que está dividida la causa, la suya, la que tiene que ver con el supuesto blanqueo de dinero procedentes de comisiones ilegales. Según las tesis de la Audiencia Nacional, 400.000 euros de 'mordidas' entraron en una sociedad de la que Pazos era parte junto a Ignacio González, su mujer Lourdes Cavero y varios familiares.

 

Mientras esto se aclara, la empresaria está pagando ya las consecuencias de haber buscado como socio al expresidente madrileño. Según informaciones periodísticas, las presentaciones las hizo otro habitual de las páginas de corrupción, el expresidente de la patronal de Madrid, Arturo Fernández. Fue a través de él que la salmantina llegó a González, y a partir de ahí se fraguó el acuerdo para montar una sociedad que se dedicara al negocio de las guarderías infantiles, lo que incluye la gestión por medio de contratos de las que tienen ayuntamientos o comunidades.

 

Pazos ponía en la sociedad su experiencia de quince años en el sector y una red formada, antes de que la polémica estallara, por una docena de centros con base en Salamanca, pero que había empezado su expansión por toda España con locales en Madrid, Barcelona, Valladolid, Sevilla... El negocio iba viento en popa e incluso era un modelo de éxito, un caso que el PP había vendido en algunos foros sobre políticas sociales. La cercanía de Pazos con los populares ha sido evidente, lo que no presupone nada. Pero esa proximidad le ha acabado costando caro al acercarse a Ignacio González, uno de los grandes del PP, sin experiencia en guarderías y, a pesar de ello, volcado en la sociedad que formaron.

 

Aquella sociedad, Chickies, es la que crearon González, su mujer y familia con Pazos para canalizar el nuevo negocio de las guarderías. Apuntaban con claridad a las de Salamanca, lo que tiene al alcalde salmantino, Alfonso Fernández Mañueco, en el punto de mira: el propio González le implicó al decir que se había comprometido a darles el contrato de las guarderías municipales. Puede que el presidente del PP de Castilla y León tenga que ir a explicarlo a la propia Audiencia Nacional. La sociedad, creada en enero de 2017, no ha llegado a cumplir el año activa. Tras estallar el caso, Pazos, administradora única de la sociedad, presenta su renuncia y en agosto entra en liquidación. Ya habían visitado las escuelas salmantinas y tenían grandes planes, pero el 'boom' de la 'Lezo' lo arrasó todo. Y se contagió a 'Mis Pollitos'.

 

Esta es la sociedad matriz de Pazos, la que sostiene su negocio de guarderías. Desde que estalló el caso, ha tenido que hacer frente a la delicada tesitura de verse imputada por la Audiencia Nacional o tener que defenderse de un vídeo en el que Podemos retrataba las sospechas sobre las guarderías de Salamanca. Una publicidad negativa que se ha trasladado a su negocio, donde ha visto como perdía la confianza o el prestigio de años. En este tiempo ha perdido la gestión de la de Villares de la Reina (que ha asumido el municipio), ha cerrado un centro en Salamanca y, ahora, ha perdido la gestión del centro que hay en la sede central de la Junta de Castilla y León. Ganó el concurso pero no ha sido capaz de presentar la documentación necesaria para rubricar el contrato: la situación creada con el escándalo se lo ha impedido. Entre los requisitos, un aval económico de reducida cuantía. La situación no acaba ahí. Según fuentes consultadas, acumula denuncias por despidos y ya tuvo problemas de impagos. Los empleados del centro de la Junta y los padres de los niños matriculados han trasladado a este medio su inquietud por el futuro del centro.

 

Lezo, Ignacio González, guarderías... El escándalo en torno a estos nombres no cesa, y eso que todavía no hay juicio. El suplicio judicial, merecido o no, va a ser prolongado. Le quedan muchas semanas de titulares a 'Mis Pollitos' y, a su dueña, la única perspectiva de conseguir que la Audiencia Nacional 'suelte presa' y sea desimputada. Veremos si a tiempo para salvar un imperio que se tambalea por la desgracia de haber buscado el favor de un (presunto) corrupto.

Noticias relacionadas