La comisión del Grupo SIETE impone más control a la unidad y sobre el jefe de la Policía Local

La conclusión oficial descarta ilegalidades: PP y Cs se niegan a cerrar el grupo como sugiere el PSOE, pero admiten irregularidades en su funcionamiento. El jefe policial tendrá que comparecer periódicamente.

Los grupos políticos municipales han culminado este martes casi tres años de trabajo de la que fue primera comisión especial de investigación de la historia reciente del Ayuntamiento de Salamanca, la del Grupo SIETE. La unidad especial de la Policía Local se ha hecho famosa en todos estos meses y el resultado final de las investigaciones sobre sus actividades, plasmado en el documento de conclusiones, han permitido sacar una conclusión principal: que su funcionamiento no era ejemplar.

 

En el fondo, el resultado conseguido confirma que las cosas no se estaban haciendo bien y, como ha celebrado el concejal de Cs, Fernando Castaño, la comisión ha servido para arreglarlo: la merma de sus efectivos, el relevo del que fuera su mando y la corrección de las malas prácticas que se le achacaban se han hecho a raíz de la comisión, ajustes con los que se neutraliza la sensación de que iba por su cuenta. Y, por último, la prueba definitiva: el equipo de Gobierno asume que el grupo necesita más control y el jefe de la Policía se someterá periódicamente a un paso por la comisión municipal para informar sobre sus actividades, además de someter las condiciones de sus agentes elegidos, también bajo sospecha, al escrutinio del departamento de personal. También se rebajan sus competencias. Pero no se cerrará.

 

Este martes por la tarde se ha celebrado la reunión de conclusiones con la presencia de los concejales adscritos a la comisión por cada grupo político. Era la última prevista, y PP y Cs han forzado un cierre atropellado de la comisión, que no daba para más con un documento de última hora y la idea de llevar el asunto a pleno este mismo viernes para dar carpetazo a una comisión que fue aprobada precisamente por el máximo órgano en una sesión del 4 de septiembre, a la vuelta de las vacaciones; tenía que haber durado cuatro meses y ahora, casi tres años después, el consistorio iniciará agosto con el asunto del Grupo SIETE como parte de la historia.

 

PP y Cs han presentado un documento común de conclusiones, defendido por el portavoz popular Fernando Rodríguez, que ha formado parte de la comisión todo este tiempo a pesar de ser el concejal delegado del área investigada, pero con una valoración crítica por parte de los naranjas. El PSOE ha presentado un documento alternativo y Ganemos se ha negado a participar por considerar que se cierra la comisión en falso y de manera ilegal. El documento que irá al pleno será el de PP/Cs, pero con un voto particular del PSOE que entiende, fundamentalmente, que no hay motivos para la continuidad del grupo, despojado de muchas funciones y que ha demostrado ineficacia.

 

 

Ilegalidades o irregularidades

 

El debate, desde el principio, ha girado en torno a la legalidad de muchas de las polémicas actuaciones de la unidad dirigida por el jefe policial, José Manuel Fernández. Una unidad que, aunque el alcalde llegó a negar su existencia, estaba creada y recogida en el organigrama de la Policía Local, se dedica a proteger y escoltar a la corporación, pero también hace labores de información, y tenía una docena de agentes adscritos bajo el mando del jefe de la Policía. El Servicio de Información, Escolta y Técnicas Especiales (SIETE) era tan real como su presencia en las memorias oficiales de la Policía Local de Salamanca.

 

Precisamente el "análisis, control y archivo de la información sensible relativa a su actividad policial", una de sus funciones, ha centrado la polémica. Las identificaciones y seguimientos a colectivos (incluso en partidos de fútbol), las multas a bares, no volcar sus informes en una plataforma común, las sospechas de condiciones especiales a los agentes elegidos, poner multas de tráfico sin bajarse del coche... el asunto ponía en el foco al jefe policial que, cuando se inició la comisión, tenía sobre la mesa una denuncia por un presunto fraude al seguro por el que se le abrió una información previa, y otra por acoso. El PP acusó a la oposición de querer la cabeza de Fernández para atacar al alcalde, y lo ha fiado todo a si hubo o no irregularidades.

 

 

Cambios en todo lo que se hacía mal

 

En sus conclusiones, que serán las que salgan adelante, PP y Cs descartan ilegalidades, pero igual que el PSOE sí admiten errores o posibles irregularidades administrativas: las cosas se hacían mal. Los cambios en el grupo han confirmado que muchas de los procedimientos que motivaron la comisión no se hacían bien. La unidad ha incrementado la periodicidad de sus informes, vuelca su información en bases de datos accesibles y comunes, ha dejado de guardar para sí el resultado de sus trabajos e investigaciones, ha dejado de funcionar al margen de la organización del cuerpo... Hace meses que se relevó al mando que la dirigía por debajo del jefe de la Policía y que, corregidas las malas prácticas, las aguas han vuelto a su cauce. Una forma también de admitir que, ante la imposibilidad de encontrar documentos que probaran ilegalidades, sí había fundamento para dudar de la idoneidad de este grupo.

 

Además, la estructura ha visto retocadas funciones y personal adscrito y ahora se dedica poco más que a las escoltas del alcalde y a la unidad canina. Se ha desmontado su secretismo y ya no es una unidad con una autonomía y opacidad sospechosas. ¿Irregularidades? El equipo de Gobierno defiende que no las ha habido, aunque grupos como Ganemos Salamanca entienden que las denuncias a bares, por ejemplo, se hicieron incorrectamente, y que los seguimientos a personas y colectivos no están amparados por la ley porque no son competencia de una Policía Local. En cuanto al trato de favor a sus integrantes, no hay documentos al respecto para demostrar que existiera, pero eso no quiere decir que los agentes seleccionados por el jefe policial no disfrutaran de más permisos o complementos. También se confirma que no tenía sentido que tuviera competencias en tráfico o en el control de horarios de bares.

 

Con estos mimbres, la discrepancia está en la idoneidad de su existencia. El PSOE apuesta por una permanencia no necesaria con las funciones actuales, muy recortadas. PP y Cs no entran en ese asunto porque, además de admitir que las cosas no estaban haciéndose bien, desmontar el grupo (creado en 2012 por el actual jefe de Policía) supondría un gesto de pérdida de confianza con consecuencias incontrolables.

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