La banca cierra 120 oficinas en Salamanca desde el comienzo de la crisis

A. MINGUEZA

Cajas y bancos han prescindido de numerosas sucursales en la capital y la provincia a razón de entre menos de diez y más de treinta al año: el peor, 2014.

El sector bancario está viviendo una auténtica reconversión que ha puesto patas arriba muchos de los estándares que conocíamos hace sólo unos años. En poco tiempo, el modelo ha perdido a uno de sus actores (las cajas) y ha pasado del paradigma de una red amplia de oficinas y empleados a poner en marcha una agresiva reducción de sucursales y trabajadores que ya se nota. En Castilla y León la crisis se ha llevado un millar de oficinas por delante, y la crisis no ha sido menos en Salamanca.

 

En total, y según los datos del Banco de España, en los últimos ocho años han cerrado sus puertas 121 oficinas bancarias con sede en Salamanca. Hemos pasado de las 408 de septiembre de 2008 a las 287 del pasado mes. Entre medias, todo el trayecto de la crisis económica y el estallido de la 'burbuja inmobiliaria', que afectó a muchas entidades, aunque de forma desigual.

 

La reducción del número de oficinas ha sido progresiva. Para cuando empezó 2011 ya había menos de 400, se bajó de las 350 en 2014; y en enero de este año ya había menos de 300, y vamos por 287. El cierre de oficinas se ha hecho patente incluso en las calles más céntricas de Salamanca, donde incluso los líderes del sector han cerrado una o varias sucursales.

 

El proceso arrancó con las cajas, y con el ajuste obligatorio que sufrió CEISS en su proceso de integración con Unicaja, que salió adelante con numerosas jubilaciones voluntarias. Aquello correspondió con un fin de etapa y la salida del tablero de las cajas de ahorros, convertidas ahora técnicamente en bancos y agrupadas tras sucesivas fusiones. Pero ahora el ajuste en el sector se va a recrudecer con planes de cierre de oficinas y despidos en bancos que han visto en la banca por Internet el futuro, y que han dejado de pensar en una red amplia sobre el terreno.

 

Los grandes afectados de esta reducción de oficinas han sido los trabajadores y, por otro lado, los pequeños municipios. Con una red menos extensa, no se llega a todos los pueblos como ocurría antes, donde en casi todos los de cierta dimensión había una oficina de las cajas de Castilla y León. Y si no hacen falta tantas oficinas, sobran empleados. Este 2016 ha sido muy duro en este sentido. A nivel nacional, las principales marcas van a despedir a 5.000 personas y hasta 2018 está previsto que se vayan a la calle 21.000 empleados.

 

Y no es el final, porque varias entidades ya tienen confirmados despidos que afectarán a Castilla y León. BBVA, Santander y Banco Popular ya han anunciado sus planes de ajuste; el de los últimos supondrá 240 empleos menos en la comunidad.