La apicultura trashumante: entre impuestos, tasas y licencias ambientales

Apicultores salmantinos practicando la trashumancia

Apicultores salmantinos reclaman a las administraciones nacionales, regionales y locales racionalidad y coherencia en la aplicación de normas para el sector apícola que perjudican gravemente a la apicultura trashumante.

La apicultura trashumante vive momentos especialmente difíciles, sobre todo en Castilla y León. Mientras que la producción ha bajado, los precios no suben y la invasión de miel china se incrementa... ahora ven cómo cada vez se dan más robos de colmenas, los ayuntamientos disparan sus impuestos por instalarse y se abre una guerra entre Comunidades Autónomas al no tener las mismas normas.

 

La gran mayoría de los apicultores profesionales (aquellos que tienen más de 150 colmenas) practican la trashumancia, y poseen el 80% de los 2,5 millones de colmenas en España. Pero esta práctica está teniendo graves problemas en especial en determinadas Comunidades Autónomas (fundamentalmente en el norte del país) y cada vez en mayor número de localidades.

 

El Real Decreto 209/2002 relativo a las normas de ordenación de las explotaciones apícolas establece una serie de distancias mínimas que deben respetar los asentamientos apícolas, distancias que difieren en gran medida según las normas que han elaborado y aplicado las Comunidades Autónomas, incluso para el caso de las distancias mínimas entre asentamientos apícolas no existe regulación a nivel estatal y está provocando uno de los mayores problemas para los apicultores trashumantes.

 

 

Es por ello, que a través de la Organización Agraria COAG y las Cooperativas Agroalimentarias han trasladado en diversas reuniones al Ministerio de Agricultura y a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) los problemas existentes en esta práctica. "Hay ayuntamientos en los que al del pueblo le cobran dos euros por colmena y al de fuera seis euros, queremos la integración no la exclusión", ha indicado Francisco Javier Fernández.

 

Finalmente, denuncian el excesivo celo de los ayuntamientos de distintas provincias de Castilla y León y Extremadura, que a través de las Ordenanzas  municipales "primero  pretenden  que  la apicultura  se convierta en una fuente de ingresos para los propios Ayuntamientos, y segundo penalizar y castigar a la apicultura trashumante, la más profesional y representativa de Salamanca y de Castilla y León".