Iglesias califica lo sucedido en las residencias de Castilla y León: "Es un escándalo, si no es crimen"

El vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, comparece ante la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados.

El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y para la Agenda 2030, Pablo Iglesias, además de ser la persona que se puso al frente de la gestión de las residencias en la crisis del coronavirus ha responsabilizado a las autoridades de Madrid y Castilla y León. 

Iglesias, en una entrevista en Los Desayunos de TVE, ha criticado el modelo de gestión de las residencias de ancianos y ha asegurado que lo que ha ocurrido en la Comunidad de Madrid y en Castilla y León es "un auténtico escándalo, si no es un crimen".

En opinión del vicepresidente, "los ciudadanos no van a perdonar lo que hizo Ayuso y lo que se hizo en otras comunidades autónomas" y "se verá si no hay consecuencias penales", ha asegurado Iglesias en una entrevista en Los Desayunos de TVE recogida por Europa Press.

El vicepresidente ha insistido en calificar los hechos ocurridos en los centros residenciales de "gravísimos" y ha sacado a colación "la instrucción" en la que la Comunidad de Madrid "prohibía trasladar a los ancianos a centros hospitalarios" por ser "ilegal e inmoral", en alusión a la filtración del borrador de un protocolo de actuación en las residencias que provocó el enfrentamiento de los consejeros de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y Políticas Sociales, Iván Reyero.

Para Iglesias es "vergonzoso e indecente" que alguien pueda hacer negocio con la salud de los mayores y después llevárselo a otros países. Y, en su opinión, el sistema de atención a las personas mayores es un servicio "enormemente precarizado y privatizado" que "ha demostrado ser ineficiente".

Por ello ha defendido un sistema similar al de países del Norte e Europa con "atención domiciliaria que tenga la calidad suficiente y con los profesionales bien pagados y estén trabajando en condiciones óptimas".

El vicepresidente ha recordado que el Gobierno central concedió 300 millones a las comunidades para contratar más personal y permitió a las comunidades que declararan al personal de los centros servicios esenciales y garantizasen distribución de los equipos de protección individual entre el personal. Pero ha insistido en que "el modelo no funciona".

Por otra parte, el titular de Derechos Sociales se ha referido a la Ley orgánica de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia que aprueba este martes el Consejo de Ministros. "Era un gran tema pendiente en nuestra democracia una ley integral que permita proteger a los niños y adolescentes de todo tipo de violencia", ha indicado Iglesias.