Hasta ocho años de prisión al jefe de Fomento de la Diputación por gastarse 6.000 euros de fondos públicos

El jefe de Fomento de la Diputación de Salamanca se sentará ante un jurado popular para ser juzgado por gastarse más de 6.000 euros de fondos públicos en pagar cenas y comidas particulares en fines de semana. Está acusado de malversación: le pueden caer hasta ocho años de prisión y ser expulsado 20 años como funcionario.

El todavía jefe del área de Fomento de la Diputación de Salamanca, Manuel Borrego, se expone a una pena de cárcel de hasta ocho años, veinte de inhabilitación como funcionario público y una multa por un posible delito de malversación por el que será juzgado por un jurado popular. Así lo ha decidido el Juzgado de Instrucción número 1 de Salamanca en un auto al que ha tenido acceso TRIBUNA y que pone contra las cuerdas a un funcionario implicado en la 'trama Diputación' o en el célebre caso del ático sin licencias que pasó por alto el Ayuntamiento de Salamanca.

 

El auto viene a resolver la segunda parte de la 'trama Diputación'. Además de la investigación por los numerosos contratos concedidos a empresas a las que, según la acusación hecha por el PSOE, se había favorecido con encargos por 12 millones de euros, el caso tenía esta derivada centrada en el laxo control que la Diputación hizo sobre los gastos y actividades de su jefe de Fomento. En ambos casos, Manuel Borrego ha tenido y tiene un papel central, ya que es el principal sospechoso. El primero fue sobreseído hace unos días, pero el PSOE lo ha recurrido porque está convencido, y más ahora, de que hay delito.

 

Según la resolución, el investigado cargó entre 2007 y 2011 hasta 6.829,69 euros de cenas, comidas, peajes y consumiciones hechas en fin de semana a una partida del área de Fomento, partida denominada anticipos de caja fija, que está considerada como fondos públicos y que está destinada a gastos diversos que no tienen nada que ver con el uso que dio Borrego. En la investigación han aflorado numerosas facturas abonadas con cargo a estos fondos que corresponden con cenas y comidas fechadas en viernes por la tarde y noche, sábados y domingos y que, por lo tanto, no pueden considerarse parte de su trabajo sino personales; y tampoco gastos de representación, ya que con los anticipos de caja fja no se pueden pagar este tipo de facturas. Además, Borrego recibió entre 2007 y 2012 la cantidad de 14.572,92 euros para dietas y locomoción y tiene un sueldo cercano a los 60.000 euros anuales, que sigue percibiendo porque ha sido apartado, pero no cesado de su puesto.

 

A esta partida endosa Borrego gastos en restaurantes como una factura de más de 400 euros un sábado, coste final reflejado en una de las notas presentadas por Borrego para que se paguen con cargo a esta partida de Fomento; en todas tenía el visto bueno de García Sierra, que tenía que revisarlas antes de autorizar su pago y que firmó al dorso en los años 2007 y 2008 con un 'visto'.

 

Por todo ello, va a ser juzgado por un delito de malversación de caudales públicos y será un jurado popular quien determine si es culpable; la normativa manda que los casos de malversación son competencia de un tribunal jurado. Se expone a penas de prisión de tres a seis años e inhabilitación absoluta por tiempo de seis a diez años, por lo que si es culpable podría entrar en la cárcel y le costaría su puesto como funcionario. Si el tribunal considera que el caso reviste especial gravedad (y puede serlo al tratarse de un alto funcionario) se impondrá la pena de prisión de cuatro a ocho años y la de inhabilitación absoluta por tiempo de diez a veinte años. En caso de probarse una sustracción inferior a 4.000 euros, recibiría multa, cárcel de 6 meses a tres años y tres años de inhabilitación.

 

 

GARCÍA SIERRA DIO EL VISTO BUENO, PERO QUEDA EXONERADO

 

La resolución, comunicada a las partes esta semana, exonera a pesar de todo al componente político de este caso de malversación de caudales públicos, el vicepresidente de la Diputación Carlos García Sierra. El que ha sido diputado de Fomento durante los años en los que se centra la investigación de la 'trama Diputación' y también este caso de uso indebido de fondos públicos, firmó durante años los ticquets con los gastos que presentaba su jefe de área. Resguardos que correspondían con gastos personales hechos en fin de semana y que Borrego cargaba a una cuenta del área de Fomento sin que García Sierra lo impidiera. Incluso llegó a autorizarlos a pesar de los reparos que la intervención puso en varias ocasiones a dar de paso estos gastos.

 

Sin embargo, la resolución judicial considera que la plasmación de un mero “visto” en una serie de documentos relativos a pequeñas cantidades o pagos como las que son objeto de la presente causa, dentro del volumen de firmas que asume un cargo administrativo de relevancia como es un Diputado de Fomento en una provincia como Salamanca, no es extraño que no esté acompañada de un control exhaustivo de la justificación del gasto, máxime cuando existe otros servicios técnicos que con posterioridad controlarán el mismo.