García Carbayo, sobre 'su' contrato ilegal: "Cuestiones de legalidad aparte, acertamos"

El teniente de alcalde del Ayuntamiento de Salamanca, Carlos García Carbayo.

El concejal da prioridad al resultado económico de un contrato que se adjudicó por decisión suya por encima del cumplimiento de la ley: replica la anulación del contrato en el Supremo con datos de ahorro.

Importa más que un contrato sea económicamente beneficioso para la ciudad que el cumplimiento de la ley. Esta es la doctrina con la que todo un teniente de alcalde y concejal de Fomento, Carlos García Carbayo, ha sorprendido a los grupos de la oposición y, probablemente, también a los concejales de su propio grupo. Lo ha hecho para justificar que el anterior contrato para ocuparse del mantenimiento del alumbrado público, que salió por 12 millones de euros de valor, haya sido anulado y que, a pesar de ello, el nuevo contrato del mismo servicio se lo lleve la misma empresa que lo ha ejercido de manera ilegal.

 

Aunque el pleno decidía sobre el nuevo contrato, estaba claro que el debate se iba a contaminar con la anulación del anterior. Se ha conocido esta semana, aunque el equipo de Gobierno lo ha ocultado durante semanas: el auto judicial que lo anulaba es de finales de julio. El coste del traspié judicial del Ayuntamiento está fijada por sentencia en el 6% del beneficio industrial: sobre 12 millones de importe, 700.000 euros. Está pendiente de que la empresa que ha litigado durante años (y que aspira a seguir consiguiendo contratos municipales) decida qué es lo que quiere para ver cumplida la sentencia. El Ayuntamiento ha sido también condenado en costas.

 

La situación ha puesto de acuerdo a los tres grupos de la oposición. Muy duro Ganemos, muy claro el PSOE y más tibio, pero claramente disgustado con la situación, el grupo Ciudadanos. Pero el teniente de alcalde que decidió la adjudicación en su día, el propio García Carbayo, ha llevado el debate al terreno del ahorro económico en vez de al legal. Algo que le han afeado desde la oposición.

 

El centro del asunto es que la adjudicación fue anulada por el TSJCyL tras reclamación de la empresa Etralux, y el Tribunal Supremo ha desestimado el recurso que hizo hace unos meses el Ayuntamiento de Salamanca. En su día los técnicos municipales estimaron que las bajas que ofrecía Aceinsa no eran admisibles y en comisión se dictaminó dar el contrato a su competidora. El concejal García Carbayo logró un informe municipal ulterior en el que se justificaba dar contratos con grandes bajas, y adjudicó a Aeinsa en junta de gobierno, órgano controlado por el PP en su día.

 

Ahora, el concejal (que suena fuerte para ser el próximo candidato a alcalde) ha defendido aquella decisión con la legalidad en contra, tras las sentencias judiciales desfavorables, dando prioridad en su intervención en el pleno al beneficio económico sobre el cumplimiento de la ley. Ante el asombro de los presentes, ha dedicado varios minutos a desgranar lo que se ha ahorrado el Ayuntamiento al escoger la oferta de Aceinsa y no la de Etralux: 857.000 euros según sus cuentas. Y hasta 5,2 millones sumando otros conceptos. Ha añadido que, a pesar de las bajas, el contrato se ha podido ejecutar.

 

Por contra, ha presentado el cumplimiento de la ley como algo secundario. García Carbayo ha criticado la sentencia en la que el TSJCyL anulaba el contrato declarandolo ilegal, por "incurrir en conclusiones inexplicables". Y ha añadido que sólo un cambio normativo ha hecho que el Tribunal Supremo haya rechazado el recurso con el que el Ayuntamiento de Salamanca intentó zafarse de una sentencia que no le sonreía.

 

En resumen, la cuenta de García Carbayo atiende más a los millones ahorrados que al cumplimiento de la ley. Deja a un lado el hecho de que la sentencia anula el contrato y obliga a adjudicar a la empresa que no eligió él; y que si esa anulación hubiera llegado a tiempo el contrato con el que tanto se ha ahorrado no se habría ejecutado por completo, y con prórroga, como ha sido. Los interminables recursos permitieron hacerlo realidad.

 

"Se aceptó la mejor oferta para la ciudad y el contrato ha beneficiado en costes en más de 5,2 millones de euros", y ha llegado a sumar el ahorro con el importe de las mejoras ofertadas gratuitamente por 4,4 millones, mejoras sobre cuya ejecución también hay controversia. "Cuestiones de legalidad aparte, acertamos", ha dicho García Carbayo. "Aceptamos la mejor oferta, que nos ahorró 857.000 euros, y esa es la realidad tozuda. Acertamos. Pero en ese momento esa era la legalidad", ha remachado.

 

"Según toda su argumentación, el principio de legalidad y el cumplimiento de la ley en este Ayuntamiento no rige", le ha replicado Gabriel Risco, que ha apuntado que esto queda grabado para el futuro. "Lo que ha dicho es que no hay que cumplir la ley, que el criterio es el ahorro", ha resumido. El concejal de Ganemos ha contrapuesto que, en otras adjudicaciones, no se aplica el criterio del ahorro y se adjudican contratos a ofertas que no son las más económicas.

 

"El cumplimiento de la ley es lo primero, el ahorro no lo es todo", ha asegurado el concejal socialista Arturo Ferreras, que ha recordado a García Carbayo que la sentencia que anula el contrato contradice los argumentos del teniente de alcalde. Ferreras le ha recordado que eso le costará al Ayuntamiento una indemnización del 6%, el beneficio industrial, que sobre los 12 millones de su importe ronda los 700.000 euros que calcula Ganemos.

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