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Salamanca

García Carbayo justifica con el ahorro haber concedido un contrato millonario declarado ilegal

MUNICIPAL

El teniente de alcalde calcula que darlo a Aceinsa ahorró 877.000 euros. Ganemos y PSOE le recuerdan que el contrato ha sido anulado, que incumple la ley y que habrá que pagar indemnización.

Publicado el 07.09.2018

La coincidencia ha querido que la empresa que se ha llevado uno de los mayores contratos municipales, el del alumbrado público, es la misma que ha estado ejerciendo la contrata durante los últimos años de forma ilegal. Contrato que ha sido anulado por la justicia en una sentencia que ha ratificado el Tribunal Supremo. Una coincidencia que ha dado mucho que hablar en el pleno del Ayuntamiento de Salamanca.

 

El nuevo contrato, por unos 10 millones de euros, lo ejercerá Aceinsa por 1,6 millones al año, al conseguir mejor puntuación que su competidora, Etralux, la misma empresa que en su día compitió con la que ahora se lo lleva. Esta es la empresa que puso en marcha una reclamación judicial por esta disconforme con la adjudicación. En su día, la oferta de Etralux iba a ser la elegida porque así se dictaminó en comisión informativa de contratación, pero el equipo de Gobierno decididió adjudicarlo a Aceinsa. La decisión la tomó el teniente de alcalde Carlos García Carbayo, que ha tenido que defenderse en la nueva adjudicación de lo que ocurrió entonces.

 

García Carbayo ha elegido usar como justificación el ahorro económico. Según las cuentas que ha esgrimido, adjudicar a Aceinsa ha salido 877.000 euros más barato. Nada ha dicho de que la adjudicación de la que ha defendido su beneficio económico ha sido declarada ilegal por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en una sentencia ratificada por el Tribunal Supremo. Y tampoco de que, frente a ese cálculo de ahorro, ahora el Ayuntamiento tendrá que hacer frente a una indemnización no determinada, pero que la sentencia fija en el beneficio industrial, un 6% de los 12 millones de cuantía del contrato, unos 700.000 euros. Otra cosa será lo que reclame la empresa.

 

Según las cuentas de García Carbayo, durante los cinco años el coste ha sido inferior a 370.000 euros si hubiera ganado la otra empresa, ha asegurado García Carbayo, que ha calificado este de un ahorro. A ello ha sumado que Aceinsa ofreció en su día 4,4 millones de euros en mejoras sin coste para las arcas municipales, 450.000 euros mejor que la segunda empresa. Y por último, apunta un ahorro energético superior en 55.000 euros. En total, la diferencia a favor del ayuntamiento es de 877.729 euros, según el teniente de alcalde, que asegura que es la cantidad que se hubiera perdido "de haber aceptado la otra oferta".

 

Para el teniente de alcalde, el hecho de que haya sido económicamente beneficioso para la ciudad es suficiente para justificar su decisión de adjudicar el contrato, algo que hizo en contra de la decisión de la comisión de contratación y de los pronunciamientos de los técnicos. Además, ha defendido que él mismo dijo que el contrato se podía adjudicar con importantes bajas y que se podría ejecutar, y así ha sido a lo largo de su duración.

 

"Se aceptó la mejor oferta para la ciudad y el contrato ha beneficiado en costes en más de 5,2 millones de euros", al sumar el ahorro, 825.000 euros mejor y las mejoras ofertadas gratuitamente por 4,4 millones, mejoras sobre cuya ejecución también hay controversia.

 

García Carbayo ha criticado, además, la sentencia en la que el TSJCyL anulaba el contrato declarandolo ilegal. Y ha añadido que sólo un cambio normativo ha hecho que el Tribunal Supremo haya rechazado el recurso con el que el Ayuntamiento de Salamanca intentó zafarse de la sentencia contraria.

 

"Según toda su argumentación, el principio de legalidad y el cumplimiento de la ley en este Ayuntamiento no rige", le ha replicado Gabriel Risco, que ha apuntado que esto queda grabado para el futuro. "Lo que ha dicho es que no hay que cumplir la ley, que el criterio es el ahorro", ha resumido. El concejal de Ganemos ha contrapuesto que, en otras adjudicaciones, no se aplica el criterio del ahorro y se adjudican contratos a ofertas que no son las más económicas.

 

"El cumplimiento de la ley es lo primero, el ahorro no lo es todo", ha asegurado el concejal socialista Arturo Ferreras, que ha recordado a García Carbayo que la sentencia que anula el contrato contradice los argumentos del teniente de alcalde. Ferreras le ha recordado que eso le costará al Ayuntamiento una indemnización del 6%, el beneficio industrial, que sobre los 12 millones de su importe ronda los 700.000 euros que calcula Ganemos.

 

"Cuestiones de legalidad aparte, acertamos", ha dicho García Carbayo, que se ha atado a las resoluciones favorable que ha tenido su decisión, la de la primera instancia. "Aceptamos la mejor oferta, que nos ahorró 857.000 euros, y esa es la realidad tozuda. Acertamos", ha remachado.

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