Ganemos señala a Mañueco, García Carbayo y Rodríguez por trato de favor permanente a una empresa

El alcalde de salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, y el teniente de alcalde, Carlos García Carbayo.

El grupo municipal amplía la querella por la adjudicación del millonario contrato del alumbrado público: al presunto delito de prevaricación administrativa añade el de trato de favor.

El grupo municipal Ganemos Salamanca ha decidido ampliar la querella contra el alcalde y sus dos principales tenientes de alcalde por la prórroga irregular del millonario contrato de la señalización, que a pesar de llevar caducado más de dos años sigue prestando la concesionaria Aceinsa, que sigue recibiendo ingresos de las arcas municipales. Lo ha hecho tras atar cabos y vincularlo a otro gran contrato ganado por la misma empresa, el de alumbrado público, un proceso polémico que fue el primer gran contrato que se llevó Aceinsa y que fue adjudicado en medio de discrepancias importantes. 

 

Este “trato de favor hacia esta empresa privada por parte del alcalde y de sus dos concejales más cercanos” ha sido advertido por Ganemos en otros contratos de gran peso económico, como el de alumbrado público, según explica la concejala Pilar Moreno. Ello motivó que el grupo presentara la ampliación de la denuncia hace un mes, con el objeto de “sumar más indicios y pruebas” sobre esta actitud presuntamente prevaricadora y delictiva del alcalde y sus tenientes de alcalde, que “se pusieron de acuerdo” para adjudicar el contrato de alumbrado público también a Aceinsa en contra de la Ley, tal y como ya ha establecido la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

 

Dicho contrato fue adjudicado “a toda costa” a Aceinsa “en contra de todos” -la Mesa de Contratación, el secretario general y el interventor-, y de forma ilegal, tal y como demuestra Sentencia del TSJ (Tribunal Superior de Justicia) del 27 de noviembre de 2017. Mañueco y los dos tenientes de alcalde formaban parte de esa Mesa de Contratación, que votó contra su posición “de forma mayoritaria”, y también de la Junta de Gobierno, que pasó por alto todos los informes legales que rechazaban la adjudicación. Para Ganemos, estos son “hechos consumados con graves perjuicios para la ciudadanía, pues habrá que indemnizar a la empresa a la que se debió de adjudicar legalmente”.

 

Asimismo, el acuerdo ilegal, hecho “a sabiendas” para beneficiar a Aceinsa, supone otro presunto comportamiento prevaricador en el que se fundamenta la ampliación de la denuncia. El procedimiento judicial deberá indagar sobre qué intereses se ocultan tras este comportamiento presuntamente delictivo del PP municipal.

 

 

Querella por el contrato de señalización

 

El grupo Ganemos, que ya presentó una demanda penal en los juzgados contra Alfonso Fernández Mañueco, Fernando Rodríguez y Carlos García Carbayo por presunta prevaricación administrativa, añade ahora el trato de favor que creen se le ha dado a esta empresa a la que estos mismos cargos políticos adjudicaron el contrato de iluminación municipal, que ha sido anulado por la justicia que ha sentenciado al Ayuntamiento de Salamanca a indemnizar a la empresa a la que se perjudicó cuando se dio el contrato a Aceinsa. El equipo de gobierno ha puesto recurso a la resolución, que confirma que se adjudicó de manera irrgular: el teniente de alcalde García Carbayo decidió por decreto la adjudicación en contra de lo acordado en la mesa de contratación.

 

Ganemos ve en los contratos de señalización y alumbrado público una evidencia clara del trato de favor que se le está dando a una empresa que, hasta 2011, no tenían ninguna adjudicación en Salamanca y que en la primera legislatura de Fernández Mañueco se convirtió en una de las favoritas del equipo de Gobierno cuando consiguió en poco tiempo contratos por 22 millones de euros a pesar de ser nueva en la contratación pública.

 

Sin embargo, al menos dos de los millonarios contratos que logró están bajo sospecha. Hace unas semanas, Ganemos denunció por presunta prevaricación a Fernández Mañueco y dos concejales por el contrato de señalizacion, caducado hace tiempo y prorrogado en contra de la opinión del interventor municipal.

 

 

El contrato del alumbrado municipal

 

Ahora el problema es un contrato que ha sido polémico desde el principio, el de iluminación. Fue de los primeros que obtuvo Aceinsa. Hace unas semanas el TSJCyL ha anulado este contrato por las bajas temerarias con las que se lo adjudicó la empresa y que no justificó; en su día la empresa dijo que ofrecía precios así de bajos porque quería entrar en el contrato, pero desde el primer momento los técnicos municipales advirtieron que así entraría en pérdidas, algo que no es legal.

 

En el proceso, un informe técnico aseguraba que, con esas condiciones, el servicio daría pérdidas de manera irremediable. Inicialmente, la mesa de contratación adjudicó el contrato a Etralux, la exempresa del número uno de Aceinsa y anterior concesionaria de este contrato, pero el concejal García Carbayo logró un informe técnico que aseguraba que el Ayuntamiento había contratado con bajas por encima del 10% habitualmente, y lo usó para adjudicar en la junta de Gobierno, entonces controlada por el PP en exclusiva, en contra de lo que había determinado la mesa. El escándalo fue mayúsculo.

 

Aunque Etralux recurrió y logró que se repitiera el proceso, no insistió y finalmente Aceinsa se adjudicó el contrato en julio de 2012: cuatro años y dos de prórroga por un montante total de 12 millones de euros. A raíz de ser concesionaria de este contrato, el Ayuntamiento de Salamanca le pagó posteriormente 152.000 euros por labores de mejora de la eficiencia energética del alumbrado público. 

 

Tras el recurso, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León da la razón a esa empresa, que arguyó baja temeraria, "deja sin efecto" el acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Salamanca de 20 de julio de 2012 y declara que ese contrato "debe ser adjudicado a la empresa recurrente", es decir, a Etralux. Es un contrato de cuatro años de duración, con otros dos de prórroga, por un valor de 12 millones de euros.