Ganemos no quiere anuncios de la mina de uranio en los autobuses urbanos

Virginia Carrera y Pilar Moreno, de Ganemos Salamanca.

El grupo pide no autorizar a la concesionaria a poner estos anuncios por "coherencia" con lo decidido en el pleno, que en junio pasado aprobó una moción contra el proyecto minero.

El grupo Ganemos Salamanca va a proponer al pleno no autorizar a la concesionaria de los autobuses urbanos a poner publicidad de la mina de uranio a cielo abierto proyectada en la localidad de Retortillo. La medida sería coherente con lo aprobado en el pleno del Ayuntamiento de Salamanca el pasado junio de 2017, cuando salió adelante una moción contra el proyecto minero por una mayoría de votos ya que Ganemos, PSOE y C's votaron a favor.

 

El asunto tiene su complejidad. El pliego de condiciones del contrato del bus urbano faculta a la empersa concesionaria a explotar publicitariamente los vehículos, y así lo hace. Sin embargo, y como ha puntualizado Virginia Carrera, existe una cláusula del contrato que requiere previa autorización municipal para hacer inserciones publicitarias. Si esto se puede aplicar, Ganemos pretende que el pleno decida no autorizar a que en el futuro se ponga publicidad de la empresa minera y, además, solicitar a la empresa que retire la que tiene ahora aunque se haya autorizado. El pasado septiembre, el grupo ya criticó la incoherencia del equipo de Gobierno del PP al autorizar esta publicidad cuando el pleno había decidido contra el proyecto.

 

Ganemos Salamanca quiere evitar que esta publicidad 'pasee' por Salamanca sobre los autobuses municipales, pues parece ir en la dirección opuesta a la acordada en el pleno ordinario del pasado 9 de junio, cuando una moción para rechazar la explotación minera de uranio en la provincia, presentada por Ganemos, recibió el apoyo de todos los grupos de la oposición y resultó aprobada. En el texto de la moción, que recibió el único voto en contra del Partido Popular, se mostraba explícitamente el rechazo del Ayuntamiento a la explotación a cielo abierto de Berkeley, además de la petición de paralizar el proyecto hasta evaluar su impacto ambiental y solicitar informes al Instituto de Salud Carlos III sobre los efectos en la salud para la población en la comarca.