Ganemos: "La reforma legal del PP impide que se investiguen casos de corrupción"
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Ganemos: "La reforma legal del PP impide que se investiguen casos de corrupción"

Virginia Carrera, portavoz de Ganemos, y Gabriel Risco.

Ganemos, que recurrirá el auto, considera que hay delito y lamenta que la normativa haya impedido ampliar el plazo de la investigación.

El grupo municipal Ganemos Salamanca ha confirmado el fallo del juzgado de instrucción número 1 de Salamanca por el que se archivan sus denuncias por el 'caso Aceinsa', pero también han anunciado su intención de recurrir la sentencia, que no es firme. Según su portavoz, Virginia Carrera, el juez ha decidido sobreseer el caso al cumplir los seis meses de plazo máximo para investigar que fijó una reforma del Gobierno de Rajoy y el PP. La Fiscalía podría haber solicitado la declaración de caso complejo y la prórroga de las diligencias de investigación, pero no ha habido prórroga.

 

Ganemos considera que hay suficientes indicios para seguir adelante con la investigación, y con el caso, y que el juez no ha podido tener tiempo suficiente para determinar la comisión de delito, pero que cuando admitió a trámite la denuncia lo hizo porque existían. "Ganemos ha hecho lo que tenía que hacer", ha dicho Carrera. "La reforma legal del PP impide que se investiguen casos de corrupción", ha insistido.

 

Para Ganemos, el problema es procesal, no de fondo, ya que no se sigue adelante con la investigación al haber agotado el plazo máximo de seis meses, pero no porque no existan indicios de mala práctica en un caso en el que se denuncia el caso de un contrato que ha estado caducado más de tres años, por el que se han pagado fuertes cantidades y que contaba con pronunciamientos en contra del interventor del Ayuntamiento, que consideraba ilegales los pagos.

 

De este modo, y sin haber practicado las pruebas solicitadas por el grupo Ganemos, el juez instructor considera que por ahora no puede considerar la existencia del delito de prevaricación, aunque “evidentemente las tareas de preparación de la nueva licitación debieron realizarse o con más antelación o con más agilidad”, y que se ha acreditado la grave imprudencia cometida. Sin embargo, considera que hasta la fecha no hay pruebas suficientes para deducir una “intencionalidad deliberada”, pues “en las actuaciones descritas puede criticarse el retraso en la tramitación del expediente, pero no puede calificarse como un retraso intencionado para prorrogar maliciosamente el contrato existente.”

 

Del mismo modo entiende que, con las pruebas existentes hasta la fecha, no puede deducirse la existencia de malversación de fondos públicos y prevaricación, en el caso de la acreditada adjudicación ilegal del contrato de alumbrado, aunque el Ayuntamiento tenga que indemnizar a Etralux con 800.000 euros, pues estima que no debe derivarse la comisión de un delito solo por la “mera discrepancia entre una resolución administrativa y la legalidad sino que es preciso que además no exista un fundamento técnico-jurídico aceptable”.

 

Así, aunque recuerda que la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y el Tribunal Supremo han afirmado que “no había razón alguna para adjudicar el contrato a Aceinsa Movilidad S.A”, entiende que, al existir una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la ciudad en la que se dan fundamentos jurídicos a favor del Ayuntamiento, este hecho excluiría la existencia de delito alguno.