Ganemos cree que la prórroga de un año más para resolver el caso 'Corte Inglés' premia la incapacidad de Mañueco

Fernández Mañueco, con el ministro de Fomento y el consejero Suárez-Quiñones, que debe conceder la nueva moratoria. Foto: T. Navarro

Ganemos cree que la Junta incumple su propia moratoria, que fijaba un plazo máximo de 2 años que no se podía incumplir.

Ganemos Salamanca denuncia que el Consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, incumplirá su propia Orden de abril de 2016 sobre la ordenación urbanística del sector en el que se asienta El Corte Inglés, con el fin de otorgar al alcalde y al equipo de gobierno del PP del Ayuntamiento una prórroga extra de un año. La Junta de Castilla y León ya había concedido una moratoria de dos años para modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Salamanca, de modo que este hiciera compatible el centro comercial con el cumplimiento de la normativa urbanística vigente y tuviera en cuenta, también, las sentencias judiciales dictadas al respecto. Pasado el plazo, el Gobierno regional otorga un año más.

 

Esta nueva prórroga ha sido solicitada por el alcalde de Salamanca, Alfonso Ferández Mañueco, a la Junta, sin que ningún órgano o grupo municipal haya tenido conocimiento previo al respecto. Pero este es el camino y el estilo del alcalde Mañueco: opacidad, oscurantismo y beneficiarse del Ayuntamiento y de las instituciones públicas en sus aspiraciones políticas particulares.

 

En cuanto al plazo inicial de dos años, se trataba de una medida de carácter muy excepcional que el consejero de Fomento puso en marcha para dar al Ayuntamiento una última oportunidad de corregir las muy graves ilegalidades llevadas a cabo en el sector del antiguo cuartel Julián Sánchez El Charro. Este carácter excepcional está claramente expresado en la orden emitida que dice: “el incumplimiento del plazo de dos años fijado en el dispositivo segundo conllevará la automática pérdida de eficacia de esta orden”.

 

Ahora el plazo está a punto de cumplirse, en concreto, el próximo día 15 de abril, y la realidad es que la ineptitud e incompetencia del alcalde y su equipo de gobierno del PP han sido incapaces de cumplir ese mandato de la Junta de Castilla y León. Sin embargo ahora, para proteger al alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, el Gobierno regional se pone al servicio de sus intereses particulares, de su carrera política personal, en un intento de tapar sus vergüenzas y evitarle problemas. La Junta de Castilla y León y el Consejero de Fomento, en lugar de defender los intereses generales y hacer cumplir su propio mandato, concede otra prórroga que premia su incapacidad para gobernar y para gestionar lo público, ya sea en el Ayuntamiento o en cualquier otra institución.

 

 

Una nueva norma a medida del alcalde y su incompetencia

 

Este es el papel que el Presidente, el Consejero de Fomento y la Junta de Castilla y León en general han asumido: ser servidores de intereses particulares del alcalde Mañueco, ser subalternos u obedientes a la voz de su 'amo partidista', en vez de cumplir la Constitución y aplicar el principio que ha de regir la vida pública: igualdad de trato. El Gobierno regional ha preferido, en esta ocasión, cambiar la norma, e incluso crear una nueva norma a la medida del alcalde de Salamanca, en un intento de suplir su incompetencia e incapacidad política.

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