Estado de alarma, estado de excepción y estado de sitio: qué son y qué les diferencia

Una misma ley orgánica regula estas tres situaciones excepcionales.

El Gobierno de España acabada de declarar el estado de alarma para todo el país como medida extraordinaria para tratar de frenar el avance del coronavirus. Se trata de un instrumento 

 

El estado de alarma, el de sitio y el de excepción están regulados por una ley orgánica, las de máximo rango, la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio. Comparten una característica común: en los tres casos, "Procederá la declaración de los estados de alarma, excepción o sitio cuando circunstancias extraordinarias hiciesen imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios de las Autoridades competentes".

 

"Las medidas a adoptar en los estados de alarma, excepción y sitio, así como la duración de los mismos, serán en cualquier caso las estrictamente indispensables para asegurar el restablecimiento de la normalidad. Su aplicación se realizará de forma proporcionada a las circunstancias", dice la ley.

 

Estado de alarma

El Gobierno podrá declarar el estado de alarma, en todo o parte del territorio nacional, cuando se produzca alguna de las siguientes alteraciones graves de la normalidad.

a) Catástrofes, calamidades o desgracias públicas, tales como terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud.

b) Crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves.

c) Paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad.

d) Situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad.

 

Una vez decretado el estado de alarma, el incumplimiento o la resistencia a las órdenes de la autoridad competente en el estado de alarma será sancionado. Si estos actos fuesen cometidos por funcionarios, las autoridades podrán suspenderlos de inmediato en el ejercicio de sus cargos.

 

El estado de alarma podrá afectar, por decreto, a las siguientes cuestiones:

a) Limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados, o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos.

b) Practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias.

c) Intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, con excepción de domicilios privados, dando cuenta de ello a los Ministerios interesados.

d) Limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad.

e) Impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento de los mercados y el funcionamiento de los servicios de los centros de producción.

 

En los casos previstos en los apartados c) y d) del artículo cuarto el Gobierno podrá acordar la intervención de empresas o servicios, así como la movilización de su personal.

 

El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado por el Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados.

 

Estado de excepción

Cuando el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, el normal funcionamiento de las instituciones democráticas, el de los servicios públicos esenciales para la comunidad, o cualquier otro aspecto del orden público, resulten tan gravemente alterados que el ejercicio de las potestades ordinarias fuera insuficiente para restablecerlo y mantenerlo, el Gobierno podrá solicitar del Congreso de los Diputados autorización para declarar el estado de excepción.

 

Se trata de una medida grave, ya que se podrá detener a cualquier persona si se considera necesario para la conservación del orden y se podrá disponer inspecciones, registros domiciliarios si se considera necesario y, en caso de autorizarlo el decreto de declaración, intervenir comunicacione postales, telegráficas y telefónicas.

 

Según el contenido del decreto, se podrá intervenir y controlar toda clase de transportes, y la carga de los mismos; prohibir la circulación de personas y vehículos en las horas y lugares que se determine; delimitar zonas de protección o seguridad y dictar las condiciones de permanencia en las mismas y prohibir en lugares determinados la presencia de personas; exigir a personas determinadas que comuniquen, con una antelación de dos días, todo desplazamiento fuera de la localidad; suspender todo tipo de publicaciones, emisiones de radio y televisión, proyecciones, cinematográficas y representaciones teatrales; someter a autorización previa o prohibir la celebración de reuniones y manifestaciones; proceder a la incautación de toda clase de armas, municiones o sustancias explosivas; o prohibir las huelgas y la adopción de medidas de conflicto colectivo.

 

El estado de excepción será declarado mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados.

 

Estado de sitio

Cuando se produzca o amenace producirse una insurrección o acto de fuerza contra la soberanía o independencia de España, su integridad territorial o el ordenamiento constitucional, que no pueda resolverse por otros medios, el Gobierno podrá proponer al Congreso de los Diputados la declaración de estado de sitio.

 

El Gobierno, que dirige la política militar y de la defensa, de acuerdo con el artículo noventa y siete de la Constitución, asumirá todas las facultades extraordinarias previstas. La Autoridad militar procederá a publicar y difundir los oportunos bandos, que contendrán las medidas y prevenciones necesarias.

 

La decisión de declarar el estado de sitio la toma el Congreso de los Diputados por mayoría absoluta, a propuesta exclusiva del Gobierno.