En manos de expertos
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En manos de expertos

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, durante la presentación del Presupuesto General del Estado 2021.

Opinión política de Diego Jalón

Hace unos días, el Comité de Transparencia y Buen Gobierno exigió al propio Gobierno que lo nombró que publique quiénes son los miembros del supuesto comité de expertos que asesoró al ministro Illa y a Don Simón durante la también supuesta gestión de la pandemia. Según la resolución de este comité, la publicación de estos nombres no vulnera el derecho a la protección de datos, como argumentaba el Gobierno, sino que favorece el control de la actividad pública por parte los ciudadanos.

 

Respondió el Gobierno, que ha pasado de presumir de transparencia a pasársela directamente por el forro, que por mucho que diga este comité, ya verá él lo que hace y que de momento va a preguntar a los supuestos expertos si quieren que se publiquen sus nombres o no. Y ahí quedó la cosa, a ver si se nos olvida. Entonces resulta que Maldita.es, la web de Ana Pastor, va y le pide al Ministerio de Sanidad no ya los nombres, sino las actas de este comité de expertos.

 

La sorpresa y el pasmo son mayúsculos ante la respuesta del ministerio que dirige el filósofo: dado que el “Comité de Evaluación y Seguimiento de la COVID-19” y el “Comité Científico Técnico” no son órganos administrativos colegiados, no se establece la “obligatoriedad de mantener órdenes del día, actas ni relación de asistentes” y que no se dispone, “por ello de tal información”. Es asombroso que no se registren las actas de reuniones tan importantes no solo para la salud colectiva, que es lo primero y lo más importante, pero también para la actividad económica.

 

Pero no es solo asombroso, también es indignante, porque como recuerda la propia web de fact-checking, el mismísimo presidente en persona aseguraba en mayo a todos los españoles en una de sus comparecencias televisadas que “en todos y cada uno de los comités técnicos de seguimiento de desescalada, antes de la desescalada y también en las reuniones del comité científico, tomamos nota de todo, se levantan actas y, lógicamente, serán públicas porque el Gobierno siempre ha primado la transparencia informativa”. Hay que tenerla de cemento armado.

 

Bueno, pues esta forma no solo de gobernar sino de manejarse por la vida, solo es un ejemplo más, otra anécdota en una interminable lista del desprecio de este Gobierno primero a los ciudadanos a los que miente y chulea sin ningún pudor, y después a los consejos de los técnicos, de los expertos, de los economistas independientes, de la patronal, de las asociaciones profesionales y en general de los sectores directamente implicados en todas y cada una de sus decisiones.

 

Así, deprisa, deprisa, el Gobierno ha aprobado la nueva Ley de Educación, esa en la que el castellano desaparece como lengua vehicular, sin contar con el informe del Consejo de Estado, no vaya a ser que pueda señalar su posible inconstitucionalidad, y sin escuchar a la comunidad educativa, a profesores, asociaciones de padres o colectivos de la educación concertada y especial. Y todo en una comisión parlamentaria y sin debates en el pleno del Congreso.

 

También se han elaborado los presupuestos ignorando las recomendaciones del Banco de España, de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal y las previsiones de centros de análisis y organizaciones de estudios económicos que señalan, como también lo ha hecho la Unión Europea, que dispararán el déficit, la deuda y que no contemplan las reformas necesarias. Todo sea por acabar una legislatura, aunque haya que apoyarse en los que han venido a tumbar “el régimen”.

 

Y lo mismo ocurrirá con el reparto de los fondos europeos de reconstrucción, que se va a decidir sin nombrar, como han hecho otros países europeos, una comisión de economistas independientes. Se hará todo a dedo y seguramente con el único criterio de devolver favores prestados y comprar apoyos futuros. Sin planes de infraestructuras, sin identificar las inversiones más necesarias o productivas y sin una visión nacional de conjunto.

 

Pasa tres cuartos de lo mismo con el intento de reformar la ley del poder judicial que Europa tuvo que frenar y a la que ahora vuelve el Gobierno no ya para nombrar a dedo a los miembros de CGPJ, sino para dejarlos sin competencias hasta que pueda hacerlo. Todo por supuesto sin consultar con las asociaciones de jueces o de juristas independientes. Para reformar la Justicia basta con pedir consejo a Bildu y a ERC, que son los que más entienden de juicios y condenas.

 

Se aprueban leyes de eutanasia sin contar con la opinión de los colegios de médicos, se debate la subida del salario mínimo con Podemos pero no con los empresarios o los autónomos y se presume de un plan de vacunación que no existe, como tampoco hay más plan contra la pandemia para la Navidad que el de que cada comunidad haga lo que le parezca y sálvese quien pueda.

 

Creo que la que mejor ha definido este Gobierno que para lo único que cuenta con expertos, estos sí muy numerosos y bien pagados, es para sus campañas de marketing es la vicepresidente Carmen Calvo: “Porque los expertos que asesoran al Gobierno de España son funcionarios expertos. Funcionarios de la administración general del Estado que lo son porque son expertos. Empezando por el doctor Simón, que lo nombró, que lo nombró la ministra Mato, fue la que lo nombró, del Gobierno del Partido Popular, porque es un experto cualificado, que tiene ese cargo por razón de su expertitud”.

 

Poco más se puede decir, salvo que creo que estamos en las mejores manos y que es difícil que con estos expertos al volante algo pueda salir mal. Aunque tal vez da un poco de miedo pensar en cómo les va a los países en los que el modelo “esto se hace así porque lo digo yo” para la toma de decisiones es parecido al que está implantando en España este Gobierno.