Empleo público que caduca: las plazas que se pueden perder el 1 de enero si no se convocan ya
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Empleo público que caduca: las plazas que se pueden perder el 1 de enero si no se convocan ya

CSIF urge a la Junta a conovocar ya 621 plazas pendientes de 2017 y 2018 y a acelerar las pendientes de 2019 y 2020. Creen que es una decisión premeditada de la administración regional.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) urge a la Junta de Castilla y León que incluya en la Oferta Pública de Empleo (OPE) de 2021, la convocatoria pendiente de las 405 plazas de promoción interna de 2017 y 2018 (240 y 165, respectivamente) para personal laboral, y las 216 puestos de veterinarios y farmacéuticos de esos mismos años. Todas ellas (621 plazas) caducan el próximo 31 de diciembre, y se perderán si no se convocan.

 

CSIF advierte de que "sería muy grave" la pérdida de esas plazas, por los "serios perjuicios" que provoca a los trabajadores que esperan mejorar su puesto de trabajo, o a las numerosas personas que llevan años preparándose para opositar y obtener una de esas plazas.

 

Junto a esas 621 plazas de las OPE de 2017 y 2018, “que la Junta no debe dejar que se pierdan”, también siguen pendientes todas las convocatorias de las OPE de los años 2019 y 2020 en la Administración general y especial de la Administración autonómica (funcionarios y personal laboral), es decir, 2.144 plazas.

 

Estas son algunas de las razones, entre otras, que ha llevado a CSIF a abstenerse en el Consejo de la Función Pública que se celebró esta mañana, en el momento de votar la propuesta de la Oferta de Empleo Público (OPE) de 2021 de la Junta de Castilla y León, de 3.600 plazas totales, entre libre acceso (3.300) y promoción interna (300).

 

El responsable del sector autonómico de la Administración General de la Junta (AGCyL), Mariano Prieto, afirma que si, finalmente, se pierden esas 621 plazas pendientes, “por dejación o incompetencia de quienes tienen que sacar adelante las convocatorias, habrá que pedir responsabilidades al consejero de Presidencia, Ángel Ibáñez, y emprender acciones legales, porque es el incumplimiento de un derecho y una oportunidad para cientos o miles de personas, con serias consecuencias personales y familiares”.

 

La OPE pendiente de 2017 ya habría quedado anulada hace un año, si no hubiera sido por una prórroga automática excepcional que permitió y aprobó el Gobierno de España, señala Prieto. “No estamos para perder sino para sumar, para ganar empleados públicos. Estamos para que se cumpla con la ley”, insiste, y recuerda que hay un plazo de tres años para hacer efectivas las convocatorias previstas en una OPE.

 

Estos incumplimientos en las convocatorias de plazas de 2017 y 2018, suponen -además- "un fuerte varapalo para los procesos de estabilización laboral y de reducción de la temporalidad, promovida por las propias administraciones", incluyendo la del Estado, según CSIF. 

 

La organización sospecha que la Junta “premeditadamente, pretende dejar caducar y perder esas plazas de 2017 y 20218 pendientes, y creo que es un error político garrafal". "No se puede justificar su anulación. Resulta discriminatorio que en unos cuerpos y escalas se hayan convocado las ofertas de plazas y se hayan resuelto los procesos previstos y aprobados, y en otros casos, como ocurre con los veterinarios y farmacéuticos no".