El TSJ anula un nuevo nombramiento para un cargo de la Diputación y obliga a ejecutar la sentencia

Javier Iglesias, presidente de la Diputación, en una firma de convenio.

El día 14 de este mes llegó la comunicación del TSJ, que reitera la nulidad del nombramiento del Jefe de Análisis Económico y Contabilidad infomatizada, por haber cubierto la institución el puesto con personal laboral y no funcionario. El tribunal anula también la ejecución de sentencia en la que la Diputación mantuvo el nombramiento.

Cuando todavía no se ha resuelto la nulidad de los nombramientos del adjunto a la intervención y del tesorero general, sobre la que TRIBUNA ha informado este jueves, la Diputación de Salamanca tiene sobre la mesa un nuevo auto judicial que anula otro nombramiento de un cargo del área económica. Y de nuevo el requerimiento de los tribunales para que haga efectiva una sentencia tras haber intentado la institución provincial esquivar su cumplimiento-

 

Se trata del puesto de Jefe de Análisis Económico y Contabilidad infomatizada, que actualmente ejerce J. Z. G. y sobre el que el Tribunal Superior de Justicia ha dictado sentencia hace cerca de un año. Entonces, con fecha junio de 2013, el TSJ de Castilla y León ya anuló la decisión de la Diputación de sacar esta plaza para ser cubierta por personal laboral, producto del recurso contencioso administrativo planteado en verano de 2010 por un trabajador.

 

El problema estriba en que esta plaza, creada el 31 de mayo de 2010, se había hecho para ser cubierta por personal laboral; sin embargo, y según la ley de bases de régimen local, las funciones que corresponderían a esta plaza están entre las reservadas para personal funcionario. Así lo sentenció el tribunal regional en 2010, cuando también puso de manifiesto que sacarla para personal laboral impedía el acceso igualitario a las responsabilidades laborales públicas.

 

Sin embargo, la Diputación optó por cubrir la plaza con personal laboral. Y de nuevo, como ha ocurrido con los otros dos nombramientos anulados, cuando la decisión fue llevada a los tribunales y estos fallaron en su contra, recurrió a una ejecución de la sentencia que no cumplía con lo que se pedía, motivo por el cual el TSJ de Castilla y León ha publicado un nuevo auto solicitando a la Diputación la ejecución efectiva de la sentencia.

 

El tribunal considera que el acto dictado por la Diputación en diciembre de 2013, en el que provisiona el puesto para funcionario en régimen laboral, con satisface la ejecución de sentencia y vulnera lo establecido como objeto de ejecución. El motivo es que el fallo establece que el puesto debe ser provisto en régimen funcionarial, y el TSJ estima que el hecho de que el empleado nombrado para el puesto fuera personal laboral fijo no es suficiente, modificación con la que la Diputación intenta cumplir lo sentenciado, no concurre en el caso del empleado que se pretende continúe en el desempeño del puesto. De este modo, anula la resolución del pasado diciembre de la Diputación, impone costas a la institución y obliga al equipo de Gobierno de Javier Iglesias a repetir ejecución de sentencia de manera más acorde a lo solicitado.

 

Este puesto fue creado en mayo de 2010 y para ello se recurrió a un cambio en la Relación de Puestos de Trabajo. En su auto, el TSJ entiende también que el puesto se creó nuevo y que no tiene relación con otros creados anteriores, aunque estén relacionados, por lo que no pueden justificar que ahora se cubra el puesto con personal laboral.

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