El Tribunal Supremo anula el nombramiento 'a dedo' del director de recursos humanos de la Diputación
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El Tribunal Supremo anula el nombramiento 'a dedo' del director de recursos humanos de la Diputación

El alto tribunal confirma la sentencia del TSJCyL que anula el nombramiento de este alto cargo, nombrado por libre designación.

El Tribunal Supremo ha ratificado que el nombramiento del actual Director del Área de Recursos Humanos de la Diputación de Salamanca es nulo, lo que echa por tierra otra de las designaciones del presidente Javier Iglesias. En los últimos años, el equipo de Gobierno de La Salina ha visto como los tribunales 'tumbaban' varios de los nombramientos de altos cargos hechos por el sistema de libre designación.

 

En este caso concreto, el alto tribunal, en una resolución fechada este día 7 de marzo a la que TRIBUNA ha tenido acceso, ha rechazado el recurso de casación interpuesto por la Diputación de Salamanca contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que deviene, por tanto, en firme. La sala regional de justicia había fallado el pasado mes de marzo anular el nombramiento del director de Recursos Humanos, Luis Alberto Álvarez Espinosa. La designación se hizo oficial el día 22 de junio de 2016 tras convocarse la cobertura del puesto por el sistema de 'libre designación' tras el cese de su antecesora.

 

La Diputación de Salamanca ha confirmado a TRIBUNA que ya tiene notificación de la inadmisión del recurso de casación, con lo que la nulidad del nombramiento del alto cargo es definitiva, ya que no cabe recurso, y que se asumirá. La sentencia original del TSJCyL ordena retrotraer el expediente a la situación anterior al nombramiento, con lo que habría que repetir el proceso de adjudicación del puesto.

 

El alto cargo desginado, Álvarez Espinosa, contaba como uno de los aspirantes y finalmente fue el elegido. El informe definitivo para su elección lo emitió el diputado delegado del Área de Organización y Recursos Humanos y de Centros Asistenciales, José María Sánchez Martín. El de director de área es un puesto del máximo nivel de la escala (A1) y tiene, según la RPT de la Diputación, un complemento específico de 27.667,68 euros/año, a sumar al sueldo (más de 40.000 euros un A1).

 

Tras el nombramiento, otra trabajadora de la Diputación de Salamanca, Engracia María Sánchez, presentó un recurso de reposición contra el nombramiento. La recurrente alegó que el autor del informe de contratación era el superior jerárquico del adjudicatario, "toda vez que Álvarez Espinosa se encontraba desempeñando el puesto de Director de Área del Área de Organización de RRHH en comisión de servicios", según el tenor de la sentencia con la que el Juzgado n2 Contencioso Administrativo de Salamanca rechazó, en una sentencia del 13 de septiembre de 2017, el recurso y mantuvo el efecto del nombramiento.

 

Sin embargo, la afectada hizo un recurso de apelación que llevó el asunto al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que en marzo de 2018 le dio la razón. La sala sí estima relevante que la resolución que pone fin al procedimiento y se hace el nombramiento, el decreto de 22 de junio de 2016 por el que se adjudica definitivamente el puesto de trabajo de libre designación de que se trata a Álvarez Espinosa, haya sido dictado, por delegación, por el mismo Diputado delegado que ha emitido el informe preceptivo.

 

Pero es que, además, la sentencia del TSJCyL dice que el decreto de nombramiento "no explicita las razones por las que se aprecia en el adjudicatario de la plaza una mayor idoneidad para el puesto que la apelante; tampoco se estiman suficientes las contenidas en los informes que en aquel se aluden y que, por remisión, podían colmar el cumplimiento de este requisito formal. Y ello porque no existe la comparación de las cualidades y méritos que se estiman preferentes para designar al adjudicatario con los demás aspirantes que reúnen los requisitos exigidos en la convocatoria. Por ejemplo, en relación con la apelante, los 12 años en que ha desempeñado la Dirección del Área de Organización y RR.HH. y los 28 en la gestión pública local". Es decir, que anulaba el nombramiento por no acreditarse capacidad para ejercer el puesto.