El Tribunal Superior de Justicia rebaja la pena a un padre salmantino que abusó de su hijo menor por "estar siempre dispuesto a colaborar"
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El Tribunal Superior de Justicia rebaja la pena a un padre salmantino que abusó de su hijo menor por "estar siempre dispuesto a colaborar"

Sede del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León

"No se trata en forma alguna de minimizar la gravedad de los hechos ocurridos, que es indiscutible, pero si poner en valor la actitud del acusado ante los servicios de protección de menor", dicta la sentencia. 

Fue en 2018 cuando desde los servicios sociales de la Junta de Castilla y León se interpuso la primera denuncia al ahora condenado por supuesto abuso físico y propuesta de relaciones sexuales al hijo menor. Posteriormente, se abrio un proceso penal para que el 13 de noviembre de ese mismo año el Ministerio fiscal archivara de forma provisional el caso por falta de pruebas, tanto de las propuestas de contenido sexual, como de las supuestas agresiones.

 

Un año después, el 26 de abril de 2019, se volvió a repetir el proceso: se remitió por parte de la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y Léon un nuevo informe, en el que "consta que se participan cuestiones que se desconocían en el momento de remitir la denuncia inicial". Entre esas cuestiones destaca que el hijo le pedía al padre que dijera lo que había ocurrido con el "sexo". Después de ello, la técnico encargada en el caso se entrevista con el acusado, momento en el que este "reconoce los hechos aunque trata de justificarlos en su historia de abandono e infortunio y resta intencionalidad del daño a sus conductas". 

 

Con todo ello, se reabre el caso y pasa a disposición judicial con la posterior sentencia que el acusado recurrió. En la citada pena, se condenaba a J.A. a la pena de 4 años y 6 meses de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio que conlleve contacto regular y directo con menores de edad por tiempo de 9 años y prohibición de aproximación y comunicación con la víctima por tiempo de 5 años, además de la medida de seguridad consistente en la obligación de participar en los programas formativos de educación sexual que resulten necesarios dentro de un período de 5 años. 

 

Posteriormente y con sentencia actualizada, el Tribunal Superior de Justicia ha estimado parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el acusado tras la sentencia dictada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Salamanca el pasado 26 de abril de 2021, bajando su pena de prisión con el fin de "acordar la mejor solución para el menor, y que lo que se acuerde sea una pena para el padre, y no se transforme en un castigo para el hijo". 

 

En la sentencia remitida a este periódico se establece lo siguiente: "Nos hemos encontrado con un padre que es cierto que ha cometido actos de abuso sexual, pero como dice la técnico de protección a la infancia siempre ha estado dispuesto a colaborar en lo que hiciera falta para poder recuperar a su hijo y, en este sentido, ya se ha hecho constar como manifestó en juicio lo colaborador que siempre fue y la aceptación de todo tipo de propuestas que le iban realizando para mitigar sus acciones, tanto por lo que se refiere al consumo excesivo de alcohol, como por lo que se refiere a la cuestión sexual (reeducación sexual) respecto de la cual no pudo encontrarse ningún recurso al no existir, y al sobrevenir la pandemia. Por eso hacemos la afirmación de que la tramitación del expediente de protección a la infancia y todo lo que ha sido el procedimiento judicial ha podido suponer un reproche ya a la conducta del acusado"

 

Así, se condena a J.A. a la pena de dos años y medio de presión, así como la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena, así como la inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio que conlleve contacto regular y directo con menores de edad por tiempo de 9 años y prohibición de aproximación y comunicación con la víctima por tiempo de 5 años, y la medida de seguridad consistente en la obligación de participar en los programas formativos de educación sexual que resulten necesarios dentro de un periodo de 5 años, y ello sin hacer expresa imposición de las costas de esta segunda instancia al recurrente. 

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