El Supremo anula el toque de queda a las 20.00 de Castilla y León y convierte en papel mojado 32 días de multas
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El Supremo anula el toque de queda a las 20.00 de Castilla y León y convierte en papel mojado 32 días de multas

La decisión llega con al menos una semana de retraso y cuando la medida ha estado vigente más de un mes. La situación epidemiológica ha empezado a mejorar.

El Tribunal Supremo ha decidido anular el decreto de la Junta que imponía el toque de queda a partir de las 20.00 horas. La medida se aprobó el 16 de enero y ha estado hasta hoy 32 días vigente en los que agentes de las Policías Locales y de los cuerpos y fuerzas del Estado han puesto centenares de multas sobre las que ahora se ciernen las dudas. Es la segunda vez que el alto tribunal anula un toque de queda de la Junta: la anterior ocasión fue en octubre cuando el gobierno regional decretó una restricción de la movilidad sin haber decreto de estado de alarma.

 

Ha habido que esperar una semana, pero ya hay resolución sobre el toque de queda anticipado de Castilla y León. El Supremo decidió aplazarla la semana pasada a pesar de que se cumplía el plazo de cinco días para resolver las alegaciones de la Junta, que ya había apurado previamente los diez días que tenía para presentarlas. Esto es lo que dice el auto del Supremo.

 

La resolución de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo, que no entra en el fondo del asunto y se pronuncia únicamente sobre las medidas cautelares solicitadas por la Abogacía del Estado, deja por tanto sin efecto la medida que fue acordada el pasado día 15 de enero por el presidente de la Junta, que entró en vigor al día siguiente y que se ha venido aplicando en la Comunidad a lo largo de un mes.

 

La Junta decretó el adelanto del toque de queda a las 20.00 horas el 15 de enero. Fue el propio presidente, Alfonso Fernández Mañueco, quien anunció la medida ante el aumento desenfrenado de los contagios, en plena escalada tras las reuniones soicales y la movilidad de las fechas navideñas, en las que los datos epidemiológicos eran favorables y para las que se relajaron las medidas. Además del toque de queda, se aprobaron en sendos decretos separados la limitación a cuatro personas para reuniones tanto en el ámbito público como privado; el cierre perimetral de las provincias; y la limitación a 25 personas de aforo en templos.

 

Al día siguiente de su entrada en vigor, el Gobierno anunciaba un recurso contra la medida a pesar de que el mismo sábado de su efectividad el entonces ministro de Sanidad abrió la puerta a negociar cambios en el decreto de estado de alarma que ampara la medida. Sin embargo, durante las semanas posteriores el Gobierno se negó a adelantar el toque de queda a pesar de las peticiones de las comunidades en el consejo interterritorial.

 

El Supremo ya anuló en su día un decreto de la Junta sobre el toque de queda. Fue precisamente en octubre pasado, cuando el gobierno regional decretó el 23 de octubre un toque de queda desde las 22.00 horas sin que estuviera vigente ningún decreto de estado de alarma. El alto tribunal sentenció entonces que no basta aludir a la situación epidemiológica y sanitaria de la pandemia en Castilla y León por la Covid-19 y "su extrema gravedad" para decretar una limitación de movimientos ya que la medida rebasaba "la afectación del derecho fundamental a la libre circulación de las personas. La resolución fue el 26 de octubre, pero la situación se 'salvó' al decretar el día 24 el Gobierno central un nuevo estado de alarma con toque de queda.

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