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El regreso a las aulas o una gestión sin ocurrencias

La falta de unidad política a la hora de afrontar las diferentes situaciones de crisis que el Coronavirus ha generado en nuestra sociedad se ha puesto especialmente de manifiesto en la regulación de un protocolo para asegurar la reapertura de los centros escolares con las máximas garantías. Una vez más, la sensación de improvisación y el lío de trastos arrojados entre Gobierno Central y Comunidades Autónomas no son los mejores ejemplos a seguir. Es más, seguimos inmersos en un barullo de competencias y celos políticos que están aflorando en este regreso vacacional que no solo abre el curso escolar, sino también el político con partidos que han mostrado su nueva posición estratégica.

 

Los alumnos deben volver a las aulas. Eso parece que lo tiene claro toda la comunidad educativa después de casi seis meses de inactividad lectiva presencial. Es necesario no solo por su evolución personal, sino también por combatir todos los efectos que ha generado el confinamiento en los más pequeños. A partir de ahí, construir el mejor guion posible es una responsabilidad que debería haber liderado el Gobierno de España coordinando las acciones con las diferentes Comunidades y partiendo de un protocolo base adaptable a las particularidades de cada territorio en función de la situación sanitaria. 

 

El manual consensuado este jueves no tiene ningún secreto ya que, en realidad, se resume en plasmar por escrito todo lo que las autonomías habían venido adelantando en sus diferentes planificaciones: grupos burbuja, higiene continua de manos, mascarillas... todo eso ya estaba anticipado sin necesidad de la intervención del Gobierno y sin dilatar tanto los tiempos de decisión. En este caso, es tan importante la anticipación que no ha existido como la prevención de todos y cada uno de los escenarios que puedan presentarse, por ejemplo, con casos de positivos en varias clases, profesores infectados y así hasta completar una lista interminable de posibilidades.

 

Castilla y León ha establecido una serie de normas para abrir las clases a partir del 9 de septiembre. Partiendo de que no es sencillo integrar las actuaciones en una población como la infantil, menos sensible y consciente del riesgo, garantizar la distancia de seguridad debería ser el primer mandamiento en las aulas. Por ello se establece la opción del turno de tarde si es imposible asegurar ese metro y medio necesario para tener las mayores garantías de seguridad. Higiene de manos, mascarilla obligatoria a partir de los seis años en clases, desplazamientos y transporte escolar es otra norma que no admite discusión, además de reducir los aforos, estabilizar los grupos para evitar una mayor interacción y eliminar las actividades extraescolares como otras medidas que estarán vigentes en este controvertido inicio escolar.

 

El planteamiento general no solo tiene a los niños como protagonistas, sino que se hace indispensable salvaguardar a los padres con líneas de ayudas en el caso de necesitar una excedencia o reducción de jornada. La atención domiciliaria para aquellos padres que no puedan atender a sus hijos por cuestiones laborales es otra buena muestra de una gestión sensible. Los centros van a convertirse en un punto clave para el control de la pandemia. De ahí que vayan a estar dotados de equipos COVID para hacer un seguimiento a posibles casos sospechosos con pruebas PCR a todo el entorno más cercano y resultados inmediatos para frenar una hipotética propagación.

 

No estamos ante tiempos sencillos de gestionar. El inicio del otoño será complicado en todos los sentidos: sanitario y económico. Por eso necesitamos decisiones adecuadas, unidad de acción en las fuerzas políticas por muy dispersas que estén las competencias, responsabilidad máxima y capacidad de respuesta ante las incógnitas que se puedan presentar. La incertidumbre de este virus no está para ocurrencias, sino para para una gestión seria y eficaz.