El redactor del PGOU pone cifra a las compensaciones por El Corte Inglés: 21.000 metros cuadrados

Las actividades tendrán lugar en la Plaza de la Concordia (Foto: I. C.)

Un informe elaborado para la oposición por el director del PGOU cifra en 21.000 metros cuadrados la compensación que El Corte Inglés de Salamanca tendría que hacer a la ciudad. La oposición se basa en este documento para defender las compensaciones como única solución.

El desequilibrio entre los metros urbanizables de los que ha dispuesto y los que la normativa le permitía está en la base de lo ocurrido con El Corte Inglés. El planeamiento diseñado por el Ayuntamiento de Salamanca en su día le permitió disponer de una elevada cifra de metros cuadrados de edificabilidad para desarrollar su sede, pero la clave es que lo hizo en una cantidad mucho mayor de lo permitido. Por eso el planeamiento y todas las licencias se han acabado anulado a pesar de los repetidos intentos del PP en el consistorio por no aceptar la ilegalidad y resolverla. Pues bien, ese exceso ya tiene una cifra clara: 21.000 metros cuadrados.

 

Es el número que manejan los grupos de la oposición en el Ayuntamiento y sale de un estudio encargado de manera conjunta al redactor del PGOU que actualmente está vigente en Salamanca, Fernando Lombardía. Un informe que va a ser la base de la postura que van a adoptar esta mañana de martes PSOE, Ciudadanos y Ganemos en la comisión informativa donde el equipo de Gobierno plantea pedir una ordenación transitoria para todo lo anulado.

 

La cifra es el resultado de restar a los metros que la empresa del centro comercial ha convertido en suyos de los que realmente debió ocupar. Según las cuentas de este informe, en total patrimonializó 42.000 metros cuadrados urbanizables; contando los que permitía el planeamiento urbanístico previsto para el solar donde se instaló y las diversas compensaciones por la diferente calificación y las actuaciones que llevó a cabo para la ciudad, los grandes almaneces le 'deben' a la ciudad 21.000 metros cuadrados. El cálculo es exhaustivo y esta es la cifra que la oposición va a poner sobre la mesa a Fernández Mañueco con la base de que está fijada desde un profundo conocimiento del urbanismo vigente en Salamanca.

 

Los grupos de la oposición tienen claro que la única solución viable es compensar esa diferencia. Para ello se elaboraría una nueva modificación puntual del PGOU, como la que se tramitó en diciembre de 2014, pero con una diferencia clave: en lugar de legalizar lo hecho sin más, se hará a cambio de compensaciones que habrá que negociar con la sociedad de los grandes almacenes. Entonces se elaboró una que no sirve a pesar de los intentos del PP por mediatizar al PSOE: los socialistas recuerdan que sólo apoyaron que se iniciara el trámite, pero que nunca dijeron que fuera la solución.

 

Así lo han mantenido de forma reiterada desde que explotó el caso y el alcalde puso sobre la mesa soluciones peregrinas como legalizar directamente lo hecho o revisar el PGOU completo; esto último serviría, según sus propias palabras, para resolver algunas otras situaciones conflictivas del urbanismo de la capital. La oposición no quiere ni ver esta opción porque considera que es una manera de legalizar por todo lo alto cuestiones como las del hotel Corona-Sol, el parque de Maquinaria... lo que llaman un 'paquete tóxico' con todas las numerosas 'cantadas' de la gestión urbanística. Una 'amnistía' a la que se niegan en redondo.

 

 

LA SOLUCIÓN TRANSITORIA QUE NO ES SOLUCIÓN

 

Los grupos de la oposición también tienen claro que la moratoria que pretende pedir el equipo de Gobierno es una huída hacia adelante. Nadie tiene jurídicamente claro que sirva para lo que se pretende: evitar una posible ejecución de sentencia. Según Fernández Mañueco, hay que pedir una ordenación transitoria a la Junta y esto permitiría protegerse en caso de que, a partir del día 14 de marzo, algún particular quisiera pedir la ejecución de sentencia (hasta entonces sólo lo puede hacer Equo, el demandante). Sin embargo, la medida puede ser ineficaz.

 

El informe que manejan los tres grupos de la oposición mantiene que esta excepción está pensada para una situación concreta: cuando por los motivos que sea se produce una ausencia total de planeamiento urbanístico. Así ocurrió hace unos años en Zamora, donde una sentencia anuló el PGOU al completo y la Junta dio siete meses de paraguas legal para evitar un desastre. Esto no ocurre en Salamanca: el PGOU sigue vigente, la justicia sólo ha anulado la parte del planeamiento hecho para El Corte Inglés. Pero el alcalde ya ha vendido que el permiso estaría dado y sería para dos años.