El PSOE exige explicaciones a ADIF tras el derribo de las viviendas en la estación de trenes de Cantalapiedra

Fernando Pablos y Miguel Ángel Marcos

La responsabilidad en relación a esta decisión recae toda sobre el Partido Popular, que gobierna en Madrid y por tanto gestiona la empresa ADIF propietaria de las viviendas derribadas, y gobierna también en el municipio salmantino de Cantalapiedra donde no ha hecho nada para evitarlo.

El PSOE, tras recibir un requerimiento del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Cantalapiedra, va a llegar hasta el final, allí donde haya que llegar, exigiendo las oportunas explicaciones que aclaren los motivos, las circunstancias, y las condiciones legales para que la empresa pública ADIF haya procedido al derribo de diez viviendas situadas en las proximidades de la estación de trenes de este municipio salmantino.

 

Los parlamentarios nacionales del PSOE por Salamanca, el diputado David Serrada y la senadora Rosa López, han registrado preguntas tanto en el Congreso como en el Senado, exigiendo al Gobierno información y aclaraciones sobre esta incomprensible actuación, al igual que han anunciado en sus respectivos ámbitos el Secretario General de los socialistas salmantinos, Fernando Pablos y el portavoz  municipal socialista en el Ayuntamiento de Cantalapiedra Miguel Ángel Marcos tras visitar in situ el solar que ha quedado tras el derribo

 

El PSOE de Salamanca se ha interesado también por conocer cuáles han sido las razones que han motivado o llevado a la decisión de derribar las viviendas en vez de haber agotado todas las posibilidades para que fueran puestas a disposición para su posible ocupación, mediante venta o en régimen de alquiler, tal y como ha hecho la empresa ADIF, propietaria de las mismas, en situaciones similares y en otros municipios o localidades.

 

Los socialistas consideran que tras este lamentable incidente hay un único culpable, que no es otro que el Partido Popular, responsable directo al ocupar el Gobierno de España, titular y encargado de la gestión de la empresa pública ADIF, propietaria de las viviendas, y al ocupar también el gobierno en el Ayuntamiento de Cantalapiedra y no haber evitado este derribo, lo que demuestra una vez más su dejadez y el desinterés por el pueblo y sus vecinos.

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