El PSOE de Salamanca propone una ordenanza contra la prostitución y la trata de personas para explotación sexual
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El PSOE de Salamanca propone una ordenanza contra la prostitución y la trata de personas para explotación sexual

María Sánchez y María García

El objetivo es establecer medidas de apoyo a las víctimas, multas a los clientes, control publicitario y campañas de concienciación.

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca ha planteado la elaboración de una ordenanza específica contra la prostitución y la trata de personas con fines de explotación sexual. La propuesta incluye medidas de apoyo a las víctimas, multas a los clientes, control publicitario y campañas de sensibilización.  

 

María García y María Sánchez han trasladado esta iniciativa en forma de moción al próximo pleno municipal. El PSOE considera que “la prostitución no es una expresión de libertad sexual de la mujer, sino que tiene que ver con factores como la feminización de la pobreza, la persistencia de la discriminación, la división sexual del trabajo o la desigualdad en el acceso a la educación”.  

 

En esta línea, puesto que mañana es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, recordaron que la explotación sexual es “un fenómeno específico de género”, ya que, según indicaron, “la abrumadora mayoría de víctimas son mujeres y niñas, mientras que los consumidores, traficantes y proxenetas son habitualmente hombres”.

 

En concreto, según las cifras ofrecidas por las concejalas socialistas, se estima que más de 50.000 personas entran al año en España para la explotación sexual y que entre el 90 y 95 por ciento de las mujeres prostituidas son víctimas de la trata. “El consumo de prostitución es diez puntos superior al observado en la media europea y esta ‘industria’ produce cantidades ingentes de dinero. Los proxenetas obtienen alrededor de cinco millones de euros al día, principalmente en dinero negro, según denunció García citando datos de la Fiscalía General del Estado.

 

Castilla y León y Salamanca no son ajenas a esta situación. “En nuestra Comunidad hay más de 250 clubs de alterne y, en concreto, en nuestra provincia, entre pisos y clubs, hay 140 locales donde se esconde el sufrimiento de muchísimas mujeres y menores, agravado por las grandes dificultades que encuentran para acceder a los servicios médicos y por la violencia que reciben”, explicó la concejala.

 

Todos estos datos reflejan la gravedad de una realidad muchas veces invisibilizada. “Hay que decirlo claramente: la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y la prostitución son dos fenómenos que no pueden desvincularse. La trata existe porque hay una demanda de prostitución que convierte la trata en una actividad muy rentable para las mafias y los proxenetas”, prosiguió.  

 

Así, el PSOE pide que el Consistorio salmantino, en la medida de sus competencias, asuma “su responsabilidad” a través de la aprobación de una ordenanza que desarrolle una estructura de apoyo multidisciplinar a las víctimas, incluyendo los ámbitos legal, psicológico, sanitario y de inserción sociolaboral, que también “evite que el acceso al empadronamiento suponga una vía de chantaje por parte de las mafias”. Además, según el PSOE, el Ayuntamiento debería impulsar campañas de concienciación para combatir la cosificación de la mujer y desincentivar la compra de servicios sexuales, establecer un régimen sancionador para los clientes y tomar medidas para evitar la publicidad de prostitución.

 

Por otra parte, el Grupo Municipal Socialista considera que la Junta de Castilla y León debe avanzar en este campo aplicando “plenamente” la Ley contra la Violencia de Género y reclamaron que el Ayuntamiento de Salamanca inste al Gobierno de Fernández Mañueco a “desarrollar estrategias específicas contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y a cerrar los clubs de alterne y prostíbulos con independencia de la licencia de actividad bajo la que operen”.

 

Igualmente, según reclamó María Sánchez, entre otros objetivos “a cumplir” por parte de la Junta figuran la ampliación de los criterios de la renta mínima de inserción con el fin de incluir a las víctimas de prostitución y trata, la revisión “urgente” del sistema de acceso a los centros de la red integral para facilitarlo, el incremento del número de plazas residenciales en la red de atención para la violencia de género en Castilla y León o la puesta en marcha de ayudas directas al alquiler.

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