El PSOE acusa a la Diputación de realizar políticas de bienestar social dirigidas a suprimir y privatizar servicios

Carmen Ávila y Beatriz Martín, en la Diputación

Las diputadas provinciales del Grupo Socialista en la Diputación de Salamanca, Carmen Ávila y Beatriz Martín en la que se ha hecho una valoración sobre las políticas en bienestar social y régimen interior ejercidas por el equipo de gobierno en la institución provincial encabezado por Javier Iglesias.

 

"El cierre de la Escuela Infantil Guillermo Arce es un error desde nuestro punto de vista. Creemos que no se ha gestionado bien la comunicación para que llegara a los municipios el servicio que ofrece la Diputación y si cierra finalmente, nos gustaría que los 500.000 euros que tiene de coste el centro llegaran a los municipios con centro de educación infantil que tienen necesidades", apuntaba Carmen Ávila.

 

"El Reina Sofía otro servicio más del que se desprende Salamanca. Esperamos que los 1.125.000 euros que ahorramos la diputada de Economía y Hacienda, Chabela de la Torre, los reclame a la Junta porque nos vendrían muy bien para gestionar nuestra provincia", añadió la socialista.

 

"Una política de bienestar social presidida por la improvisación, el inmovilismo y la falta de diligencia, caracterizada única y exclusivamente por la supresión, la disminución y la privatización de servicios e infraestructuras", aseguran.

 

En régimen interior "se sigue funcionando tarde, mal o nunca y de forma obsoleta", añaden. "En la Diputación se sigue sin cubrir las vacantes de trabajadores y sin convocar oferta de empleo público, la última data del año 2010. Una situación que desemboca en la privatización y la externalización en la prestación de servicios y en la propia gestión de la Diputación", aseguraba Beatriz Martín.

 

Martín ha denunciado la "alta tasa de provisionalidad de esta casa con un 40% de los puestos son vacantes. Cubrirlas podría dar solución a los problemas de muchas áreas. Así lo hemos pedido. Esas vacantes son el comodín para amortizar deuda por parte del equipo de Gobierno. Además se paga productividad a algunos trabajadores, cuando sería más eficaz contratar nuevo personal", asegura.

 

Además han pedido que se elabore una "oferta de empleo público porque desde 2010 no se hace".

 

Y, además, quiere que se "elimine la externalización. Estamos en contra de externalizar trabajos que creemos que pueden llevar a cabo los propios trabajadores de la casa (la página web por ejemplo, o también el código de ética y buenas prácticas políticas...)".

 

"También hemos pedido el inventario de bienes de esta administración, que lleva 20 años sin actualizarse", reconoció Beatriz Martín.