El Procurador del Común recibió 4264 quejas por el cierre de las urgencias de Villarino

Ha iniciado un expediente de oficio para analizar los cierres de las urgencias nocturnas en el medio rural.

El Procurador del Común ha iniciado un expediente de oficio sobre el cierre de las urgencias nocturnas en el medio rural ante la "avalancha" de quejas recibidas en esta materia, la "mayor" que recuerda su titular, Javier Amoedo, desde que está al frente de la institución.

 

Así, en 2012, el Procurador del Común recibió 972 quejas relativas a estos cierres sólo en las localidades de Villarino de los Aires (Salamanca), Barruelo de Santullán (Palencia) y Aguilafuente (Segovia), mientras que en lo que va de 2013 ya ha recibido cerca de otras 900 por el mismo tema.

 

Ante esto, Javier Amoedo ha explicado que el órgano que preside ha iniciado un expediente de oficio para analizar dichos cierres "en toda la Comunidad", más allá de aquellos en los que se han presentado quejas, por lo que ha demandado una "ampliación de información" a la Consejería de Sanidad relativa a "recursos disponibles, número de tarjetas sanitarias o distancias por carretera a centros" antes de emitir su resolución, la cual "está prácticamente redactada" y podría hacerse pública "tres o cuatro días" después de recibir el informe de la Administración.

 

Las quejas relacionadas con la Sanidad han supuesto el 25 por ciento de las 4.264 presentadas en 2012 (1.053), según se recoge en el informe de ese año presentado por Amoedo en las Cortes de Castilla y León. No obstante, el Procurador del Común ha advertido de que la cifra en esta área sería "similar" a la de 2011 (90) si se descontaran las presentadas por los mencionados cierres de urgencias nocturnas en el medio rural. Asimismo, ha explicado que 44 de ellas se han archivado al iniciarse un proceso judicial, momento desde el cual el Procurador no puede intervenir.

 

Le siguen las relacionadas con Medio Ambiente, que son "las que más han aumentado con respecto a 2011", hasta sumar 1.019 y representar el 24 por ciento del total. Por su parte, aquellas vinculadas a la vivienda se han reducido debido "a la caída del sector de la construcción" derivado de la crisis.

 

892 RESOLUCIONES

 

De las 4.264 quejas presentadas (un 76,86% más que en 2011), el Procurador del Común ha emitido 892 resoluciones, en 533 de las cuales el organismo autonómico apreció irregularidades en la actuación de las administraciones. De este número, 401 han recibido respuesta, 316 con una aceptación de lo indicado (79%).

 

La mayoría de las quejas se presentaron a través del correo (2.729), seguida de lejos por la vía electrónica (668), el Servicio de Atención al Ciudadano (588), el registro del Procurador (178) y el fax (101). Un 48 por ciento de las quejas afectaron a la administración local, principalmente a los ayuntamientos, seguida de cerca por la autonómica (44%). Además, la administración local se mantiene como la que ofrece "menos respuestas" a las resoluciones, según ha confirmado Amoedo.

 

Por provincias, Valladolid ha desbancado a León en la cabeza de las quejas presentadas, con 1.113 frente a 813, seguidas de Palencia (577), Salamanca (557), Burgos (281), Segovia (257), Zamora (146), Ávila (119) y Soria (96), mientras que 174 se formularon en provincias de fuera de Castilla y León y tres en el extranjero. La procedencia de 108 es desconocida.

 

Al margen de las quejas recibidas, que "han aumentado en prácticamente todas las áreas", el Procurador del Común abrió durante 2012 expedientes de oficio relacionados con la accesibilidad a centros educativos, bibliotecas escolares, protección frente a desahucios o acceso a la vivienda pública protegida.

 

   En cuanto a los desahucios, Amoedo ha reconocido que una de las peticiones realizadas en su resolución quedó satisfecha con la puesta en marcha, por parte de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, del Servicio Integral para familias en riesgo de desahucio.

 

BOMBEROS EN EL MEDIO RURAL

 

   Mención especial ha hecho el Procurador del Común sobre su actuación de oficio en el servicio de extinción de incendios urbanos en los municipios de menos de 20.000 habitantes, donde ha detectado "deficiencias" relacionadas con la disponibilidad de efectivos o recursos materiales.

 

   Uno de los informes a los que se da "mayor diligencia" es el relacionado con cobros indebidos de la Renta Garantizada de Ciudadanía, a fin de que, "si el usuario debe devolverla, no se acumule una cantidad muy elevada".